631 días de genocidio en Gaza
Publicado originalmentey en Diario Red
(Canal de noticias español, dirigido por Pablo Iglesias Turrión, inaugurado en marzo de 2023)
el 16/6/2025
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el 16/6/2025
Cómo las vacaciones de unos soldados israelíes en América Latina se convirtieron en una pesadilla judicial
Un grupo de abogados latinoamericanos lucha por enjuiciar a los elementos del ejército por sus crímenes de guerra en Gaza
Bruno Sgarzini
Adi Karni debió haber paseado por las líneas de Nazca en Cuzco, las figuras trazadas en el suelo por la cultura nazcan varios siglos antes de Cristo, o la playa la Mina, rodeada por varios cerros desérticos, cuando se enteró que el Ministerio Pública de Perú había abierto una investigación judicial en su contra por crímenes de guerra y genocidio.
Julio Arbizu González, un exfiscal anticorrupción y abogado de derechos humanos, unos días antes, había hecho una presentación judicial en su contra, en base a varias fotos y videos suyos posteados en sus redes sociales donde se lo veía festejar después de apretar el detonador de unos explosivos que habían demolido una mezquita y otros edificios civiles. El soldado israelí, al igual que otros de sus compañeros, había publicado estos videos como registro de su paso por el Cuerpo de Ingenieros de las Fuerzas de Defensa de Israel, responsable de la demolición y destrucción de gran parte de los edificios de la Franja de Gaza. Según la ONU, el 69 % de todos los edificios de la Franja de Gaza, incluidas 245 000 viviendas, han sido dañados y más 60 mil destruidos por los bombardeos y las explosiones de cuerpos del Ejército como el de Adi Karni.
Según la Convención de Ginebra, los ataques a infraestructura civil, que no son usadas con fines bélicos, constituyen un crimen de guerra.
El abogado peruano no conocía de la existencia de Karni, ni sus delitos, ni que vacacionaba en Ica, cerca de donde están las Líneas de Nazca, hasta que el presidente de la fundación Hind Rajab, Dyab Abou Jahjah, lo contactó y le informó que tres soldados israelíes, implicados en crímenes de lesa humanidad, estaban de paseo por Perú según sus publicaciones en redes sociales. “Después de unos días me dijo que dos de ellos ya habían salido del país, pero Karni estaba aún en Perú. Me preguntó si podíamos representar a la Fundación en una eventual denuncia contra este sujeto. Y, de inmediato, presentamos la denuncia ante el Ministerio Público de Perú”, afirma Arbizu González.
Ahora las vacaciones de este uniformado pueden convertirse en una pesadilla judicial. En un hecho sin precedentes, la Primera Fiscalía Especializada en Derechos Humanos de Perú ha abierto una investigación judicial en su contra tras reconocer que rige la “jurisdiccional internacional” para investigarlo. Otros uniformados israelíes, responsables de crimines de lesa humanidad, podrían pasar por lo mismo cuando pasen sus vacaciones en Perú.
El caso forma parte de una estrategia global de la fundación Hind Rajab para perseguir a los uniformados israelíes, empresarios y países, facilitadores del genocidio en Gaza, en las justicias nacionales de los países, bajo la jurisdicción universal que permite procesar a quienes hayan cometido crímenes de lesa humanidad contemplados en la Convención contra el Genocidio, o el Estatuto de Roma, suscripto por la mayoría de los Estados. Para el abogado peruano, la jurisdicción universal fue creada cuando los nazis, responsables del Holocausto judío, quisieron refugiarse en diferentes lugares del mundo después de haber cometido atrocidades en campos de concentración. “Entonces se estableció, entre otros principios, el de jurisdicción universal para permitir a los Estados que firmaron tratados internacionales de derechos humanos perseguir crímenes relacionados con la violación de derechos humanos, crímenes de guerra, sin necesidad de que los crímenes fueran cometidos en territorio nacional, sin que el criminal fuera nacional, y sin que la víctima fuera nacional”.
Bruno Sgarzini
Adi Karni debió haber paseado por las líneas de Nazca en Cuzco, las figuras trazadas en el suelo por la cultura nazcan varios siglos antes de Cristo, o la playa la Mina, rodeada por varios cerros desérticos, cuando se enteró que el Ministerio Pública de Perú había abierto una investigación judicial en su contra por crímenes de guerra y genocidio.
Julio Arbizu González, un exfiscal anticorrupción y abogado de derechos humanos, unos días antes, había hecho una presentación judicial en su contra, en base a varias fotos y videos suyos posteados en sus redes sociales donde se lo veía festejar después de apretar el detonador de unos explosivos que habían demolido una mezquita y otros edificios civiles. El soldado israelí, al igual que otros de sus compañeros, había publicado estos videos como registro de su paso por el Cuerpo de Ingenieros de las Fuerzas de Defensa de Israel, responsable de la demolición y destrucción de gran parte de los edificios de la Franja de Gaza. Según la ONU, el 69 % de todos los edificios de la Franja de Gaza, incluidas 245 000 viviendas, han sido dañados y más 60 mil destruidos por los bombardeos y las explosiones de cuerpos del Ejército como el de Adi Karni.
Según la Convención de Ginebra, los ataques a infraestructura civil, que no son usadas con fines bélicos, constituyen un crimen de guerra.
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| El soldado israelí publicó fotos de sus operaciones en la Franja de Gaza. |
El abogado peruano no conocía de la existencia de Karni, ni sus delitos, ni que vacacionaba en Ica, cerca de donde están las Líneas de Nazca, hasta que el presidente de la fundación Hind Rajab, Dyab Abou Jahjah, lo contactó y le informó que tres soldados israelíes, implicados en crímenes de lesa humanidad, estaban de paseo por Perú según sus publicaciones en redes sociales. “Después de unos días me dijo que dos de ellos ya habían salido del país, pero Karni estaba aún en Perú. Me preguntó si podíamos representar a la Fundación en una eventual denuncia contra este sujeto. Y, de inmediato, presentamos la denuncia ante el Ministerio Público de Perú”, afirma Arbizu González.
Ahora las vacaciones de este uniformado pueden convertirse en una pesadilla judicial. En un hecho sin precedentes, la Primera Fiscalía Especializada en Derechos Humanos de Perú ha abierto una investigación judicial en su contra tras reconocer que rige la “jurisdiccional internacional” para investigarlo. Otros uniformados israelíes, responsables de crimines de lesa humanidad, podrían pasar por lo mismo cuando pasen sus vacaciones en Perú.
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| Denuncia contra Adi Karni ante la fiscalía de Perú. |
El caso forma parte de una estrategia global de la fundación Hind Rajab para perseguir a los uniformados israelíes, empresarios y países, facilitadores del genocidio en Gaza, en las justicias nacionales de los países, bajo la jurisdicción universal que permite procesar a quienes hayan cometido crímenes de lesa humanidad contemplados en la Convención contra el Genocidio, o el Estatuto de Roma, suscripto por la mayoría de los Estados. Para el abogado peruano, la jurisdicción universal fue creada cuando los nazis, responsables del Holocausto judío, quisieron refugiarse en diferentes lugares del mundo después de haber cometido atrocidades en campos de concentración. “Entonces se estableció, entre otros principios, el de jurisdicción universal para permitir a los Estados que firmaron tratados internacionales de derechos humanos perseguir crímenes relacionados con la violación de derechos humanos, crímenes de guerra, sin necesidad de que los crímenes fueran cometidos en territorio nacional, sin que el criminal fuera nacional, y sin que la víctima fuera nacional”.
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La presentación judicial contra Adi Karni no es la única que estropeó las vacaciones de un soldado israelí en América Latina. La fundación Hind Rajab pidió en abril, la detención en Colombia del francotirador franco israelí Gabriel Ben Haim, miembro de la unidad Refaim responsable de ejecuciones sumarias de gazatíes, cuando estaba de viaje por Cartagena y el Valle de Cocora. Los uniformados, cuando dejan el servicio activo, suelen pasar una
temporada de “recreo” en una larga cadena de hosteles y posadas latinoamericanas, propiedad de israelíes, que van desde Bariloche, en la cordillera argentina, hasta playas de surf como El Tunco en El Salvador o bahías como las de Taganga en Colombia.
En Brasil, la abogada brasileña Maira Pinheiro se contactó con la fundación Hind Rajab unas semanas antes que comenzara la temporada de visita de los turistas israelíes a las playas de Salvador de Bahía, el Morro de São Paulo, y Florianópolis. “Muchos vienen, por ejemplo, al Morro de São Paulo influenciados por una serie racista llamada Malabi Express, que cuenta la historia de un grupo de soldados israelíes que realizan un viaje de mochileros después de terminar el servicio militar. En esa serie, Brasil se retrata, de una forma estereotipada y racista, como un paraíso de drogas”. Pinheiro pensaba, con razón, que era el momento justo para enjuiciar en Brasil a cualquier uniformado israelí que hubiese participado en el genocidio en Gaza.
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Después de unos días, la fundación y la abogada pudieron localizar a varios soldados, entre ellos a Yuval Vagdani, sargento de la 42º Batallón de las Brigadas Guivati, , responsable de la demolición de ocho edificios en Gaza con el objetivo de expandir el corredor militar Netzarim, construido por Israel para dividir la Franja en dos partes. De inmediato, pidieron al Tribunal Federal de Brasil que se lo investigara por crímenes de guerra establecidos por el Estatuto de Roma. Según la abogada: “identificaron una de las explosiones desde tres ángulos diferentes gracias a las filmaciones de los propios soldados del mismo pelotón de Vagdani. Y presentaron los videos geolocalizados con herramientas de captura técnica, que es una forma de grabar una pantalla con la preservación y generación de metadatos. También establecieron que aquellos inmuebles demolidos eran residenciales, ubicados en un área sin conflicto, por lo que habían sido empleados con usos civiles. Lo que es incompatible con un objetivo militar legítimo”.
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| Vagdani y la demolición de ocho edificios residenciales publicada por la Hind Rajab Foundation. |
Para lograr la acusación, Pinheiro y la fundación lograron que uno de los dueños de los edificios, que vive en el exterior, se presentara como querellante ante el temor a las represalias del resto de palestinos desplazados por la demolición de sus casas. Vagdani, además de filmarse mientras las construcciones explotaban, había prometido demoler Gaza hasta sus cimientos.
Gracias a todas estas pruebas, el Tribunal Federal de Brasil ordenó que se abriera una investigación y emitió una orden de arresto en su contra. Pero, según la abogada, la Policía Federal del país no hizo nada para detenerlo cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí lo contactó para que escapara en un avión comercial desde Salvador de Bahía a Buenos Aires y luego a Tel Aviv. Recién aterrizado en el aeropuerto israelí de Ben Gurion, Vagdani declaró: “no repetiré el error que cometí de publicar videos desde Gaza. No volveré a Brasil. Espero que otros aprendan de mis errores”.
Pinheiro, como represalia, sufrió una campaña de hostigamiento en redes sociales; que incluyo la publicación de fotos de sus hijas, envío de amenazas, en línea, con emojis de localizadores (en referencia al atentado que organizó Israel contra los miembros de Hezbollah a través de la explosión de estos artefactos) y una campaña de descredito en los medios tradicionales. El hostigamiento fue tan grande que tuvo que irse dos semanas de su hogar y pedir ser incluida en un programa de protección defensores de derechos humanos del gobierno de Brasil.
Este caso tuvo tal impacto en las autoridades israelíes que algunos medios, como Ynet, publicaron una guía para que los soldados israelíes aprendan cómo actuar en caso de ser arrestados en el extranjero, basándose en consejos de Nick Kaufman, abogado defensor israelí ante la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron nuevas medidas para ocultar la identidad de los soldados y emitieron instrucciones directas prohibiendo la publicación de información en redes sociales. Ahora, los medios israelíes están obligados a difuminar los rostros de los soldados cada vez que concedan una entrevista.
Si bien en Brasil continúa en discusión si en estos casos aplica la jurisdicción universal, según la abogada Pinheiro, la apertura de la investigación forma parte una estrategia global para que los soldados israelíes, y partícipes del genocidio, no se sientan seguros en ningún lugar del mundo. El caso de Vagdani no fue el único donde las autoridades israelíes tuvieron que intervenir para evitar que dos uniformados fueran enjuiciados; en Países Bajos, otros tres se fugaron, con su complicidad, por casos también presentados por la fundación Hind Rajab.
Para su presidente, Dyab Abou Jahjah: “estas acciones envían un mensaje claro: estas personas ya no pueden actuar de esta manera, matar, cometer crímenes y luego vivir con normalidad. Esa normalidad se ha terminado para ellos. Esa normalidad ya no les será posible. Y nos aseguraremos de que nunca lo sea de nuevo”.
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| Primer párrafo, capítulo IX "Genocidio" de Raphael Lemkin, quien acuñara el término. ÍNDICE: |
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