A dos años de un genocidio anunciado
782 días de tecnogenocidio en Gaza
y anexión de Cisjordania, Palestina ocupada
Publicado originalmente
en MONDOWEISS
(sitio web de noticias fundado en EU en 2010 con una perspectiva judía progresista)
el 19/11/2025
versión al español Zyanya Mariana
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| El Consejo de Seguridad adopta la resolución 2803 durante la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU del 17 de noviembre de 2025, aprobando el "plan de paz" del presidente estadounidense Donald Trump para Gaza. (Foto: ONU/Loey Felipe) |
La ONU abraza el colonialismo: Análisis del mandato del Consejo de Seguridad para la administración colonial estadounidense de Gaza
El respaldo del Consejo de Seguridad al plan de Trump para Gaza ignora el derecho internacional, castiga a los palestinos y recompensa a los responsables de genocidio.
Craig Mokhiber
Más de dos años después del genocidio en Palestina, el Consejo de Seguridad de la ONU finalmente actuó. Sin embargo, en lugar de actuar para hacer cumplir el derecho internacional, proteger a las víctimas y exigir responsabilidades a los perpetradores, adoptó una resolución que viola abiertamente disposiciones clave del derecho internacional, desempodera y castiga aún más a las víctimas, y recompensa y empodera a los perpetradores.
Lo más inquietante es que entrega el control de Gaza y de los sobrevivientes del genocidio a Estados Unidos, coautor del genocidio, y prevé la participación del régimen israelí en la toma de decisiones. Según el plan, los propios palestinos no tendrán dicha participación en las decisiones sobre sus propios derechos, gobernanza y vidas.
Al adoptar esta resolución, el Consejo, en efecto, se ha convertido en un mecanismo de opresión estadounidense, un instrumento para la continua ocupación ilegal de Palestina y un actor cómplice del genocidio israelí.
Desde que la ONU dividió Palestina en 1947 contra la voluntad de los pueblos indígenas, sentando las bases para 80 años de Nakba, la ONU no había actuado de una manera tan descaradamente colonial (y legalmente ultra vires) ni había pisoteado con tanta imprudencia los derechos de un pueblo.
En lo que será recordado durante mucho tiempo como un día de vergüenza para la ONU, si bien Rusia y China se abstuvieron, no ejercieron su derecho de veto, y ningún miembro del Consejo de Seguridad tuvo el coraje, los principios ni el respeto por el derecho internacional para votar en contra de lo que solo puede considerarse un ultraje colonial estadounidense, una ratificación del genocidio y una flagrante abdicación de los principios de la Carta de la ONU.
La resolución rechaza implícitamente una serie de fallos recientes de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), niega abiertamente el derecho palestino a la autodeterminación y refuerza la impunidad del régimen israelí, incluso mientras continúa el genocidio.
A pesar de que la CIJ ha determinado que el pueblo palestino tiene derecho a la autodeterminación en su territorio, la resolución lo despoja de inmediato, empoderando a fuerzas extranjeras hostiles para gobernarlo.
A pesar de la conclusión de la Corte de que Gaza (así como Cisjordania y Jerusalén Oriental) está ocupada ilegalmente y que la ocupación debe cesar rápida y completamente, la resolución extiende la ocupación israelí, avala la presencia indefinida de las tropas del régimen israelí y le impone una segunda ocupación liderada por Estados Unidos.
Y a pesar de la conclusión de la Corte de que los palestinos no necesitan negociar sus derechos con sus opresores, y que ningún acuerdo o proceso político puede prevalecer sobre ellos, la resolución los anula y los deja a la discreción de Estados Unidos, Israel y otros socios.
Incluso en medio de un genocidio en curso perpetrado por un régimen de apartheid, en ningún punto de la resolución se mencionan los crímenes de genocidio, apartheid o colonización, los miles de palestinos que aún permanecen recluidos en campos de tortura y exterminio israelíes, ni los principios de rendición de cuentas para los perpetradores ni la reparación para las víctimas. Israel tampoco está obligado a cumplir con sus obligaciones legales de compensación y reparación, ya que dicha responsabilidad recae en donantes e instituciones financieras internacionales, lo que equivale a un rescate multimillonario del régimen israelí. En resumen, la resolución garantiza la total impunidad del régimen israelí, además de impulsar su normalización.
Faculta a la Junta de Paz, dirigida por Trump, para que actúe como administración de transición que gobierne toda Gaza, controle todos los servicios y la ayuda, controle la circulación de personas dentro y fuera de Gaza, y controle la estructura, la financiación y la reconstrucción de Gaza. Además, incluye la autorización, formulada de forma peligrosamente amplia, de "cualquier otra tarea que pueda requerirse". Además, otorga autoridad previa a la junta de Trump para establecer "entidades operativas" y "autoridades transaccionales" indefinidas, a su propia discreción.
La resolución incluso prevé un cuerpo colaboracionista de tecnócratas palestinos que reciben órdenes de la Junta de Paz de Trump y le rinden cuentas, en su propio territorio. En clara violación del derecho internacional, rechaza el control palestino de su propio territorio en Gaza hasta que Trump y sus colaboradores decidan que la Autoridad Palestina ha cumplido con los requisitos de reforma establecidos por el propio Trump y por la igualmente odiosa "Propuesta Franco-Saudí". Y no contiene promesa alguna de independencia o soberanía palestina.
En cambio, en directa contradicción con las conclusiones de la CIJ, perjudica la causa de la libertad y la autodeterminación palestinas con una línea vaga, excesivamente matizada y evasiva que afirma que, DESPUÉS de que los organismos liderados por Trump decidan que los palestinos han cumplido con los criterios indefinidos de "reforma y desarrollo", "las condiciones podrían finalmente estar dadas para una VÍA creíble hacia la autodeterminación y la creación de un Estado palestino".
Y cualquier atisbo de esperanza de progreso que quede dentro de esas condiciones se ve finalmente frustrado por la cláusula de golpe de gracia que establece que cualquier proceso de ese tipo hacia esos fines será controlado por el propio Estados Unidos. En otras palabras, el Consejo de Seguridad de la ONU ha otorgado un veto sobre la autodeterminación palestina a Estados Unidos, principal patrocinador y coautor del genocidio del régimen israelí.
La resolución ni siquiera ofrece esperanzas de que cese la privación sistemática del pueblo palestino en Gaza. Si bien la CIJ ha declarado que deben cesar las restricciones a la ayuda, la resolución solo subraya la importancia de la ayuda humanitaria. No exige su libre flujo y distribución.
Sus miembros serán identificados como "en cooperación con" el régimen israelí y trabajarán con él para controlar a los supervivientes palestinos en Gaza.
Tendrá el mandato de asegurar las fronteras (es decir, encerrar a los palestinos), estabilizar el entorno de seguridad de Gaza (es decir, suprimir cualquier resistencia a la ocupación, el apartheid o el genocidio), desmilitarizar Gaza (pero no al régimen israelí), destruir las capacidades de defensa militar de Gaza (pero no las de Israel), desmantelar las armas de la resistencia palestina (pero no las del régimen israelí), entrenar a la policía palestina (para controlar al pueblo palestino dentro de Gaza) y trabajar para los (nefastos) objetivos del "Plan Integral (de Trump)".
La fuerza también tiene el mandato de "proteger a los civiles" y prestar ayuda humanitaria, en la medida en que Estados Unidos lo permita (o esté dispuesto a hacerlo). Pero que dicha fuerza, que colaborará con Israel, no haría nada para resistir la agresión y los ataques israelíes contra civiles debería ser ya evidente.
Y se trata de "vigilar el alto el fuego", un alto el fuego garantizado por Estados Unidos que ha permitido continuos ataques israelíes contra Gaza a diario desde su declaración (con cientos de muertos y una destrucción masiva de infraestructura civil), pero que no tolera represalias por parte de la resistencia palestina. Es lógico suponer que cualquier vigilancia del alto el fuego por parte de dicha fuerza se centrará principalmente en el lado palestino, no en el régimen israelí como potencia ocupante.
En otras palabras, la misión de esta fuerza de ocupación subsidiaria es controlar, contener y desarmar a la población víctima del genocidio, no al régimen que lo perpetra, y garantizar la seguridad no de las víctimas del genocidio, sino de sus perpetradores.
En otra flagrante violación del derecho internacional, la resolución autoriza a las fuerzas del régimen israelí a continuar ocupando Gaza (ilegalmente) hasta que la Junta de Paz, liderada por Estados Unidos, y las fuerzas del régimen israelí decidan lo contrario colectivamente. Y, en cualquier caso, la resolución establece que las FDI pueden permanecer en Gaza para ocupar un "perímetro de seguridad" indefinidamente. Por último, tanto a la Junta de Paz colonial como a su “fuerza de estabilización” de ocupación por delegación se les otorga un mandato de dos años y la posibilidad de una prórroga en consulta con Israel (y Egipto), pero no con Palestina.
Como cuestión de derecho internacional, la ocupación de Palestina es ilegal, el pueblo palestino tiene derecho a la autodeterminación y a resistir la ocupación extranjera, la dominación colonial y regímenes racistas como el israelí. Esta resolución no solo pretende negar estos derechos, sino que incluso llega al extremo de reforzar la presencia ilegal israelí y autorizar sus propios mecanismos de ocupación extranjera y dominación colonial.
Además, el Consejo de Seguridad deriva todas sus competencias de la Carta de las Naciones Unidas. Dicha Carta, como tratado, forma parte del derecho internacional, no está por encima de él. Como tal, el Consejo está sujeto a las normas del derecho internacional, incluidas, en especial, las normas más elevadas, las denominadas jus cogens y erga omnes, como la autodeterminación y la inadmisibilidad de la adquisición de territorio por la fuerza. Su flagrante desprecio por las conclusiones de la CIJ sobre estos asuntos revela hasta qué punto muchos de los términos de esta resolución son, de hecho, ilegales y ultra vires (que van más allá de la autoridad del Consejo).
Por lo tanto, las ramificaciones de esta acción deshonesta del Consejo de Seguridad de la ONU tendrán implicaciones mucho más allá de Palestina. El Consejo de Seguridad de la ONU, si no se ve limitado por el derecho internacional, se convierte en un peligroso instrumento de represión e injusticia. Esto es precisamente lo que hemos presenciado en este caso, ya que el Consejo ignoró el derecho internacional y, en la práctica, entregó a los sobrevivientes de Gaza a los coautores del genocidio.
Y los seguidores del Consejo saben muy bien que el veto se ha utilizado repetidamente en el Consejo para negar los derechos palestinos. En este caso, cuando podría haberse utilizado para proteger los derechos palestinos, el veto no se encontró. En un minuto de votación, el Consejo de Seguridad ha perdido toda legitimidad.
Estados Unidos podría amenazar y sobornar a suficientes estados para que lo apoyen en una votación de la ONU, pero conseguir suficientes tropas y personal para implementar la resolución sobre el terreno, contra la voluntad de la población indígena, bien podría ser otra cuestión. Y mantener el apoyo a medida que el plan (inevitablemente) comienza a desmoronarse será aún más difícil.
Mientras tanto, para quienes están comprometidos con la justicia, los derechos humanos y el estado de derecho, la tarea es clara. Este plan debe ser rechazado en todas las capitales y en todo momento. Se debe presionar a los gobiernos para que pongan fin a su complicidad en los abusos israelíes, los excesos estadounidenses y en este atroz plan colonial. El régimen israelí debe ser aislado. Se deben redoblar los esfuerzos de boicot, desinversión y sanciones. Se debe imponer un embargo militar, de combustible y tecnológico. Los perpetradores israelíes deben enfrentar procesos judiciales en todos los tribunales disponibles. Y las calles deben resonar con el clamor justo por la libertad palestina de millones de personas mediante manifestaciones, huelgas, desobediencia civil y acción directa.
Y cuando este castillo de naipes colonial se derrumbe, otra solución más justa estará lista para ocupar su lugar. Si la mayoría global se pone de pie ante el emperador y afirma su poder colectivo, actuando bajo el mecanismo de la Asamblea General de las Naciones Unidas "Unidos por la Paz" para eludir el veto estadounidense, adopta medidas de rendición de cuentas para aislar y castigar al régimen israelí, y brinda protección real a Palestina, la ONU podría sobrevivir para luchar otro día. De lo contrario, casi con toda seguridad se desvanecerá y morirá, víctima de heridas autoinfligidas, ninguna más profunda que la vergonzosa resolución del 17 de noviembre de 2025.
Craig Mokhiber
Más de dos años después del genocidio en Palestina, el Consejo de Seguridad de la ONU finalmente actuó. Sin embargo, en lugar de actuar para hacer cumplir el derecho internacional, proteger a las víctimas y exigir responsabilidades a los perpetradores, adoptó una resolución que viola abiertamente disposiciones clave del derecho internacional, desempodera y castiga aún más a las víctimas, y recompensa y empodera a los perpetradores.
Lo más inquietante es que entrega el control de Gaza y de los sobrevivientes del genocidio a Estados Unidos, coautor del genocidio, y prevé la participación del régimen israelí en la toma de decisiones. Según el plan, los propios palestinos no tendrán dicha participación en las decisiones sobre sus propios derechos, gobernanza y vidas.
Al adoptar esta resolución, el Consejo, en efecto, se ha convertido en un mecanismo de opresión estadounidense, un instrumento para la continua ocupación ilegal de Palestina y un actor cómplice del genocidio israelí.
Desde que la ONU dividió Palestina en 1947 contra la voluntad de los pueblos indígenas, sentando las bases para 80 años de Nakba, la ONU no había actuado de una manera tan descaradamente colonial (y legalmente ultra vires) ni había pisoteado con tanta imprudencia los derechos de un pueblo.
Una resolución infernal
El lunes 17 de noviembre, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó una propuesta estadounidense para entregar el control de Gaza a un organismo colonial liderado por Estados Unidos, llamado "Junta de Paz", al tiempo que desplegaba una fuerza de ocupación subsidiaria, también dirigida por Estados Unidos, llamada "Fuerza Internacional de Estabilización". Ambas responderán, en última instancia, ante el propio Donald Trump. Y ambas funcionarán en consulta con el régimen israelí.En lo que será recordado durante mucho tiempo como un día de vergüenza para la ONU, si bien Rusia y China se abstuvieron, no ejercieron su derecho de veto, y ningún miembro del Consejo de Seguridad tuvo el coraje, los principios ni el respeto por el derecho internacional para votar en contra de lo que solo puede considerarse un ultraje colonial estadounidense, una ratificación del genocidio y una flagrante abdicación de los principios de la Carta de la ONU.
La resolución rechaza implícitamente una serie de fallos recientes de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), niega abiertamente el derecho palestino a la autodeterminación y refuerza la impunidad del régimen israelí, incluso mientras continúa el genocidio.
A pesar de que la CIJ ha determinado que el pueblo palestino tiene derecho a la autodeterminación en su territorio, la resolución lo despoja de inmediato, empoderando a fuerzas extranjeras hostiles para gobernarlo.
A pesar de la conclusión de la Corte de que Gaza (así como Cisjordania y Jerusalén Oriental) está ocupada ilegalmente y que la ocupación debe cesar rápida y completamente, la resolución extiende la ocupación israelí, avala la presencia indefinida de las tropas del régimen israelí y le impone una segunda ocupación liderada por Estados Unidos.
Y a pesar de la conclusión de la Corte de que los palestinos no necesitan negociar sus derechos con sus opresores, y que ningún acuerdo o proceso político puede prevalecer sobre ellos, la resolución los anula y los deja a la discreción de Estados Unidos, Israel y otros socios.
Incluso en medio de un genocidio en curso perpetrado por un régimen de apartheid, en ningún punto de la resolución se mencionan los crímenes de genocidio, apartheid o colonización, los miles de palestinos que aún permanecen recluidos en campos de tortura y exterminio israelíes, ni los principios de rendición de cuentas para los perpetradores ni la reparación para las víctimas. Israel tampoco está obligado a cumplir con sus obligaciones legales de compensación y reparación, ya que dicha responsabilidad recae en donantes e instituciones financieras internacionales, lo que equivale a un rescate multimillonario del régimen israelí. En resumen, la resolución garantiza la total impunidad del régimen israelí, además de impulsar su normalización.
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Craig Mokhiber: Asia Occidental, la guerra eterna
que no quieren que entiendas
que no quieren que entiendas
Una administración colonial
La resolución incluso acoge, respalda y anexa el ampliamente desacreditado plan Trump (versión del 29 de septiembre) y, si bien no cita todas sus disposiciones problemáticas, insta a todas las partes a implementarlo en su totalidad.Faculta a la Junta de Paz, dirigida por Trump, para que actúe como administración de transición que gobierne toda Gaza, controle todos los servicios y la ayuda, controle la circulación de personas dentro y fuera de Gaza, y controle la estructura, la financiación y la reconstrucción de Gaza. Además, incluye la autorización, formulada de forma peligrosamente amplia, de "cualquier otra tarea que pueda requerirse". Además, otorga autoridad previa a la junta de Trump para establecer "entidades operativas" y "autoridades transaccionales" indefinidas, a su propia discreción.
La resolución incluso prevé un cuerpo colaboracionista de tecnócratas palestinos que reciben órdenes de la Junta de Paz de Trump y le rinden cuentas, en su propio territorio. En clara violación del derecho internacional, rechaza el control palestino de su propio territorio en Gaza hasta que Trump y sus colaboradores decidan que la Autoridad Palestina ha cumplido con los requisitos de reforma establecidos por el propio Trump y por la igualmente odiosa "Propuesta Franco-Saudí". Y no contiene promesa alguna de independencia o soberanía palestina.
En cambio, en directa contradicción con las conclusiones de la CIJ, perjudica la causa de la libertad y la autodeterminación palestinas con una línea vaga, excesivamente matizada y evasiva que afirma que, DESPUÉS de que los organismos liderados por Trump decidan que los palestinos han cumplido con los criterios indefinidos de "reforma y desarrollo", "las condiciones podrían finalmente estar dadas para una VÍA creíble hacia la autodeterminación y la creación de un Estado palestino".
Y cualquier atisbo de esperanza de progreso que quede dentro de esas condiciones se ve finalmente frustrado por la cláusula de golpe de gracia que establece que cualquier proceso de ese tipo hacia esos fines será controlado por el propio Estados Unidos. En otras palabras, el Consejo de Seguridad de la ONU ha otorgado un veto sobre la autodeterminación palestina a Estados Unidos, principal patrocinador y coautor del genocidio del régimen israelí.
La resolución ni siquiera ofrece esperanzas de que cese la privación sistemática del pueblo palestino en Gaza. Si bien la CIJ ha declarado que deben cesar las restricciones a la ayuda, la resolución solo subraya la importancia de la ayuda humanitaria. No exige su libre flujo y distribución.
Una fuerza de ocupación subsidiaria
La resolución también establece una fuerza de ocupación subsidiaria armada, denominada "Fuerza Internacional de Estabilización", que operará bajo la dirección de la Junta de Paz, dirigida por Trump. Esta fuerza tendrá un mando aprobado por la Junta de Paz de Trump y operará explícitamente en colaboración con Israel, autor del genocidio (así como con Egipto).Sus miembros serán identificados como "en cooperación con" el régimen israelí y trabajarán con él para controlar a los supervivientes palestinos en Gaza.
Tendrá el mandato de asegurar las fronteras (es decir, encerrar a los palestinos), estabilizar el entorno de seguridad de Gaza (es decir, suprimir cualquier resistencia a la ocupación, el apartheid o el genocidio), desmilitarizar Gaza (pero no al régimen israelí), destruir las capacidades de defensa militar de Gaza (pero no las de Israel), desmantelar las armas de la resistencia palestina (pero no las del régimen israelí), entrenar a la policía palestina (para controlar al pueblo palestino dentro de Gaza) y trabajar para los (nefastos) objetivos del "Plan Integral (de Trump)".
La fuerza también tiene el mandato de "proteger a los civiles" y prestar ayuda humanitaria, en la medida en que Estados Unidos lo permita (o esté dispuesto a hacerlo). Pero que dicha fuerza, que colaborará con Israel, no haría nada para resistir la agresión y los ataques israelíes contra civiles debería ser ya evidente.
Y se trata de "vigilar el alto el fuego", un alto el fuego garantizado por Estados Unidos que ha permitido continuos ataques israelíes contra Gaza a diario desde su declaración (con cientos de muertos y una destrucción masiva de infraestructura civil), pero que no tolera represalias por parte de la resistencia palestina. Es lógico suponer que cualquier vigilancia del alto el fuego por parte de dicha fuerza se centrará principalmente en el lado palestino, no en el régimen israelí como potencia ocupante.
En otras palabras, la misión de esta fuerza de ocupación subsidiaria es controlar, contener y desarmar a la población víctima del genocidio, no al régimen que lo perpetra, y garantizar la seguridad no de las víctimas del genocidio, sino de sus perpetradores.
En otra flagrante violación del derecho internacional, la resolución autoriza a las fuerzas del régimen israelí a continuar ocupando Gaza (ilegalmente) hasta que la Junta de Paz, liderada por Estados Unidos, y las fuerzas del régimen israelí decidan lo contrario colectivamente. Y, en cualquier caso, la resolución establece que las FDI pueden permanecer en Gaza para ocupar un "perímetro de seguridad" indefinidamente. Por último, tanto a la Junta de Paz colonial como a su “fuerza de estabilización” de ocupación por delegación se les otorga un mandato de dos años y la posibilidad de una prórroga en consulta con Israel (y Egipto), pero no con Palestina.
La locura de los colonizadores
No hace falta decir que esta resolución ha sido rechazada por la sociedad civil palestina, casi todas las facciones políticas y de la resistencia palestina, así como por defensores de los derechos humanos y expertos en derecho internacional de todo el mundo.Como cuestión de derecho internacional, la ocupación de Palestina es ilegal, el pueblo palestino tiene derecho a la autodeterminación y a resistir la ocupación extranjera, la dominación colonial y regímenes racistas como el israelí. Esta resolución no solo pretende negar estos derechos, sino que incluso llega al extremo de reforzar la presencia ilegal israelí y autorizar sus propios mecanismos de ocupación extranjera y dominación colonial.
Además, el Consejo de Seguridad deriva todas sus competencias de la Carta de las Naciones Unidas. Dicha Carta, como tratado, forma parte del derecho internacional, no está por encima de él. Como tal, el Consejo está sujeto a las normas del derecho internacional, incluidas, en especial, las normas más elevadas, las denominadas jus cogens y erga omnes, como la autodeterminación y la inadmisibilidad de la adquisición de territorio por la fuerza. Su flagrante desprecio por las conclusiones de la CIJ sobre estos asuntos revela hasta qué punto muchos de los términos de esta resolución son, de hecho, ilegales y ultra vires (que van más allá de la autoridad del Consejo).
Por lo tanto, las ramificaciones de esta acción deshonesta del Consejo de Seguridad de la ONU tendrán implicaciones mucho más allá de Palestina. El Consejo de Seguridad de la ONU, si no se ve limitado por el derecho internacional, se convierte en un peligroso instrumento de represión e injusticia. Esto es precisamente lo que hemos presenciado en este caso, ya que el Consejo ignoró el derecho internacional y, en la práctica, entregó a los sobrevivientes de Gaza a los coautores del genocidio.
Y los seguidores del Consejo saben muy bien que el veto se ha utilizado repetidamente en el Consejo para negar los derechos palestinos. En este caso, cuando podría haberse utilizado para proteger los derechos palestinos, el veto no se encontró. En un minuto de votación, el Consejo de Seguridad ha perdido toda legitimidad.
Un camino a seguir
El intento estadounidense de imponer una forma de colonialismo del siglo XIX al sufrido pueblo palestino de Gaza, similar al esquema colonial franco-saudí que lo precedió, está destinado al fracaso. Dichos esquemas son fundamentalmente defectuosos desde el principio, ya que buscan imponer resultados sin legalidad (según el derecho internacional), sin legitimidad (al excluir la iniciativa palestina) y sin ninguna esperanza práctica de éxito (dado su rechazo casi universal tanto en Palestina como en todo el mundo).Estados Unidos podría amenazar y sobornar a suficientes estados para que lo apoyen en una votación de la ONU, pero conseguir suficientes tropas y personal para implementar la resolución sobre el terreno, contra la voluntad de la población indígena, bien podría ser otra cuestión. Y mantener el apoyo a medida que el plan (inevitablemente) comienza a desmoronarse será aún más difícil.
Mientras tanto, para quienes están comprometidos con la justicia, los derechos humanos y el estado de derecho, la tarea es clara. Este plan debe ser rechazado en todas las capitales y en todo momento. Se debe presionar a los gobiernos para que pongan fin a su complicidad en los abusos israelíes, los excesos estadounidenses y en este atroz plan colonial. El régimen israelí debe ser aislado. Se deben redoblar los esfuerzos de boicot, desinversión y sanciones. Se debe imponer un embargo militar, de combustible y tecnológico. Los perpetradores israelíes deben enfrentar procesos judiciales en todos los tribunales disponibles. Y las calles deben resonar con el clamor justo por la libertad palestina de millones de personas mediante manifestaciones, huelgas, desobediencia civil y acción directa.
Y cuando este castillo de naipes colonial se derrumbe, otra solución más justa estará lista para ocupar su lugar. Si la mayoría global se pone de pie ante el emperador y afirma su poder colectivo, actuando bajo el mecanismo de la Asamblea General de las Naciones Unidas "Unidos por la Paz" para eludir el veto estadounidense, adopta medidas de rendición de cuentas para aislar y castigar al régimen israelí, y brinda protección real a Palestina, la ONU podría sobrevivir para luchar otro día. De lo contrario, casi con toda seguridad se desvanecerá y morirá, víctima de heridas autoinfligidas, ninguna más profunda que la vergonzosa resolución del 17 de noviembre de 2025.
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