A tres años de un genocidio anunciado
1097 días de tecnogenocidio en Gaza
y anexión de Cisjordania, Palestina ocupada
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Día 221: Invasión de Líbano
Holocaustos
Publicado originalmente
en Midle East Eye
(periódico digital panárabe independiente, fundado en febrero de 2014 y con sede en Londres)
el 09/10/2026
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| Navi Pillay, eminente jurista sudafricana, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2026 Pillay presidió el comité de la ONU que el año pasado concluyó que Israel era responsable del genocidio en Gaza y actualmente es juez ad hoc de la Corte Internacional de Justicia. FUENTE |
Estados Unidos sanciona a la Corte Penal Internacional horas después de que un exjuez ganara el Premio Nobel de la Paz.
El gobierno de Trump pone en el punto de mira al tribunal de crímenes de guerra con sede en La Haya tras sancionar a más de la mitad de sus jueces y a todos sus fiscales principales.
El viernes, la administración Trump impuso sanciones a la Corte Penal Internacional (CPI) como institución, horas después de que uno de sus jueces fundadores ganara el Premio Nobel de la Paz.
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Estas medidas se suman a las sanciones previas impuestas a la mitad de los 18 jueces de la corte y a gran parte de su cúpula directiva, incluyendo a su presidente y fiscal jefe, en respuesta a las órdenes de arresto emitidas para 2024 contra líderes israelíes.
El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció las sanciones en un comunicado en video el viernes.
"El presidente Trump jamás permitirá que la Corte Penal Internacional procese a ciudadanos estadounidenses", declaró.
"Por eso, hoy, Estados Unidos sanciona a la Corte Penal Internacional. Prohibiremos las transacciones con esta corte deshonesta, cortando sus recursos y paralizando su capacidad de operar".
Un «alto el fuego» vacío, apropiaciones ilegales de tierras, miles de personas amputadas, daños generacionales y financiación perpetua de Estados Unidos:
la guerra de Israel contra la vida palestina continúa desarrollándose tres años después.
ZETEO
«O la CPI cesa sus amenazas, o nosotros acabaremos con la CPI. Esperamos que nuestros aliados, muchos de los cuales forman parte de la CPI y dependen de militares estadounidenses para su defensa, frenen la actuación de la Corte», agregó Rubio.
«Hemos estructurado esta acción para brindar a los Estados Partes la oportunidad de negociar y presentar una solución que aborde nuestras preocupaciones. Si estos esfuerzos no dan fruto, seguiremos ajustando nuestras medidas en consecuencia».
Las restricciones podrían impedir que la Corte realice transacciones en dólares estadounidenses, lo que la aislaría de gran parte del sistema financiero internacional y podría paralizar sus operaciones. Los bancos suelen cumplir en exceso con las sanciones debido a su dependencia de dicho sistema.
En respuesta a las sanciones, el ministro de Asuntos Exteriores neerlandés, Tom Berendsen, afirmó que su país, como sede de la Corte, seguirá apoyándola.
«Los Países Bajos seguirán respaldando firmemente a la CPI. Continuaremos haciendo todo lo posible para garantizar el buen funcionamiento de la Corte, tanto como país anfitrión como parte signataria del tratado».
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| DRM News |
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La presidenta de la Corte, la jueza Tomoko Akane, también declaró que la labor de la Corte no se verá interrumpida.
«La Corte seguirá cumpliendo plenamente su mandato, con independencia e imparcialidad, actuando únicamente sobre la base de la ley y las pruebas, en beneficio de las innumerables víctimas de crímenes graves», afirmó Akane.
El Departamento de Estado de EE. UU. explicó en una ficha informativa que el Departamento del Tesoro está emitiendo varias licencias generales para autorizar ciertas transacciones de la CPI «para proteger los intereses de EE. UU.».
Estas incluyen una licencia de 180 días que autoriza ciertas actividades relacionadas con la CPI, incluido el mantenimiento de sus operaciones; la autorización de ciertas actividades relacionadas con las tecnologías de la información, incluidos los servicios en la nube y el software; la autorización de actividades relacionadas con el plan de pensiones de la CPI; y una licencia general que autoriza ciertas actividades relacionadas con los detenidos de la CPI.
El Departamento de Estado declaró que la licencia general de mantenimiento de 180 días "tiene como objetivo dar tiempo a los Estados Partes para demostrar avances significativos en las resoluciones diplomáticas y jurídicas que aborden las preocupaciones fundamentales de Estados Unidos con respecto a la CPI". Añadió que la licencia general "puede ajustarse en función del éxito o el fracaso de dichos esfuerzos para abordar nuestras preocupaciones".
Funcionarios de la CPI han advertido previamente que las sanciones contra la institución podrían interrumpir la compra de servicios de TI y seguros, la contratación de investigadores y las operaciones financieras rutinarias, incluidos los pagos a decenas de empleados estadounidenses.
De activarse, esta disposición garantizaría a los proveedores de servicios con sede en la UE que sus transacciones con la CCI están protegidas.
La Comisión Europea aún no ha activado el mecanismo, sin ofrecer ninguna explicación pública sobre la demora, a pesar de que el Parlamento Europeo aprobó resoluciones en julio y septiembre del año pasado solicitando su activación.
Las sanciones se produjeron horas después de que Navi Pillay, la eminente jurista sudafricana y una de las juezas fundadoras de la CPI, recibiera el Premio Nobel de la Paz por sus contribuciones al derecho internacional.
El comité de premiación destacó las sanciones impuestas a los jueces de la CPI y los ataques contra el tribunal, al tiempo que reconoció la importancia del trabajo de Pillay.
«La historia ha demostrado que un mundo que opera sin el Estado de derecho es injusto, imprudente e inhumano. Por lo tanto, los jueces —quienes custodian la delgada línea roja entre el orden y el caos— merecen enormemente nuestro reconocimiento», declaró el comité.
«Pena de muerte financiera»
Washington ya ha impuesto sanciones a varios altos funcionarios de la CPI, incluida la presidenta del tribunal, Tomoko Akane, quien fue sancionada en agosto junto con el fiscal jefe Abdoulaye Seye.
El exfiscal jefe Karim Khan fue el primero en ser sancionado en febrero del año pasado, seguido por dos fiscales adjuntos y nueve jueces involucrados en las investigaciones del tribunal sobre Palestina y Afganistán.
Las sanciones contra el personal del tribunal han sido descritas como una «pena de muerte financiera», ya que a los funcionarios afectados se les han negado servicios financieros básicos.
También exigió que los Estados modificaran el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI, para impedir el enjuiciamiento de nacionales de países que no son miembros de la corte, como Estados Unidos e Israel.
Sin embargo, al término de la reunión, la asamblea emitió una declaración en la que rechazaba dichas demandas y las peticiones de modificar el Estatuto de Roma, sin mencionar directamente a Estados Unidos.
En noviembre de 2024, la corte emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Gaza, principalmente relacionados con el uso del hambre como método de guerra.
Establecida en 2002, la CPI es la única corte penal internacional permanente del mundo con el mandato de investigar y enjuiciar a personas por genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión.
Actualmente, la corte tiene más de una docena de investigaciones activas, incluidas las de Darfur, Libia, Myanmar y Ucrania.
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