viernes, 31 de mayo de 2024

45. 972M/ CORTE PENAL INTERNACIONAL/ Vigilancia e interferencia: la guerra encubierta de Israel contra la CPI al descubierto: PENSAR, REPENSAR Y DISENTIR EN TIEMPOS DE GAZA BOMBARDEADA

Publicado originalmente

en +972 Magazine
el 21/05/2024

Versión al español de ZM

Vigilancia e interferencia:
la guerra encubierta de Israel contra la CPI al descubierto

Durante casi una década, Israel ha estado monitoreando a altos funcionarios de la Corte Penal Internacional, y a trabajadores palestinos de derechos humanos, como parte de una operación secreta para frustrar la investigación de la CPI sobre presuntos crímenes de guerra, según revelaron +972 Magazine, Local Call y The Guardian, a partir de una investigación conjunta.

La operación con múltiples agencias de la comunidad de inteligencia de Israel, se remonta a 2015, ha vigilado rutinariamente al actual fiscal jefe de la corte, Karim Khan, a su predecesora Fatou Bensouda y a docenas de otros funcionarios de la CPI y de la ONU. La inteligencia israelí también monoitoreó los materiales que la Autoridad Palestina presentó a la fiscalía y espió a los empleados de cuatro organizaciones palestinas de derechos humanos cuyas presentaciones son fundamentales para la investigación.

Según las fuentes, la operación encubierta movilizó a las más altas ramas del gobierno israelí, la comunidad de inteligencia y los sistemas legales civiles y militares para descarrilar la investigación.

La información de inteligencia obtenida, mediante vigilancia, fue transmitida a un equipo secreto de altos abogados y diplomáticos del gobierno israelí, quienes viajaron a La Haya para reuniones confidenciales con los funcionarios de la CPI en un intento de “alimentar la información [a la fiscal jefe] y hacerla dudar de la base de su derecho para ocuparse de esta cuestión”. El ejército israelí también utilizó la inteligencia para abrir, de manera retroactiva, investigaciones sobre incidentes que eran de interés para la CPI, una manera de demostrar que el sistema legal de Israel era capaz de exigir responsabilidades.

Además, como informó hoy The Guardian, el Mossad, la agencia de inteligencia exterior de Israel, llevó a cabo una operación paralela que buscaba información comprometedora sobre Bensouda, y sus familiares cercanos, en un aparente intento de sabotear la investigación de la CPI. El ex director de la agencia, Yossi Cohen, intentó personalmente "reclutar" a Bensouda y manipularla para que cumpliera los deseos de Israel, según fuentes familiarizadas con sus actividades, lo que hizo que la entonces fiscal temiera por su seguridad personal.

Benjamin Netanyahu, visto con Yossi Cohen,
entonces jefe del consejo de seguridad nacional,
en una conferencia de prensa en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Jerusalén,
el 15 de octubre de 2015. (Miriam Alster/Flash90)

Nuestra investigación se basa en entrevistas con más de dos docenas de oficiales de inteligencia y funcionarios gubernamentales israelíes, actuales y anteriores; ex funcionarios de la CPI; diplomáticos y abogados familiarizados con el caso de la CPI y los esfuerzos de Israel para socavarlo. Según estas fuentes, inicialmente la operación israelí intentó impedir que el tribunal abriera una investigación criminal completa; después de que 2021 se pusiera en marcha una investigación completa, Israel trató de asegurarse de que no llegara a nada.

Además, según varias fuentes, los esfuerzos clandestinos de Israel por interferir en la investigación (que podrían constituir delitos contra la administración de justicia, castigados con penas de prisión) han sido gestionados desde lo más alto. Se dice que el Primer Ministro Benjamín Netanyahu mostró un gran interés en la operación, e incluso envió a los equipos de inteligencia “instrucciones” y “áreas de interés” con respecto a su seguimiento de los funcionarios de la CPI. Una fuente destacó que Netanyahu estaba “obsesionado, obsesionado, obsesionado” con descubrir qué materiales estaba recibiendo la CPI.

El primer ministro tenía buenas razones para estar preocupado: la semana pasada, Khan anunció que su oficina está solicitando órdenes de arresto para Netanyahu y el ministro de Defensa, Yoav Gallant, así como para tres líderes del ala política y militar de Hamás, en relación con presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos a partir del 7 de octubre. El anuncio dejó en claro que aún se pueden procesar órdenes adicionales, que exponen a los individuos procesados a ser arrestados si visitan cualquiera de los 124 estados miembros de la CPI.

Para los altos mandos israelíes, el anuncio de Khan no fue una sorpresa. En los últimos meses, la campaña de vigilancia dirigida al fiscal jefe “escaló a lo más alto de la agenda”, según una fuente, dando así al gobierno conocimiento anticipado de sus intenciones.

Es revelador que Khan emitiera una advertencia críptica en sus comentarios: “Insisto en que todos los intentos de impedir, intimidar o influir indebidamente en los funcionarios de este tribunal deben cesar de inmediato”. Ahora podemos revelar detalles de parte de aquello contra lo que advertía: la “guerra” de nueve años de Israel contra la CPI.

"Los generales tenían un interés personal muy grande en la operación"

A diferencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que se ocupa de la legalidad de las acciones de los Estados — la semana pasada, en el contexto de la petición de Sudáfrica que acusa a Israel de cometer genocidio en la Franja, se emitió un fallo que se considera un llamado para detener la ofensiva israelí en la ciudad de Rafah, en el extremo sur de Gaza— la CPI se ocupa de individuos específicos sospechosos de haber cometido crímenes de guerra.

Israel ha sostenido, durante mucho tiempo, que la CPI no tiene jurisdicción para procesar a los líderes israelíes; pues al igual que Estados Unidos, Rusia y China, Israel no es signatario del Estatuto de Roma que estableció la corte y Palestina no es un Estado miembro de pleno derecho en la ONU. Sin embargo, Palestina fue reconocida como miembro de la CPI al firmar la convención en 2015; tres años antes, había sido admitido en la Asamblea General de la ONU como Estado observador no miembro.

La entrada de Palestina en la CPI fue condenada por los líderes israelíes como una forma de “terrorismo diplomático”. "Fue percibido como cruzar una línea roja, y quizás la cosa más agresiva que la Autoridad Palestina haya hecho jamás a Israel en el ámbito internacional", explicó un funcionario israelí. “Ser reconocido como Estado en la ONU es bueno, pero la CPI es un mecanismo con fuerza”.

Inmediatamente después de convertirse en miembro del tribunal, la Autoridad Palestina pidió a la fiscalía que investigara los crímenes cometidos en la Franja de Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, a partir de la fecha en que el Estado de Palestina aceptó la jurisdicción del tribunal: el 13 de julio de 2014. Fatou Bensouda, la fiscal jefe en ese momento, abrió un examen preliminar para determinar si se podían cumplir los criterios para una investigación completa.

Temiendo las consecuencias legales y políticas de posibles procesamientos, Israel se apresuró a preparar equipos de inteligencia en el ejército, el Shin Bet (inteligencia nacional) y el Mossad (inteligencia internacional), junto con un equipo encubierto de abogados militares y civiles, como un esfuerzo conjunto, para impedir una investigación completa de la CPI. Todo esto fue coordinado por el Consejo de Seguridad Nacional (NSC) de Israel, cuya autoridad deriva de la Oficina del Primer Ministro.

"Todo el mundo, todo el establishment militar y político, buscaba formas de dañar el caso de la Autoridad Palestina", dijo una fuente de inteligencia. “Todos colaboraron: el Ministerio de Justicia, el Departamento de Derecho Internacional Militar [parte de la Oficina del Abogado General Militar], el Shin Bet, el NSC. [Todos] veían la CPI como algo muy importante, como una guerra que había que librar y contra la que había que defender a Israel. Fue descrito en términos militares”.

El ejército no era un candidato obvio para unirse a los esfuerzos de recopilación de inteligencia del Shin Bet, pero tenía una fuerte motivación: evitar que sus comandantes fueran obligados a ser juzgados. "Los que realmente querían [unirse al esfuerzo] eran los propios generales de las FDI; tenían un interés personal muy grande", explicó una fuente. “Nos dijeron que los altos funcionarios tienen miedo de aceptar puestos en Cisjordania porque temen ser procesados en La Haya”, recordó otro.

Según numerosas fuentes, el Ministerio de Asuntos Estratégicos de Israel — cuyo objetivo declarado en ese momento era luchar contra la “deslegitimación” de Israel— estaba involucrado en la vigilancia de las organizaciones palestinas de derechos humanos que presentaban informes a la CPI. Gilad Erdan, jefe del ministerio, en ese momento y ahora representante de Israel ante la ONU, describió recientemente las órdenes de arresto para líderes israelíes, por parte de la CPI, como “una caza de brujas impulsada por puro odio a los judíos”.

“El ejército se ocupaba de cosas que no eran en absoluto militares”

La guerra encubierta de Israel contra la CPI se ha basado fundamentalmente en la vigilancia, y los fiscales principales han sido los objetivos principales.

Cuatro fuentes confirmaron que los intercambios privados de Bensouda con funcionarios palestinos sobre el caso de la Autoridad Palestina en La Haya, fueron monitoreados de manera rutinaria y compartidos ampliamente dentro de la comunidad de inteligencia de Israel. "Las conversaciones generalmente giraban en torno al progreso de la fiscalía: presentación de documentos, testimonios o conversaciones sobre un evento que sucedió: '¿Viste cómo Israel masacró a los palestinos en la última manifestación?', cosas así", explicó una fuente.

El exfiscal estaba lejos de ser el único objetivo. Decenas de funcionarios internacionales relacionados con la investigación fueron monitoreados de manera similar. Una de las fuentes dijo que había una gran pizarra con los nombres de unas 60 personas que estaban bajo vigilancia, la mitad de ellas palestinas y la otra mitad de otros países, incluidos funcionarios de la ONU y personal de la CPI en La Haya.

Otra fuente, recordó la vigilancia impuesta a la persona que escribió el informe de la CPI sobre la guerra de Israel en Gaza en 2014. Una tercera fuente dijo que la inteligencia israelí supervisó una comisión de investigación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, sobre los territorios ocupados, para identificar qué materiales estaba recibiendo de los palestinos, "porque las conclusiones de las comisiones de investigación de este tipo suelen ser utilizadas por la CPI".

En La Haya, Bensouda y su personal fueron alertados por asesores de seguridad, y a través de canales diplomáticos, de que Israel estaba monitoreando su trabajo. Se tuvo cuidado de no discutir ciertos temas cerca de los teléfonos. "Nos informaron que estaban tratando de obtener información acerca del examen preliminar", dijo un ex alto funcionario de la CPI.

Según fuentes, algunos miembros del ejército israelí consideraron controvertido que la inteligencia militar se ocupara de asuntos que eran políticos y no estaban directamente relacionados con amenazas a la seguridad. "Se utilizaron recursos de las FDI para vigilar a Fatou Bensouda; esto no es algo legítimo que pueda hacer la inteligencia militar", afirmó una fuente. "Esta tarea [fue] realmente inusual en el sentido de que estaba dentro del ejército, pero se ocupaba de cosas que no eran completamente militares", dijo otra fuente.

Pero otros tuvieron menos dudas. “Bensouda fue muy, muy unilateral”, afirmó una fuente que supervisó a la exfiscal. “Ella era realmente una amiga personal de los palestinos. Los fiscales no suelen comportarse así. Se mantienen muy distantes”.

'Si no quieres que use la ley, ¿qué quieres que use?'

Debido a que los grupos palestinos de derechos humanos proporcionaban con frecuencia a la fiscalía materiales sobre los ataques de Israel contra los palestinos, detallando incidentes que querían que el fiscal considerara como parte de la investigación, estas organizaciones se convirtieron en objetivos clave de la operación de vigilancia de Israel. Aquí el Shin Bet tomó la delantera.

Además de monitorear los materiales que la Autoridad Palestina presentó a la CPI, la inteligencia israelí también monitoreó las apelaciones y los informes de los grupos de derechos humanos que incluían testimonios de palestinos que habían sufrido ataques de colonos y soldados israelíes; Luego, Israel también supervisó a estos testigos.

“Una de las [prioridades] era ver quién [en los grupos de derechos humanos] estaba involucrado en la recopilación de testimonios, y quiénes eran las personas específicas –las víctimas palestinas– a las que se convenció para que dieran testimonio ante la CPI”, explicó una fuente de inteligencia.

Según las fuentes, los principales objetivos de la vigilancia eran cuatro organizaciones palestinas de derechos humanos: Al-Haq, Addameer, Al Mezan y el Centro Palestino de Derechos Humanos (PCHR). Addameer envió llamamientos a la CPI sobre las prácticas de tortura contra prisioneros y detenidos, mientras que los otros tres grupos enviaron múltiples casos sucedidos a lo largo de los años en relación con el proyecto de Israel de los asentamientos en Cisjordania, las demoliciones punitivas de viviendas, las campañas de bombardeos en Gaza y niveles específicos de líderes políticos y altos rangos militares israelíes.

Una fuente de inteligencia dijo que la motivación para monitorear a las organizaciones se expresó abiertamente: dañan la posición de Israel en el ámbito internacional. "Nos dijeron que estas organizaciones operan en el ámbito internacional, participan en BDS y quieren dañar a Israel legalmente, por lo que están siendo monitoreadas", dijo la fuente. “Por eso nos involucramos en esto. Porque puede perjudicar a la gente en Israel: oficiales, políticos”.

Otro objetivo del seguimiento de los grupos palestinos era intentar deslegitimarlos y, por extensión, a toda la investigación de la CPI.

En octubre de 2021, el ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, quien fue citado en varias de las apelaciones que las organizaciones palestinas enviaron a la CPI, debido a su papel como jefe de gabinete durante la guerra de Gaza de 2014 y ministro de defensa durante la guerra de mayo de 2021, declaró Al-Haq, Addameer y otros cuatro grupos palestinos de derechos humanos son “organizaciones terroristas”.

Benny Gantz, Ministra del gabinete de guerra y jefe del Partido de Unidad Nacional, en conferencia de prensa en Ramat Gan, el 18 de mayo de 2024. (Miriam Alster/Flash90)

Una investigación de +972 y Local Call, publicada unas semanas después, encontró que la orden de Gantz se emitió sin ninguna evidencia seria que respaldara sus acusaciones; incluso, unos meses después, un expediente del Shin Bet, que afirmaba proporcionar pruebas de sus acusaciones y otro expediente de seguimiento, dejaron poco convencidos a los aliados más acérrimos de Israel. En ese momento, se especuló ampliamente –incluso por parte de las propias organizaciones– que estos grupos fueron atacados, al menos en parte, debido a sus actividades relacionadas con la investigación de la CPI.

Según una fuente de inteligencia, el Shin Bet, que dio la recomendación inicial de prohibir a los seis grupos, vigiló a los empleados de las organizaciones, y Gantz utilizó la información recopilada cuando los declaró organizaciones terroristas. Una investigación realizada por Citizen Lab en ese momento identificó el software espía Pegasus, producido por la firma israelí NSO Group, en los teléfonos de varios palestinos que trabajaban en esas ONG. (El Shin Bet no respondió a nuestra solicitud de comentarios).

Omar Awadallah y Ammar Hijazi, encargados del caso de la CPI dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Autoridad Palestina, también descubrieron que se había instalado Pegasus en sus teléfonos. Según fuentes de inteligencia, los dos eran objetivos simultáneos de diferentes organizaciones de inteligencia israelíes, lo que creó “confusión”. "Ambos son doctores (PHD) que se ocupan de este tema todo el día, desde la mañana hasta la noche, por eso se podía obtener datos de inteligencia [al rastrearlos]", dijo una fuente.

A Hijazi no le sorprende que haya sido monitoreado. "No nos importa si Israel ve las pruebas que presentamos al tribunal", dijo. “Los invito: vengan, abran los ojos, vean lo que les presentamos”.

Shawan Jabarin, director general de Al-Haq, también fue vigilado por la inteligencia israelí. Dijo que había indicios de que los sistemas internos de la organización habían sido pirateados y que la declaración de Gantz se produjo pocos días antes de que Al-Haq planeara revelar que había descubierto el software espía Pegasus en los teléfonos de sus empleados. "Dicen que estoy usando la ley como arma de guerra", dijo Jabarin. “Si no quieres que use la ley, ¿qué quieres que use, bombas?”

Sin embargo, los grupos de derechos humanos expresaron su profunda preocupación por la privacidad de los palestinos que presentaron testimonios ante el tribunal. Uno de los grupos, por ejemplo, incluyó sólo las iniciales de los testificantes en sus presentaciones ante la CPI, por temor a que Israel pudiera identificarlos.

“La gente tiene miedo de presentar una denuncia [ante la CPI] o de mencionar sus nombres reales, porque temen ser perseguidos por los militares o perder sus permisos de entrada”, explicó Hamdi Shakura, abogado del PCHR. “Un hombre en Gaza que tiene un pariente enfermo de cáncer tiene miedo de que el ejército le quite el permiso de entrada e impida su tratamiento; este tipo de cosas suceden”.

Las ONG palestinas hablan con los medios de comunicación frente a las oficinas de Al-Haq después de que el ejército israelí allanara sus oficinas, Ramallah, Cisjordania, 18 de agosto de 2022. (Oren Ziv)

“Los abogados tenían una gran sed de inteligencia”

Según fuentes de inteligencia, otro uso de la información obtenida a través de la vigilancia, fue ayudar a los abogados involucrados en conversaciones secretas con representantes de la fiscalía de La Haya.

Poco después de que Bensouda anunciara que su oficina estaba abriendo un examen preliminar, Netanyahu ordenó la formación de un equipo encubierto de abogados del Ministerio de Justicia, el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Oficina del Fiscal General Militar (la máxima autoridad legal del ejército israelí), que viajaba regularmente a La La Haya por reuniones secretas con funcionarios de la CPI entre 2017 y 2019 (el Ministerio de Justicia de Israel no respondió a las solicitudes de comentarios).

Aunque el equipo estaba compuesto por personas que no formaban parte de la comunidad de inteligencia israelí (estaba dirigido por Tal Becker, asesor jurídico del Ministerio de Asuntos Exteriores), al Ministerio de Justicia no se le impedía el acceso a los datos de inteligencia obtenidos a través de la vigilancia y ni a los informes del Ministerio de Asuntos Exteriores. La Autoridad Palestina y ONG palestinas que detallaban casos específicos de violencia militar y de colonos.

"Los abogados que se ocuparon del asunto en el Ministerio de Justicia tenían una gran sed de información", afirmó una fuente de inteligencia. “Lo obtuvieron tanto de la inteligencia militar como del Shin Bet. Estaban construyendo el caso para los mensajeros israelíes que fueron en secreto y se comunicaron con la CPI”.

"Los abogados que se ocuparon del asunto en el Ministerio de Justicia tenían una gran sed de información", afirmó una fuente de inteligencia. “La obtuvieron tanto de la inteligencia militar como del Shin Bet. Estaban construyendo el caso para los mensajeros israelíes que fueron en secreto y se comunicaron con la CPI”.

En sus reuniones privadas con funcionarios de la CPI, confirmadas por seis fuentes familiarizadas con las reuniones, los abogados se propusieron demostrar que Israel tenía procedimientos sólidos y efectivos para hacer que los soldados rindieran cuentas, a pesar del terrible historial del ejército israelí en la investigación de presuntas irregularidades dentro de sus filas. Los abogados también intentaron argumentar que la CPI no tiene jurisdicción para investigar las acciones de Israel, ya que Israel no es un estado miembro de la corte y Palestina no es un miembro de pleno derecho de la ONU.

Según un ex funcionario de la CPI familiarizado con el contenido de las reuniones, el personal de la CPI presentó a los abogados israelíes detalles de incidentes donde los palestinos fueron atacados o asesinados, los abogados respondieron con su propia información. “Al principio fue tenso”, recordó el funcionario.

En ese momento, Bensouda todavía estaba realizando un examen preliminar antes de tomar la decisión de abrir una investigación formal. Una fuente de inteligencia dijo que el propósito de la información obtenida a través de la vigilancia era "hacer sentir a Bensouda que sus datos legales no eran confiables".

La fiscal Fatou Bensouda se reúne con el ministro de Asuntos Exteriores de Palestina, Riyad al-Maliki, , el 2 de diciembre de 2019. (ICC-CPI)

Según la fuente, el objetivo era “alimentar la información [de Bensouda] y hacerla dudar de los fundamentos de su derecho a ocuparse de esta cuestión. Cuando Al-Haq recopiló información sobre cuántos palestinos habían sido asesinados en los territorios ocupados durante el año pasado y la transmitió a Bensouda, el hecho se convirtió en interés de la política de Israel y de la contrainteligencia, para tratar de socavar la información”.

Sin embargo, dado que Israel se negaba a reconocer la autoridad y legitimidad del tribunal, era crucial para la delegación que estas reuniones se mantuvieran en secreto. Una fuente familiarizada con las reuniones dijo que los funcionarios israelíes enfatizaron repetidamente ante la CPI que “nunca podremos hacer público que nos estamos comunicando con ustedes”.

Las reuniones secundarias de Israel con la CPI terminaron en diciembre de 2019, cuando los cinco años del examen preliminar de Bensouda se concluyó que había una base razonable para creer que tanto Israel como Hamás habían cometido crímenes de guerra. Sin embargo, en lugar de iniciar inmediatamente una investigación completa, el fiscal pidió a los jueces del tribunal que determinaran si tenían jurisdicción para escuchar las acusaciones debido a “cuestiones fácticas y jurídicas únicas y altamente controvertidas”, que algunos interpretaron como un resultado directo de la actividad de Israel.

"No diría que el argumento legal no tuvo efecto", dijo Roy Schondorf, miembro de la delegación israelí como jefe de un departamento del Ministerio de Justicia responsable de manejar los procedimientos legales internacionales contra Israel, en un evento en el Instituto de Justicia Nacional. Estudios de Seguridad en julio de 2022. “Allí también hay gente a la que se puede persuadir, y creo que en gran medida, el Estado de Israel logró convencer al menos al fiscal anterior [Bensouda], de que habría suficientes dudas sobre la cuestión de jurisdicción para que ella recurriera a los jueces del tribunal”.

“La afirmación de complementariedad fue muy, muy significativa”

En 2021, los jueces del tribunal dictaminaron que la CPI sí tenía jurisdicción sobre todos los crímenes de guerra cometidos por israelíes y palestinos en los territorios palestinos ocupados, así como sobre los crímenes cometidos por palestinos en territorio israelí. A pesar de seis años de esfuerzos israelíes para impedirlo, Bensouda anunció la apertura de una investigación criminal formal.

Pero estaba lejos de ser una conclusión inevitable. Unos meses antes, la fiscal había decidido abandonar un examen de los crímenes de guerra británicos en Irak porque estaba convencida de que Gran Bretaña había tomado medidas “genuinas” para investigarlos. Según importantes juristas israelíes, Israel se aferró a este precedente e inició una estrecha colaboración entre la operación de recopilación de inteligencia y el sistema de justicia militar.

Según las fuentes, un objetivo central de la operación de vigilancia de Israel ffue permitir a los militares "abrir investigaciones retroactivas" sobre los casos de violencia contra palestinos que llegaban a la fiscalía de La Haya. Al hacerlo, Israel pretendía explotar el “principio de complementariedad”, que afirma que un caso es inadmisible ante la CPI si ya está siendo investigado a fondo por un Estado con jurisdicción sobre él.

Palestinos regresan para inspeccionar sus casas en Khan Younis después de que el ejército israelí se retirara de la zona, sur de la Franja de Gaza, el 8 de abril de 2024. (Atia Mohammed/Flash90)

“Si se transfirieron materiales a la CPI, había que entender exactamente qué eran, para garantizar que las FDI los investigaran de forma independiente y suficiente para que pudieran afirmar que eran complementarios”, explicó una de las fuentes. "La afirmación de complementariedad fue muy, muy significativa".

Los expertos legales dentro del Mecanismo de Evaluación de Investigación del Jefe del Estado Mayor Conjunto (FFAM, por sus siglas en inglés), el organismo militar que investiga presuntos crímenes de guerra cometidos por soldados israelíes, también tenían acceso privado a la información de inteligencia, dijeron las fuentes.

Entre las decenas de incidentes que actualmente investiga la FFAM se encuentran los atentados con bombas que mataron a decenas de palestinos en el campo de refugiados de Jabaliya en octubre pasado; la “masacre de la harina” en la que más de 110 palestinos fueron asesinados en el norte de Gaza, tras la llegada de un convoy de ayuda en marzo; los ataques con drones que mataron a siete empleados de World Central Kitchen en abril; y un ataque aéreo en un campamento de tiendas de campaña en Rafah que provocó un incendio y mató a decenas de personas la semana pasada.

Sin embargo, para las ONG palestinas que presentan informes ante la CPI, los mecanismos internos de rendición de cuentas militares de Israel son una farsa. Con el apoyo de expertos israelíes e internacionales y grupos de derechos humanos, los palestinos han argumentado durante mucho tiempo que estos sistemas –desde los investigadores de la policía y el ejército hasta la Corte Suprema– sirven rutinariamente como una “hoja de ruta” para el Estado israelí y su aparato de seguridad, para “blanquear” ” crímenes y al mismo tiempo otorgar efectivamente a los soldados y comandantes una licencia para continuar con actos criminales con total impunidad.

Issam Younis, que fue blanco de la vigilancia israelí debido a su papel como director de Al Mezan, pasó gran parte de su carrera en Gaza, en las oficinas de la organización ahora parcialmente bombardeadas, recopilando y presentando “cientos” de quejas de palestinos a las oficinas del Procurador General Militar de Israel. La gran mayoría de estas denuncias se cerraron sin acusaciones, lo que lo convenció de que “las víctimas no pueden buscar justicia a través de ese sistema”.

Esto es lo que llevó a su organización a colaborar con la CPI. “En esta guerra, la naturaleza y el alcance de los crímenes cometidos no tienen precedentes”, dijo Younis, quien escapó de Gaza con su familia en diciembre y hoy es un refugiado en El Cairo. “Y es simplemente porque no había rendición de cuentas”.

‘El 7 de octubre cambió esa realidad’

En junio de 2021, Khan reemplazó a Bensouda como fiscal jefe, y muchos en el sistema judicial israelí esperaban que se pasara página. Khan fue percibido como más cauteloso que su predecesora, y se especuló que elegiría no priorizar la explosiva investigación que heredó de Bensouda.

En una entrevista en septiembre de 2022, en la que también reveló algunos detalles sobre el “diálogo informal” de Israel con la CPI, Schondorf, del Ministerio de Justicia de Israel, elogió a Khan por haber “cambiado la trayectoria del barco”, y agregó que parecía que el fiscal se centraría en “cuestiones más importantes” porque el “conflicto palestino-israelí se convirtió en una cuestión menos apremiante para la comunidad internacional”.

Sin embargo, el criterio personal de Khan se convirtió en el principal objetivo de investigación de la operación de vigilancia de Israel: el objetivo era "comprender lo que Khan estaba pensando", como lo expresó una fuente de inteligencia. Y aunque inicialmente el equipo del fiscal no parecía haber mostrado mucho entusiasmo por el caso de Palestina, según un alto funcionario israelí, “el 7 de octubre cambió esa realidad”.

El Fiscal Karim Khan visitando kibutzim en Israel que se encontraban entre los lugares del ataque del 7 de octubre, diciembre de 2023. (ICC-CPI)

Al final de la tercera semana del bombardeo israelí de Gaza, que siguió al ataque liderado por Hamás contra el sur de Israel, Khan ya estaba pisando el terreno en el cruce de Rafah. Posteriormente realizó visitas tanto a Cisjordania como al sur de Israel en diciembre, donde se reunió con funcionarios palestinos, así como con sobrevivientes israelíes del ataque del 7 de octubre y familiares de personas que habían sido asesinadas.

La inteligencia israelí siguió de cerca las visitas de Khan para intentar “comprender qué materiales le estaban dando los palestinos”, como dijo una fuente israelí. "Khan es el hombre más aburrido del mundo para reunir información, porque es tan heterosexual como un gobernante", añadió la fuente.

En febrero, Khan emitió una declaración enérgica sobre X (antes Twitter) instando efectivamente a Israel a no lanzar un ataque contra Rafah, donde más de un millón de palestinos ya estaban buscando refugio. También advirtió: “Quienes no cumplan con la ley no deben quejarse después cuando mi oficina tome medidas”.

Al igual que su predecesor, la inteligencia israelí también supervisó las actividades de Khan con los palestinos y otros funcionarios de su oficina. La vigilancia de dos palestinos familiarizados con las intenciones de Khan alertó a los líderes israelíes sobre el hecho de que el fiscal estaba considerando una solicitud inminente de órdenes de arresto para los líderes israelíes, pero estaba "bajo una tremenda presión de Estados Unidos" para no hacerlo.

Finalmente, el 20 de mayo, Khan cumplió su amenaza. Anunció que estaba buscando órdenes de arresto para Netanya y Gallant, luego de descubrir que hay motivos razonables para creer que los dos líderes son responsables de crímenes que incluyen exterminio, hambruna y ataques deliberados contra civiles.

Para los grupos palestinos de derechos humanos que Israel encuestó, Netanyahu y Gallant son sólo la punta del iceberg. Tres días antes del anuncio de Khan, los jefes de Al-Haq, Al Mezan y Pchr enviaron a Khan una carta conjunta pidiendo explícitamente órdenes de arresto contra todos los miembros del gabinete de guerra de Israel, que incluyen a Benny Gantz, así como a los comandantes y soldados de las unidades. Actualmente involucrado en la ofensiva de Rafah.

Khan ahora, también, debe evaluar si hay algún israelí detrás de las operaciones destinadas a socavar la labor de la CPI y considerar si se han cometido delitos contra la administración de justicia. Advirtió en su anuncio del 20 de mayo que su oficina “no dudará en actuar” contra las amenazas en curso contra el tribunal y su investigación. Estos delitos, por los que los líderes israelíes pueden ser procesados independientemente del hecho de que Israel no sea signatario del Estatuto de Roma, podrían conllevar una pena de prisión.

Un portavoz de la CPI dijo a The Guardian que estaba al tanto de “actividades proactivas de recopilación de inteligencia llevadas a cabo por una serie de agencias nacionales hostiles hacia la corte”, pero subrayó que “ninguno de los recientes ataques contra ella por parte de agencias de inteligencia nacionales” había penetrado en las principales pruebas del tribunal, que habían permanecido seguras. El portavoz añadió que la oficina de Khan ha sido sometida a "varias formas de amenazas y comunicaciones que podrían verse como intentos de influir indebidamente en sus actividades".

En respuesta a una solicitud de comentarios, la Oficina del Primer Ministro israelí se limitó a afirmar que nuestro informe está “repleto de muchas acusaciones falsas e infundadas destinadas a dañar al Estado de Israel”. El ejército israelí también respondió brevemente: “Los organismos de inteligencia de las FDI realizan vigilancia y otras operaciones de inteligencia sólo contra elementos hostiles y contrariamente a lo que se afirma, no contra la CPI en La Haya u otros elementos internacionales”.

CORRECCIÓN: Este artículo indicó anteriormente que Omar Awadallah y Ammar Hijazi trabajan dentro del Ministerio de Justicia de la Autoridad Palestina; se ha corregido para mostrar que trabajan dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Harry Davies y Bethan McKernan del Guardian contribuyeron a este informe.