659 días de genocidio en Gaza
y anexión de Cisjordania, Palestina ocupada
Publicado originalmente
en Midle East Eye
(periódico digital panárabe independiente, fundado en febrero de 2014 y con sede en Londres)
el 10/07/2025
versión al español Zyanya Mariana
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Reed
Rubinstein se dirige a la Asamblea de los Estados Partes (AEP), el
órgano de supervisión de la CPI, en Nueva York el martes (Captura de
pantalla/Naciones Unidas)
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Estados Unidos amenaza a la CPI: Abandonar la investigación sobre crímenes de guerra de Israel o "todas las opciones están sobre la mesa"
El asesor legal del Departamento de Estado pide al tribunal que ponga fin a todas las investigaciones y órdenes de arresto contra Israel o enfrentará consecuencias no especificadas.
Imran Mulla
Un alto asesor jurídico del Departamento de Estado de Estados Unidos ha lanzado una dramática amenaza al órgano de supervisión de la Corte Penal Internacional, advirtiendo que "todas las opciones están sobre la mesa" si el tribunal no abandona las investigaciones y las órdenes de arresto contra Estados Unidos e Israel.
Reed Rubinstein hizo la amenaza el martes durante una reunión de la Asamblea de Estados Partes (AEP), el órgano de supervisión de la CPI, en Nueva York.
“Utilizaremos todos los instrumentos diplomáticos, políticos y jurídicos apropiados y eficaces para bloquear los excesos de la CPI”, advirtió el representante estadounidense.
"Nuestras sanciones adicionales del 5 de junio deberían subrayar nuestra determinación", añadió, refiriéndose a la reciente decisión de Estados Unidos de sancionar a cuatro jueces de la CPI que emitieron órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ex ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, en noviembre pasado.
Rubinstein continuó amenazando a la CPI: "Para ser claros, esperamos que se pongan fin a todas las acciones de la CPI contra Estados Unidos y nuestro aliado Israel, es decir, todas las investigaciones y todas las órdenes de arresto", dijo.
"Si no, todas las opciones permanecen sobre la mesa".
La AEP se reunió para discutir una posible enmienda al Estatuto de Roma, el tratado fundador de la CPI, para ampliar la jurisdicción de la corte sobre el "crimen de agresión".
La corte tiene jurisdicción en los 125 países que reconocen su autoridad.
Pero la enmienda le daría poder para perseguir el crimen de agresión si se cometiera en el territorio de un Estado miembro de la CPI, como ya ocurre con los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra y el genocidio.
Ni Estados Unidos ni Israel son parte del Estatuto de Roma y han rechazado durante mucho tiempo la autoridad del tribunal. A Rubinstein se le permitió asistir y hablar en la reunión como observador.
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| AMNISTÍA INTERNACIONAL/ En respuesta a la orden ejecutiva anunciada hoy por el presidente Trump, que impone sancionesa la Corte Penal Internacional (CPI), Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, ha afirmado: “Esta temeraria acción transmite el mensaje de que Israel está por encima de la ley y de los principios universales de la justicia internacional. Sugiere que el presidente Trump respalda los crímenes del gobierno israelí y asume la impunidad." |
El tribunal ha investigado anteriormente presuntos crímenes de guerra cometidos por fuerzas estadounidenses estacionadas en Afganistán, país signatario del Estatuto de Roma.
Rubinstein afirmó que "la CPI ha llevado a cabo acciones ilegítimas y sin fundamento contra Estados Unidos y nuestro aliado cercano Israel".
Agregó que la CPI "ha abusado injustamente de su poder y que su conducta maligna amenaza con infringir la soberanía de Estados Unidos y socavar nuestra crucial labor en materia de seguridad nacional y política exterior".
Y recordó a la ASP las sanciones financieras y de visas que Estados Unidos impuso al Fiscal Jefe de la CPI, Karim Khan, en febrero.
A Khan, ciudadano británico, le han revocado la visa estadounidense y a su esposa e hijos se les ha prohibido viajar a Estados Unidos. Sus cuentas bancarias han sido congeladas en el Reino Unido.
Rubinstein, asesor del Departamento de Estado, ha sido ampliamente criticado en Estados Unidos por afirmar en las redes sociales en febrero de 2024 que la administración Biden tenía un "programa masivo para derrocar al gobierno israelí".
Cuando se le preguntó sobre su postura durante una audiencia de relaciones exteriores del Senado en marzo, Rubinstein dijo: "Durante la administración Obama, el Departamento de Estado estaba manejando dinero para financiar una operación antigubernamental dentro de Israel.
Muchas de las mismas personas que estuvieron involucradas en el Departamento de Estado de la administración Obama regresaron bajo la presidencia de Biden, y me parece, basándome en correos electrónicos que obtuve a través de la Ley de Libertad de Información y que leímos, que se estaba aplicando la misma estrategia.
La senadora Jeanne Shaheen, miembro de mayor rango del comité, dijo que sus declaraciones constituían "teorías de conspiración".
La escalada de las sanciones estadounidenses
El mensaje de Rubinstein a la ASP llegó un día antes de que la administración Trump anunciara el miércoles que impondría sanciones a Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para Palestina.Las sanciones siguen al mordaz informe de Albanese del 30 de junio, en el que nombró a más de 60 empresas, incluidas importantes firmas tecnológicas estadounidenses como Google, Amazon y Microsoft, que, según ella, estaban involucradas en "la transformación de la economía de ocupación de Israel en una economía de genocidio".
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declaró el miércoles por la noche que «la campaña de guerra política y económica de Albanese contra Estados Unidos e Israel ya no será tolerada».
Las sanciones congelarán todos los activos que Albanese, ciudadana italiana, tenga en Estados Unidos y probablemente restringirán su capacidad de viajar a ese país.
El jueves, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó a la "pronta reversión" de las sanciones contra Albanese. Dijo que "los ataques y amenazas contra los titulares de mandatos de Procedimientos Especiales, así como contra instituciones clave como la Corte Penal Internacional, deben cesar".
La CPI está cada vez más traicionada y muchos expertos creen que el propio tribunal podría pronto ser objeto de sanciones estadounidenses si no se retiran las órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant.
Khan, su fiscal jefe británico, se encuentra actualmente de licencia tras intentos fallidos de suspenderlo y a la espera de una investigación de las Naciones Unidas sobre las acusaciones de agresión sexual en su contra, que él niega.
Se fue de licencia en mayo porque, según se informa, estaba preparando nuevas órdenes de arresto contra los ministros israelíes de extrema derecha Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich por su promoción de asentamientos israelíes ilegales en la Cisjordania ocupada.
Las órdenes de arresto están ahora en manos de dos fiscales adjuntos y el tribunal ordenó recientemente que no se puedan hacer públicas más órdenes de arresto.
'Disparo de advertencia sobre la proa'
Un destacado abogado defensor de la CPI, Nicholas Kaufman, dijo a la radio pública israelí Kan en un podcast el 8 de junio que las recientes sanciones estadounidenses contra cuatro jueces de la CPI "estaban pensadas para alentar la retirada de las órdenes de arresto contra el Primer Ministro Netanyahu y el ex Ministro de Defensa Gallant".Kaufman añadió: «En consecuencia, la mayoría de los comentaristas creen que [la imposición de sanciones] es una advertencia más, por así decirlo, antes de sancionar a los fiscales adjuntos que sustituyeron a Karim Khan, quien se ha tomado una licencia voluntaria debido a las acusaciones de conducta sexual inapropiada».
MEE reveló el 16 de junio que el gobierno británico estaba presionando a Estados Unidos para que no sancionara al propio tribunal.
Fuentes diplomáticas dijeron que Estados Unidos informó a sus aliados que para evitar enfrentar más sanciones, el tribunal debe cerrar permanentemente todas las acciones contra Estados Unidos e Israel.
Estados Unidos también afirmó que la CPI debe comprometerse a no atacar a ciudadanos estadounidenses ni a aliados de Estados Unidos que no hayan dado su consentimiento a la jurisdicción de la corte.
Si Estados Unidos sanciona a la corte como institución, esto impediría que los bancos y las empresas de software traten con ella, lo que podría resultar una amenaza existencial para la CPI, ya que podría destruir su capacidad de funcionar.
PRENSA


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