647 días de genocidio en Gaza
y anexión de Cisjordania, Palestina ocupada
Publicado originalmente
en THE MIDLE EAST MONITOR (MEMO)
(Organización sin fines de lucro, especializada en las causas islamistas, fundada en 2009)
el 10/07/2025
Versión al español Zyanya Mariana
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| La Relatora Especial de las Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos, Francesca Albanese, asiste a una manifestación contra los ataques de Israel sobre Gaza, en Madrid, España, el 23 de junio de 2025. [Burak Akbulut – Agencia Anadolu] |
[Las entradas 436, son cuatro notas alrededor de los informes de Francesca Albanese, Relatora Especial de las Naciones Unidas,
que van del primer informe 'Anatomía de un genocidio' al último
'Economía de un genocidio'. Por este último informe, que revela el lucro
de las empresas en el genocidio perpetrado por Israel y occidente en
Gaza, ha sido sanccionada por los EU. La respuesta de lo humano no se ha
hecho esperar, ahora muchos clamamos por otorgarle el premio nobel de
la Paz. ZM]
El informe “Economía del Genocidio”:
Un ajuste de cuentas más allá de la retórica
Dr Ramzy Baroud
Francesca Albanese, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en la Palestina ocupada, es un testimonio de la idea de decir la verdad al poder. Este "poder" no solo lo encarnan Israel o incluso Estados Unidos, sino una comunidad internacional cuya relevancia colectiva ha fracasado trágicamente en frenar el genocidio en curso en Gaza.
Su último informe, "De la economía de la ocupación a la economía del genocidio", presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 3 de julio, marca una intervención trascendental. Nombra e implica sin tapujos a las empresas que no sólo han permitido a Israel mantener su guerra y genocidio contra los palestinos, sino que también confronta a quienes han permanecido en silencio ante este horror que se desata.
El informe "Economía del Genocidio" de Albanese es mucho más que un ejercicio académico o una mera declaración moral en un mundo cuya conciencia colectiva se está poniendo brutalmente a prueba en Gaza. El informe es significativo por múltiples razones interrelacionadas. Fundamentalmente, ofrece vías prácticas para la rendición de cuentas que trascienden la mera retórica diplomática y legal. También presenta un enfoque novedoso del derecho internacional, posicionándolo no como un delicado ejercicio de equilibrio político, sino como una potente herramienta para confrontar la complicidad en crímenes de guerra y exponer las profundas fallas de los mecanismos internacionales existentes en Gaza.
Dos contextos vitales son importantes para comprender la importancia de este informe, considerado una dura acusación contra la participación directa de las corporaciones, no solo en el genocidio israelí en curso en Gaza, sino también en el proyecto colonial de asentamiento de Israel en general.
En primer lugar, en febrero de 2020, tras años de retraso, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDHNU) publicó una base de datos que enumeraba 112 empresas involucradas en actividades comerciales dentro de los asentamientos ilegales israelíes en la Palestina ocupada. La base de datos expone a varios gigantes corporativos, como Airbnb, Booking.com, Motorola Solutions, JCB y Expedia, por ayudar a Israel a mantener su ocupación militar y el apartheid.
Este evento fue particularmente trascendental, considerando el fracaso constante de las Naciones Unidas a la hora de controlar a Israel o de exigir responsabilidades a quienes perpetúan sus crímenes de guerra en Palestina. La base de datos fue un paso importante que permitió a las sociedades civiles movilizarse en torno a un conjunto específico de prioridades, presionando así a corporaciones y gobiernos individuales para que adoptaran posturas moralmente fundamentadas. La eficacia de esta estrategia se detectó claramente en las reacciones exageradas y airadas de Estados Unidos e Israel. Estados Unidos afirmó que se trataba de un intento del "desacreditado" Consejo de "fomentar represalias económicas", mientras que Israel lo calificó de "vergonzosa capitulación" ante la presión.
Sin embargo, el genocidio israelí en Gaza, que comenzó el 7 de octubre de 2023, sirvió como un duro recordatorio del rotundo fracaso de todos los mecanismos existentes de la ONU para alcanzar incluso las expectativas más modestas de alimentar a una población hambrienta en tiempos de genocidio. Es significativo que esta fuera la misma conclusión a la que llegó el secretario general de la ONU, António Guterres, quien, en septiembre de 2024, declaró que el mundo había "fallado al pueblo de Gaza".
Este fracaso se prolongó durante muchos meses más y quedó de manifiesto en la incapacidad de la ONU para siquiera gestionar la distribución de la ayuda en la Franja, encomendando la tarea a la llamada Fundación Humanitaria de Gaza, un aparato violento dirigido por mercenarios que ha matado y herido a miles de palestinos. La propia Albanese, por supuesto, ya había llegado a una conclusión similar cuando, en noviembre de 2023, confrontó a la comunidad internacional por su "fracaso épico" en detener la guerra y poner fin a la "matanza sin sentido de civiles inocentes".
El nuevo informe de Albanese va un paso más allá, esta vez haciendo un llamamiento a toda la humanidad para que adopte una postura moral y confronte a quienes hicieron posible el genocidio. "Los esfuerzos comerciales que permiten y se lucran con la aniquilación de vidas inocentes deben cesar", declara el informe, exigiendo enfáticamente que "las entidades corporativas deben negarse a ser cómplices de violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales o rendir cuentas". Según el informe, las categorías de complicidad en el genocidio se dividen en fabricantes de armas, empresas tecnológicas, constructoras, industrias extractivas y de servicios, bancos, fondos de pensiones, aseguradoras, universidades y organizaciones benéficas.
Estos incluyen a Lockheed Martin, Microsoft, Amazon, Palantir, IBM e incluso al gigante naviero danés Maersk, entre casi 1.000 empresas más. Fue su conocimiento tecnológico, maquinaria y recopilación de datos colectivos lo que permitió a Israel matar, hasta la fecha, a más de 57.000 personas y herir a más de 134.000 en Gaza, por no hablar de mantener el régimen de apartheid en Cisjordania.
Lo que el informe de Albanese pretende no es simplemente denunciar públicamente a los cómplices de Israel en el genocidio, sino decirnos, como sociedad civil, que ahora contamos con un marco de referencia integral que nos permitiría tomar decisiones responsables, presionar y exigir responsabilidades a estos gigantes corporativos.
“El genocidio en curso ha sido una empresa rentable”, escribe Albanese, citando el aumento masivo del gasto militar de Israel, estimado en un 65 % entre 2023 y 2024, alcanzando los 46 500 millones de dólares.
El presupuesto militar, aparentemente infinito, de Israel es un extraño círculo vicioso de dinero, originalmente proporcionado por el gobierno estadounidense y luego reciclado a través de corporaciones estadounidenses, repartiendo así la riqueza entre gobiernos, políticos, corporaciones y numerosos contratistas. A medida que las cuentas bancarias se abultan, más cadáveres palestinos se amontonan en morgues, fosas comunes o se encuentran dispersos en las calles de Jabaliya y Khan Yunis.
Esta locura debe detenerse y, dado que la ONU es incapaz de detenerla, los gobiernos individuales, las organizaciones de la sociedad civil y la gente común deben tomar cartas en el asunto, porque la vida de los palestinos debería ser mucho más valiosa que las ganancias y la codicia de las corporaciones.
Su último informe, "De la economía de la ocupación a la economía del genocidio", presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 3 de julio, marca una intervención trascendental. Nombra e implica sin tapujos a las empresas que no sólo han permitido a Israel mantener su guerra y genocidio contra los palestinos, sino que también confronta a quienes han permanecido en silencio ante este horror que se desata.
El informe "Economía del Genocidio" de Albanese es mucho más que un ejercicio académico o una mera declaración moral en un mundo cuya conciencia colectiva se está poniendo brutalmente a prueba en Gaza. El informe es significativo por múltiples razones interrelacionadas. Fundamentalmente, ofrece vías prácticas para la rendición de cuentas que trascienden la mera retórica diplomática y legal. También presenta un enfoque novedoso del derecho internacional, posicionándolo no como un delicado ejercicio de equilibrio político, sino como una potente herramienta para confrontar la complicidad en crímenes de guerra y exponer las profundas fallas de los mecanismos internacionales existentes en Gaza.
Dos contextos vitales son importantes para comprender la importancia de este informe, considerado una dura acusación contra la participación directa de las corporaciones, no solo en el genocidio israelí en curso en Gaza, sino también en el proyecto colonial de asentamiento de Israel en general.
En primer lugar, en febrero de 2020, tras años de retraso, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDHNU) publicó una base de datos que enumeraba 112 empresas involucradas en actividades comerciales dentro de los asentamientos ilegales israelíes en la Palestina ocupada. La base de datos expone a varios gigantes corporativos, como Airbnb, Booking.com, Motorola Solutions, JCB y Expedia, por ayudar a Israel a mantener su ocupación militar y el apartheid.
Este evento fue particularmente trascendental, considerando el fracaso constante de las Naciones Unidas a la hora de controlar a Israel o de exigir responsabilidades a quienes perpetúan sus crímenes de guerra en Palestina. La base de datos fue un paso importante que permitió a las sociedades civiles movilizarse en torno a un conjunto específico de prioridades, presionando así a corporaciones y gobiernos individuales para que adoptaran posturas moralmente fundamentadas. La eficacia de esta estrategia se detectó claramente en las reacciones exageradas y airadas de Estados Unidos e Israel. Estados Unidos afirmó que se trataba de un intento del "desacreditado" Consejo de "fomentar represalias económicas", mientras que Israel lo calificó de "vergonzosa capitulación" ante la presión.
Sin embargo, el genocidio israelí en Gaza, que comenzó el 7 de octubre de 2023, sirvió como un duro recordatorio del rotundo fracaso de todos los mecanismos existentes de la ONU para alcanzar incluso las expectativas más modestas de alimentar a una población hambrienta en tiempos de genocidio. Es significativo que esta fuera la misma conclusión a la que llegó el secretario general de la ONU, António Guterres, quien, en septiembre de 2024, declaró que el mundo había "fallado al pueblo de Gaza".
Este fracaso se prolongó durante muchos meses más y quedó de manifiesto en la incapacidad de la ONU para siquiera gestionar la distribución de la ayuda en la Franja, encomendando la tarea a la llamada Fundación Humanitaria de Gaza, un aparato violento dirigido por mercenarios que ha matado y herido a miles de palestinos. La propia Albanese, por supuesto, ya había llegado a una conclusión similar cuando, en noviembre de 2023, confrontó a la comunidad internacional por su "fracaso épico" en detener la guerra y poner fin a la "matanza sin sentido de civiles inocentes".
El nuevo informe de Albanese va un paso más allá, esta vez haciendo un llamamiento a toda la humanidad para que adopte una postura moral y confronte a quienes hicieron posible el genocidio. "Los esfuerzos comerciales que permiten y se lucran con la aniquilación de vidas inocentes deben cesar", declara el informe, exigiendo enfáticamente que "las entidades corporativas deben negarse a ser cómplices de violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales o rendir cuentas". Según el informe, las categorías de complicidad en el genocidio se dividen en fabricantes de armas, empresas tecnológicas, constructoras, industrias extractivas y de servicios, bancos, fondos de pensiones, aseguradoras, universidades y organizaciones benéficas.
Estos incluyen a Lockheed Martin, Microsoft, Amazon, Palantir, IBM e incluso al gigante naviero danés Maersk, entre casi 1.000 empresas más. Fue su conocimiento tecnológico, maquinaria y recopilación de datos colectivos lo que permitió a Israel matar, hasta la fecha, a más de 57.000 personas y herir a más de 134.000 en Gaza, por no hablar de mantener el régimen de apartheid en Cisjordania.
Lo que el informe de Albanese pretende no es simplemente denunciar públicamente a los cómplices de Israel en el genocidio, sino decirnos, como sociedad civil, que ahora contamos con un marco de referencia integral que nos permitiría tomar decisiones responsables, presionar y exigir responsabilidades a estos gigantes corporativos.
“El genocidio en curso ha sido una empresa rentable”, escribe Albanese, citando el aumento masivo del gasto militar de Israel, estimado en un 65 % entre 2023 y 2024, alcanzando los 46 500 millones de dólares.
El presupuesto militar, aparentemente infinito, de Israel es un extraño círculo vicioso de dinero, originalmente proporcionado por el gobierno estadounidense y luego reciclado a través de corporaciones estadounidenses, repartiendo así la riqueza entre gobiernos, políticos, corporaciones y numerosos contratistas. A medida que las cuentas bancarias se abultan, más cadáveres palestinos se amontonan en morgues, fosas comunes o se encuentran dispersos en las calles de Jabaliya y Khan Yunis.
Esta locura debe detenerse y, dado que la ONU es incapaz de detenerla, los gobiernos individuales, las organizaciones de la sociedad civil y la gente común deben tomar cartas en el asunto, porque la vida de los palestinos debería ser mucho más valiosa que las ganancias y la codicia de las corporaciones.
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| Primer párrafo, capítulo IX "Genocidio" de Raphael Lemkin, quien acuñara el término. |
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