A dos años de un genocidio anunciado
759 días de genocidio en Gaza
y anexión de Cisjordania, Palestina ocupada
Publicado originalmente
en +972 Magazine
(es una agencia de noticias israelí de izquierda fundada en 2010)
en colaboración con Local Call
el 29/10/2025
Versión al español Zyanya Mariana
Sin restricciones y con un guiño cómplice: El acuerdo entre Israel, Google y Amazon.
Para asegurarse el lucrativo contrato del Proyecto Nimbus, los gigantes tecnológicos acordaron ignorar sus propios términos de servicio y eludir las órdenes judiciales alertando a Israel si un tribunal extranjero solicitaba sus datos, según revela una investigación conjunta.
Yuval Abraham
En 2021, Google y Amazon firmaron un contrato de 1200 millones de dólares con el gobierno israelí para proporcionarle servicios avanzados de computación en la nube e inteligencia artificial, herramientas que se utilizaron durante la ofensiva israelí de dos años en la Franja de Gaza. Los detalles del lucrativo contrato, conocido como Proyecto Nimbus, se mantuvieron en secreto.
Sin embargo, una investigación de +972 Magazine, Local Call y The Guardian revela ahora que Google y Amazon se sometieron a "controles" sumamente inusuales que Israel incluyó en el acuerdo, anticipándose a posibles demandas legales por el uso de la tecnología en la Cisjordania ocupada y Gaza.
Documentos filtrados del Ministerio de Finanzas israelí, obtenidos por The Guardian —incluida una versión final del contrato— y fuentes familiarizadas con las negociaciones, revelan dos exigencias rigurosas que Israel impuso a los gigantes tecnológicos como parte del acuerdo. La primera prohíbe a Google y Amazon restringir el uso que Israel hace de sus productos, incluso si dicho uso infringe sus términos de servicio. La segunda obliga a las empresas a notificar secretamente a Israel si un tribunal extranjero les ordena entregar los datos del país almacenados en sus plataformas en la nube, eludiendo así sus obligaciones legales.
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El Proyecto Nimbus, con una duración inicial de siete años y posibilidad de prórroga, fue diseñado para permitir a Israel transferir grandes cantidades de datos pertenecientes a sus agencias gubernamentales, servicios de seguridad y unidades militares a los servidores en la nube de las dos compañías: Amazon Web Services y Google Cloud Platform. Sin embargo, incluso dos años antes del 7 de octubre, los funcionarios israelíes que redactaron el contrato ya habían previsto la posibilidad de que se presentaran demandas contra Google y Amazon por el uso de su tecnología en los territorios ocupados.
Un escenario que preocupaba especialmente a los funcionarios era que un tribunal de alguno de los países donde operan las compañías ordenara entregar datos israelíes a la policía, la fiscalía o las agencias de seguridad para colaborar con una investigación; por ejemplo, si el uso que Israel hace de sus productos estuviera vinculado a violaciones de derechos humanos contra los palestinos.
La Ley CLOUD (2018) permite a las agencias policiales estadounidenses obligar a los proveedores de servicios en la nube con sede en EE. UU. a entregar datos, incluso si están almacenados en servidores en el extranjero. En la Unión Europea, las leyes de debida diligencia pueden exigir a las empresas que identifiquen y aborden las violaciones de derechos humanos en sus cadenas de suministro globales, y los tribunales pueden intervenir si no se cumplen estas obligaciones.
Cabe destacar que, a menudo, las empresas que reciben una orden de entrega de datos se ven impedidas por el tribunal o la agencia policial de revelar los detalles de la solicitud al cliente afectado. Para abordar esta vulnerabilidad percibida, según revelan los documentos, las autoridades israelíes exigieron una cláusula en el contrato que obligara a las empresas a advertir secretamente a Israel si alguna vez se vieran obligadas a entregar sus datos, pero la ley les prohibiera revelar este hecho.
Según The Guardian, esta señalización se realiza mediante un código secreto —parte de un acuerdo que se conocería como el «mecanismo de advertencia», pero que en el contrato se denomina «compensación especial»— mediante el cual las empresas están obligadas a enviar al gobierno israelí pagos de cuatro dígitos en séqueles israelíes (NIS) que corresponden al código de marcación internacional del país pertinente seguido de ceros.
Por ejemplo, si Google o Amazon se vieran obligados a compartir datos con las autoridades estadounidenses (código +1) y un tribunal de EE. UU. les prohibiera revelar dicha acción, transferirían 1000 NIS a Israel. Si se produjera una solicitud similar en Italia (código +39), enviarían 3900 NIS. El contrato estipula que estos pagos deben realizarse «en un plazo de 24 horas desde la transferencia de la información».
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| Miles
de personas protestan contra el contrato de Google con Israel, que
proporciona reconocimiento facial y otras tecnologías, en medio de la
guerra de Gaza, frente a las oficinas de Google en San Francisco, el jueves 14 de diciembre de 2023. (Santiago Mejia/San Francisco Chronicle vía AP) |
Si Google o Amazon concluyen que los términos de una orden de silencio les impiden siquiera indicar qué país ha recibido los datos, existe una solución alternativa: deben pagar al gobierno israelí 100.000 NIS (30.000 dólares).
Expertos legales, entre ellos varios exfiscales estadounidenses, describieron este acuerdo a The Guardian como sumamente inusual, explicando que los mensajes cifrados podrían infringir las obligaciones legales de las empresas en Estados Unidos de mantener en secreto una citación judicial. «Parece una artimaña bastante ingeniosa, y si el gobierno estadounidense, o mejor dicho, un tribunal, llegara a comprenderla, no creo que la aprueben demasiado», declaró un exabogado del gobierno estadounidense.
Otros expertos describieron el mecanismo como una solución «ingeniosa» que podría cumplir con la letra de la ley, pero no con su espíritu.
Al parecer, las autoridades israelíes lo han reconocido. Según los documentos, señalaron que sus exigencias sobre cómo Google y Amazon debían responder a una orden emitida por EE. UU. «podrían entrar en conflicto» con la legislación estadounidense, y que las empresas tendrían que elegir entre «incumplir el contrato o incumplir sus obligaciones legales».
Ni Google ni Amazon respondieron a las preguntas sobre si habían utilizado el código secreto desde que entró en vigor el contrato de Nimbus.
«Contamos con un riguroso proceso global para responder a órdenes legales y vinculantes relacionadas con datos de clientes», declaró un portavoz de Amazon. «No tenemos ningún procedimiento para eludir nuestras obligaciones de confidencialidad en órdenes legalmente vinculantes».
Un portavoz de Google afirmó que era «falso» «insinuar que de alguna manera estábamos involucrados en actividades ilegales, lo cual es absurdo». El portavoz añadió: «La idea de que eludiríamos nuestras obligaciones legales con el gobierno de EE. UU., ya sea como empresa estadounidense o en cualquier otro país, es categóricamente errónea».
Un portavoz del Ministerio de Finanzas de Israel declaró: “La insinuación del artículo de que Israel obliga a las empresas a infringir la ley carece de fundamento”.
«Uso aceptable»
Según los documentos filtrados y fuentes con conocimiento de las discusiones internas, a los funcionarios israelíes también les preocupaba que el acceso a los servicios en la nube de Google o Amazon pudiera restringirse o interrumpirse por completo, ya sea como resultado de un fallo judicial extranjero o de una decisión unilateral de las propias empresas en respuesta a la presión de empleados o accionistas.
A los funcionarios les preocupaba especialmente que activistas y organizaciones de derechos humanos pudieran utilizar las leyes de ciertos países europeos para demandar a las empresas y exigir el fin de sus relaciones comerciales con Israel, sobre todo si sus productos estaban vinculados a violaciones de derechos humanos.
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| Trabajadores
de Google y Amazon protestan contra la colaboración de sus empresas con el ejército israelí en la cumbre anual de Amazon Web Services en Nueva York, el 26 de julio de 2023. (X/No Tech For Apartheid) |
El mes pasado, después de que +972, Local Call y The Guardian revelaran que Israel había violado los términos de servicio de Microsoft al usar su plataforma en la nube para almacenar un enorme archivo de llamadas telefónicas interceptadas realizadas por palestinos, el gigante tecnológico revocó el acceso del ejército israelí a algunos de sus productos.
En contraste, los documentos filtrados indican que el contrato de Nimbus prohíbe específicamente a Google y Amazon imponer sanciones similares a Israel, incluso si las políticas de la empresa cambian o si el uso que Israel hace de la tecnología viola sus términos de servicio. Hacerlo, según los documentos, no solo daría lugar a acciones legales por incumplimiento de contrato, sino que también acarrearía fuertes multas.
La disposición de ambas empresas a aceptar estas condiciones fue, al parecer, una de las razones por las que ganaron el contrato de Nimbus frente a Microsoft, cuya relación con el gobierno y el ejército israelíes se rige por contratos independientes. De hecho, fuentes de inteligencia informaron a The Guardian que Israel planeaba trasladar su archivo de vigilancia de la nube de Microsoft a la plataforma de Amazon después de que la primera bloqueara su acceso.
Google parecía ser consciente de que cedería en gran medida el control sobre cómo Israel usaría su tecnología, a pesar de afirmar repetidamente que sus productos solo son utilizados por ministerios del gobierno israelí que “aceptan cumplir con nuestros términos de servicio y política de uso aceptable”.
The Intercept informó el año pasado que Nimbus se rige por un conjunto de políticas “adaptadas” acordadas entre Google e Israel, en lugar de la política general de términos de servicio de computación en la nube de la compañía. La publicación citó un correo electrónico filtrado de un abogado de Google que advertía que, si la compañía ganaba el acuerdo, “tendría que aceptar un contrato no negociable con términos favorables al gobierno”.
Las políticas de “uso aceptable” de ambas compañías tecnológicas establecen que sus plataformas en la nube no deben utilizarse para violar los derechos legales de terceros, ni para participar en actividades que causen “daños graves” a las personas, ni para fomentarlas. Sin embargo, una fuente familiarizada con la redacción del contrato afirmó que este deja claro que no puede haber “ninguna restricción” sobre el tipo de datos almacenados en las plataformas en la nube de Google y Amazon.
Un análisis del acuerdo realizado por el Ministerio de Finanzas de Israel indica que el contrato con Nimbus permite a Israel utilizar cualquier servicio a su antojo, siempre y cuando no infrinja la legislación israelí, los derechos de autor ni revenda la tecnología de las empresas. Los términos del acuerdo, a los que tuvo acceso The Guardian, establecen que Israel tiene derecho a migrar a la nube o generar en ella cualquier contenido que desee.
Un memorándum gubernamental, difundido varios meses después de la firma del acuerdo, afirmaba que el hecho de que los proveedores de servicios en la nube hubieran aceptado subordinar sus propios términos de servicio a los del contrato demuestra que comprenden las necesidades del gobierno israelí y están dispuestos a aceptar sus exigencias.
Google y Amazon han enfrentado crecientes críticas por parte de empleados e inversores debido al papel que Nimbus ha desempeñado en la devastadora ofensiva israelí contra Gaza, que numerosas organizaciones de derechos humanos y una comisión de investigación de la ONU han calificado de genocidio. En declaraciones reveladas por +972 y Local Call el año pasado, un comandante del Centro de Sistemas de Computación e Información del ejército israelí afirmó que los servicios de IA y la nube de los gigantes tecnológicos habían proporcionado a Israel una "eficacia operativa muy significativa" en la Franja.
Múltiples fuentes de seguridad israelíes confirmaron que el ejército ha hecho un uso extensivo de la infraestructura establecida a través de Nimbus, incluyendo los grandes centros de datos que Google y Amazon construyeron en Israel.
Con las cláusulas mencionadas, los funcionarios israelíes buscaban evitar una situación en la que las empresas "decidieran que un cliente en particular les está causando perjuicios y, por lo tanto, dejaran de prestarles servicios", según se indica en un documento.
Cuando se redactó el contrato, los funcionarios consideraron que las probabilidades de enfrentar impugnaciones legales en el extranjero eran mínimas. Pero con la opinión pública mundial cada vez más en contra de Israel, y a medida que periodistas internacionales presionan para entrar en Gaza y presenciar la destrucción causada por una campaña de aniquilación impulsada por tecnología digital avanzada, esa suposición podría quedar obsoleta.
Google se negó a comentar cuáles de las exigencias de Israel había aceptado en el acuerdo final. «Hemos sido muy claros respecto al contrato de Nimbus, su finalidad y los términos de servicio y la política de uso aceptable que lo rigen», declaró un portavoz. «Nada ha cambiado. Esto parece ser otro intento de insinuar falsamente lo contrario».
Un portavoz de Amazon afirmó que la empresa respeta «la privacidad de nuestros clientes y no hablamos de nuestra relación sin su consentimiento ni tenemos acceso a su carga de trabajo».
Un portavoz del Ministerio de Finanzas de Israel declaró que ambas empresas están «sujetas a estrictas obligaciones contractuales que salvaguardan los intereses vitales de Israel», y añadió que «estos acuerdos son confidenciales y no legitimaremos las afirmaciones del artículo divulgando términos comerciales privados».
Harry Davies, de The Guardian, contribuyó a este reportaje.
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| Primer párrafo, capítulo IX "Genocidio" de Raphael Lemkin, quien acuñara el término. |
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