A dos años de un genocidio anunciado
816 días de tecnogenocidio en Gaza
y anexión de Cisjordania, Palestina ocupada
Publicado originalmente
en DESCIFRANDO LA GUERRA
(Portal dedicado al seguimiento y análisis de la política internacional.
Hablamos sobre conflictos, disputas comerciales, elecciones, movimientos
de protesta y otros acontecimientos clave.)
el 18/09/2025
Versión al español Zyanya Mariana
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| El centro de Talbieh, uno de los campos de refugiados palestinos más grandes que hay en Jordania. Fuente: Omar Chatriwala - bajo CC BY-NC-ND 2.0 |
Los refugiados palestinos en Jordania ante el genocidio en Gaza
El 11 de febrero de 2025, el rey Abdalá II de Jordania se reunió con el presidente estadounidense, Donald Trump, para debatir sobre el plan de expulsión forzosa de más de dos millones de palestinos desde la Franja de Gaza hacia Jordania y Egipto. A pesar de la negativa del monarca jordano, la discusión de dicho plan volvió a poner en evidencia la complicidad de ciertos Estados árabes frente al proceso de exterminio del pueblo palestino.
El presente artículo analiza la evolución de la relación entre
Jordania y la población refugiada palestina, así como la forma en que la
discriminación sufrida por parte de esta comunidad dentro del Estado
jordano ha terminado por trasladarse, también en el plano legal, hacia
otras poblaciones refugiadas en el país.
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| Muhammad Ali (nacido como Cassius Marcellus Clay Jr.) (1942-2016) visita un campamento de refugiados palestinos en el sur de Líbano en 1974 |
La cuestión palestina en Jordania
En la década de 1930 –cuando Jordania se denominaba Transjordania y se encontraba bajo control británico–, el rey Abdalá I –bisabuelo del actual monarca– promovió una relación de cooperación con el movimiento sionista, convirtiéndose en un aliado estratégico. Esta alianza se basaba, en gran medida, en una enemistad compartida hacia la causa palestina, lo que marcó los primeros indicios de un nacionalismo transjordano definido por su firme oposición al nacionalismo palestino.
En este contexto, Abdalá intentó persuadir a la Yishuv –la comunidad judía de Palestina bajo el Imperio Otomano y, posteriormente, bajo el Mandato Británico– de la utilidad de establecer un Estado unitario integrado por palestinos, transjordanos y judíos bajo su liderazgo. Tal como señala el historiador Avi Shlaim, estos contactos fueron aprovechados por el movimiento sionista como una estrategia para “asegurar el apoyo de un dirigente árabe como contrapeso al antagonismo palestino”.
Sin embargo, los planes del rey Abdalá no se desarrollaron como él había previsto. Aunque Transjordania obtuvo su independencia de Reino Unido en 1946, la Nakba y la proclamación del Estado de Israel en 1948 hicieron inviable la idea de un Estado unitario liderado por Transjordania. En consecuencia, Abdalá optó por aceptar el plan de partición de Palestina propuesto por Tel Aviv, ocupando y anexionándose la actual Cisjordania en 1951, tras la primera guerra árabe-israelí, otorgando la ciudadanía jordana a aproximadamente medio millón de refugiados palestinos.
Según la profesora Julieta Espín Ocampo, en su estudio La lucha identitaria palestina a través del fútbol: Al Wehdat FC en Jordania, con dicha anexión el rey buscó desarrollar una identidad nacional común basada en cuatro premisas fundamentales: el reconocimiento de la dinastía hachemita como símbolo de la actual Jordania; el supuesto compromiso con los ideales panarabistas; el aparente reconocimiento del “derecho al retorno” de los palestinos; y la unidad de los territorios a ambas orillas del río Jordán.
Desde entonces, la ciudadanía jordana –aquella que implica el ejercicio pleno de derechos– se ha estructurado principalmente en torno a dos grandes grupos: el transjordano y el palestino.
La llamada Guerra de los Seis Días, en el verano de 1967, supuso la pérdida del control jordano sobre Jerusalén Oriental y Cisjordania –con su desanexión formal en 1988– e introdujo importantes cambios en su relación con la población palestina. Jordania no solo perdió cerca de la mitad de su territorio habitado, sino que fue testigo de un segundo éxodo de refugiados palestinos hacia su territorio.
La consecuencia política más significativa de esta derrota fue el fortalecimiento de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) como representante legítimo del pueblo palestino, tanto dentro como fuera de los Territorios Ocupados. Este proceso desembocó en la guerra civil de 1970 –conocida como Septiembre Negro– entre el ejército jordano y la OLP, que concluyó con la expulsión de la organización hacia Líbano.
El nuevo auge del nacionalismo palestino tras la guerra, así como las
actividades políticas desarrolladas principalmente en los campamentos
de refugiados, generaron cambios significativos en las políticas y
actitudes del régimen jordano hacia esta comunidad. Uno de los hitos más
reveladores de este viraje fue la firma del tratado de paz con el
Estado de Israel en 1994.
El estatus de los refugiados en Jordania
A día de hoy, más de seis millones de ciudadanos jordanos son de origen palestino. Sin embargo, según datos de la UNRWA, alrededor de tres millones de personas palestinas en Jordania se encuentran en condición de refugio, y unas 150.000 originarias de la Franja de Gaza viven en situación de apatridia.
Los ciudadanos jordanos de origen palestino tienen derecho al voto, acceso a los servicios públicos –como la educación superior– y la posibilidad de trabajar en el sector público. Gracias a la ciudadanía que les fue concedida, muchos han logrado salir de los campamentos de refugiados y ascender económica y socialmente dentro del reino hachemita. Esta integración, sin embargo, ha generado diferencias en el grado de activismo político entre quienes residen dentro y fuera de los campamentos.
En consecuencia, el compromiso con la causa del retorno a la
Palestina histórica y el activismo político ha tendido a diluirse entre
quienes lograron integrarse en los sectores acomodados de la sociedad
jordana. En contraste, los grupos más desfavorecidos –particularmente
aquellos que aún residen en los campamentos de refugiados– han mantenido
una postura activa en la reivindicación del derecho al retorno.
Esta integración parcial de la comunidad palestina no ha implicado que esté libre de discriminación. Con frecuencia, los ciudadanos jordanos de origen palestino son objeto de recelos por parte de la población jordana “autóctona”, especialmente en lo que respecta a su lealtad al régimen. Esta desconfianza ha derivado en la implementación de políticas de “jordanización” orientadas a limitar su participación política y reforzar la identidad nacional transjordana.
No obstante, cabe señalar que no se trata de la única comunidad que
ha enfrentado discriminación en el país. En la actualidad, Jordania
acoge a aproximadamente 1,3 millones de personas refugiadas procedentes
de Siria, de las cuales solo alrededor de la mitad están registradas
oficialmente por ACNUR. Durante década y media, la percepción de
competencia por recursos limitados ha derivado en actitudes
discriminatorias y violencia hacia dicha población.En 2015, un informe de Carnegie Endowment for International Peace reveló
que el 85% de los trabajadores jordanos se oponía a la libre entrada de
personas sirias al país, el 65% creía que deberían residir tan solo en
campos de refugiados, y el 96% consideraba que les arrebatan
oportunidades laborales.
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De esta manera, a lo largo de las últimas décadas, la política
migratoria de Jordania ha estado marcada por un enfoque altamente
restrictivo y discriminatorio hacia las personas refugiadas. Aunque el
país ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, no ha suscrito la Convención de Ginebra de 1951 ni
su Protocolo de 1967, considerados pilares fundamentales del derecho
internacional en materia de protección de personas refugiadas.
La única disposición legal relevante en esta materia es un Memorando de Entendimiento firmado con ACNUR en 1998, mediante el cual se otorga a dicho organismo la responsabilidad de determinar el estatus de refugiado para quienes soliciten asilo en Jordania. El acuerdo también reconoce la necesidad de permitir que las personas refugiadas que residen legalmente en el país puedan ejercer determinadas profesiones con el fin de garantizar su subsistencia y la de sus familias.
No obstante, en la práctica, existen numerosos obstáculos estructurales que dificultan su acceso al mercado laboral, particularmente en sectores clave como la medicina, la educación, los servicios, el transporte y la administración pública, entre otros.
La carta magna ratificada en 1954, junto con la Ley de Residencia y Asuntos Exteriores de 1973, establece de forma explícita que el derecho al trabajo está reservado exclusivamente a la ciudadanía jordana, e instruye a las empresas a abstenerse de contratar a personas que no cuenten con un permiso de residencia válido.
Asimismo, el acceso al sistema educativo público se encuentra
restringido. Solo quienes cuentan con un certificado válido de
solicitante de asilo y una tarjeta de servicios emitida por el
Ministerio del Interior pueden matricularse en instituciones públicas.
Aquellos que no disponen de esta documentación únicamente pueden acceder
a programas educativos informales gestionados por oenegés u
organizaciones religiosas.
Jordania frente al creciente malestar
A pesar de que aproximadamente la mitad de la población jordana es de origen palestino, y de que el país alberga una de las mayores proporciones de personas refugiadas per cápita del mundo, este contexto ha sido estratégicamente instrumentalizado por la monarquía hachemita como una herramienta de legitimación y proyección internacional.
Jordania ha cultivado una imagen de Estado supuestamente tolerante y acogedor hacia las personas refugiadas, mientras normalizaba relaciones diplomáticas con Israel, lo que le ha permitido posicionarse como un aliado clave en la región y atraer un importante flujo de apoyo financiero externo. Actualmente, es el tercer mayor receptor de ayuda estadounidense, solo por detrás del Estado sionista y Ucrania.
Amán también ha instrumentalizado esta realidad para disuadir cualquier tentativa de movilización popular y reforma democrática real, y ha recordado a la ciudadanía cómo la organización social para exigir demandas democráticas puede desembocar en un conflicto armado, como en el caso de Siria.
En este sentido, pese a proyectarse como una monarquía reformista, el rey ostenta amplios poderes y, en la práctica, las reformas políticas y administrativas han sido tímidas, con mínimos intentos de descentralización que no han logrado una mayor autonomía de las comunidades locales
En línea con esta estrategia, pese a que Abdallá II rechazara públicamente en febrero acoger a la población procedente de la Franja de Gaza –bajo el argumento de que supondría aceptar el plan de limpieza étnica–, evitó toda confrontación directa con Donald Trump durante su visita a la Casa Blanca.
No fue hasta horas después del encuentro que el monarca expresó en su cuenta de X su rechazo a una expulsión masiva de población palestina, en una maniobra que parecía más orientada a apaciguar el descontento interno que a manifestar una oposición real a la limpieza étnica. A su regreso a Amán, el rey fue recibido por miles de personas en un acto cuidadosamente preparado y escenificado para reafirmar su supuesta popularidad y fortaleza.
El creciente malestar social hacia la monarquía hachemita se ha reflejado de distintas formas. Este descontento se ha visto alimentado por las consecuencias sociales, económicas y humanas del genocidio en la Franja de Gaza, con la población palestina sintiendo que la respuesta del gobierno jordano ha sido insuficiente o nula.
En las elecciones parlamentarias de septiembre de 2024, el Frente de
Acción Islámica –brazo político de los Hermanos Musulmanes en Jordania y
muy crítico con la inacción del gobierno ante el genocidio– fue el partido más votado: triplicó el número de escaños que tenía. Meses después, el gobierno ilegalizó dicha organización y ordenó el cierre de todas sus sedes y oficinas en el país.
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