A dos años de un genocidio anunciado
779 días de tecnogenocidio en Gaza
y anexión de Cisjordania, Palestina ocupada
Publicado originalmente
en THE MIDLE EAST MONITOR (MEMO)
(Organización sin fines de lucro, especializada en las causas islamistas, fundada en 2009)
el 16/11/2025
Versión al español Zyanya Mariana
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Replantear la terminología de la guerra
Dra. Sania Faisal El-Husseini
Ante la continua devolución por parte de Israel de cientos de cuerpos de palestinos asesinados bajo tortura, con los ojos vendados, inmovilizados, con marcas de abuso y heridas de bala mortales, muchos de ellos tan mutilados que fueron enterrados sin identificar, se ha vuelto esencial reabrir el expediente de los secuestros masivos, la tortura y las ejecuciones extrajudiciales contra palestinos de Gaza. La magnitud y la gravedad de estas violaciones exigen una investigación inmediata a través de todas las vías legales, diplomáticas y humanitarias disponibles para salvaguardar a las decenas de miles cuyo paradero sigue siendo desconocido.
Las perturbadoras imágenes de prisioneros de guerra palestinos torturados hasta la muerte no fueron las únicas escenas que conmocionaron a la población palestina. Igualmente horribles fueron los testimonios de rehenes civiles liberados recientemente por las autoridades israelíes tras comprobar que no tenían ninguna afiliación con grupos de resistencia palestinos. Estos civiles describen abusos atroces, torturas severas, tratos degradantes, humillaciones y agresiones que violan su dignidad, humanidad y honor personal, violaciones que se agravan aún más dentro de un contexto cultural conservador. Los métodos descritos reflejan una brutalidad extrema, que sobrepasa los límites de la comprensión humana y constituye una grave violación del derecho internacional humanitario.
Estas prácticas constituyen desaparición forzada y tortura de personas protegidas por el derecho internacional humanitario, ya sean prisioneros de guerra capturados por las fuerzas israelíes durante las hostilidades o civiles detenidos durante los combates en territorio ocupado. Estos actos se enmarcan plenamente dentro del marco jurídico de los Convenios de Ginebra Tercero y Cuarto de 1949 y sus Protocolos Adicionales de 1977, que se aplican plenamente en este contexto y prohíben inequívocamente tales violaciones.
Tras los atentados del 7 de octubre de hace dos años, Israel modificó su legislación nacional para permitir a las autoridades prolongar los periodos de detención e interrogatorio antes de la revisión judicial. Según varios abogados israelíes que tuvieron acceso a las cárceles durante las hostilidades más recientes, un número significativo de detenidos son civiles, y sus órdenes de detención se renuevan en breves sesiones de videoconferencia sin asistencia letrada. Este proceso ha intensificado la preocupación por la detención arbitraria y la erosión de las garantías jurídicas fundamentales, y ha suscitado serias inquietudes en el marco del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, en particular en lo que respecta a las garantías del debido proceso.
Estos acontecimientos se desarrollan en el marco de un sistema jurídico israelí que ha sido criticado durante mucho tiempo por su carácter discriminatorio. Israel se niega sistemáticamente a reconocer la realidad de la ocupación de Palestina, ampliamente reconocida internacionalmente y ratificada por tribunales, organizaciones internacionales y la inmensa mayoría de los Estados. En 2002, Israel incorporó la categoría de «combatiente ilegal» a su legislación nacional, una designación destinada a negar a los combatientes de la resistencia palestina, vinculados a movimientos armados de liberación nacional, las protecciones otorgadas por el Tercer Convenio de Ginebra y su Primer Protocolo Adicional. Esto constituye una medida unilateral que viola directamente las obligaciones vinculantes de Israel en virtud de tratados y el derecho internacional humanitario consuetudinario.
El Dr. Ghassan Abu Sitta describe pruebas de robo sistemático
de órganos de cuerpos palestinos.
de órganos de cuerpos palestinos.
El periódico británico The Guardian reveló la existencia de un centro clandestino israelí de detención y tortura, mientras que testimonios de civiles a quienes recientemente se les permitió regresar a Gaza revelaron la existencia de otros centros similares. Israel continúa ocultando a miles de civiles y combatientes desaparecidos en Gaza y sus alrededores, negando su identidad, número exacto, paradero y destino. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Israel ha denegado todas las solicitudes y bloqueado todos los intentos de acceso para visitarlos, una alarmante muestra de la falta de transparencia en torno a su seguridad.
Estas prácticas constituyen desaparición forzada y tortura de personas protegidas por el derecho internacional humanitario, ya sean prisioneros de guerra capturados por las fuerzas israelíes durante las hostilidades o civiles detenidos durante los combates en territorio ocupado. Estos actos se enmarcan plenamente dentro del marco jurídico de los Convenios de Ginebra Tercero y Cuarto de 1949 y sus Protocolos Adicionales de 1977, que se aplican plenamente en este contexto y prohíben inequívocamente tales violaciones.
Ataques israelíes en Gaza dejan a una mujer embarazada y a varios niños muertos.
Tras los atentados del 7 de octubre de hace dos años, Israel modificó su legislación nacional para permitir a las autoridades prolongar los periodos de detención e interrogatorio antes de la revisión judicial. Según varios abogados israelíes que tuvieron acceso a las cárceles durante las hostilidades más recientes, un número significativo de detenidos son civiles, y sus órdenes de detención se renuevan en breves sesiones de videoconferencia sin asistencia letrada. Este proceso ha intensificado la preocupación por la detención arbitraria y la erosión de las garantías jurídicas fundamentales, y ha suscitado serias inquietudes en el marco del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, en particular en lo que respecta a las garantías del debido proceso.
Estos acontecimientos se desarrollan en el marco de un sistema jurídico israelí que ha sido criticado durante mucho tiempo por su carácter discriminatorio. Israel se niega sistemáticamente a reconocer la realidad de la ocupación de Palestina, ampliamente reconocida internacionalmente y ratificada por tribunales, organizaciones internacionales y la inmensa mayoría de los Estados. En 2002, Israel incorporó la categoría de «combatiente ilegal» a su legislación nacional, una designación destinada a negar a los combatientes de la resistencia palestina, vinculados a movimientos armados de liberación nacional, las protecciones otorgadas por el Tercer Convenio de Ginebra y su Primer Protocolo Adicional. Esto constituye una medida unilateral que viola directamente las obligaciones vinculantes de Israel en virtud de tratados y el derecho internacional humanitario consuetudinario.
La confrontación de Israel con los palestinos va más allá de la ocupación de su territorio y la transformación de su realidad demográfica y territorial. Comprende también agresiones sistemáticas contra su humanidad y dignidad, con el objetivo de vulnerar la integridad del individuo palestino, objetivo que se refleja en los patrones de abuso mencionados. Paralelamente, Israel continúa su guerra de información, manipulando los hechos y difundiéndolos al mundo a través de su propia narrativa y en sus propios términos. Gran parte del mundo occidental, en particular Estados Unidos, ha adoptado conscientemente esta narrativa y su terminología.
Israel califica a los israelíes detenidos en Gaza, sean civiles o militares (aunque la mayoría son militares debido al servicio militar obligatorio), como «rehenes», una denominación que busca suscitar compasión. En contraste, las autoridades israelíes clasifican oficialmente a los palestinos, tanto civiles como combatientes, como «detenidos» o «prisioneros de seguridad», privándolos de las protecciones garantizadas por el derecho internacional y disminuyendo la empatía global con su situación.
Es comprensible que los medios israelíes e incluso las organizaciones nacionales de derechos humanos empleen la terminología oficial de Israel al referirse al cautiverio, la detención y el secuestro en el reciente conflicto, y esto no es nada nuevo; sin embargo, lo que resulta incomprensible es la adhesión de los medios occidentales, en particular los estadounidenses, a estas clasificaciones.
Un análisis de la cobertura en los principales periódicos estadounidenses revela una adhesión constante a la terminología israelí. El término «rehén» se reserva exclusivamente para los israelíes detenidos en Gaza. Por el contrario, referirse a los combatientes palestinos como «prisioneros de guerra», término reconocido por el derecho internacional humanitario, está prácticamente prohibido en el discurso público. Incluso el término jurídicamente preciso de «detención arbitraria», aplicable a civiles detenidos sin el debido proceso, se utiliza con poca frecuencia. En cambio, a los palestinos se les describe habitualmente como detenidos, prisioneros o incluso «terroristas», reforzando una narrativa que los despoja de protecciones legales y de la simpatía pública, y reflejando una asimetría lingüística más amplia que moldea la percepción pública.
La discriminación en la cobertura mediática estadounidense trascendió la terminología y abarcó tanto la escala como la naturaleza de los reportajes. Incluso los medios estadounidenses más liberales, generalmente considerados más afines a los palestinos, dedicaron dos tercios más de cobertura a los israelíes detenidos en Gaza que a los prisioneros de guerra palestinos o a los civiles detenidos arbitrariamente. En publicaciones más alineadas con la perspectiva israelí, como The New York Times, esta diferencia ascendió a casi el 90%.
En cuanto a la dimensión cualitativa de los reportajes, gran parte de la prensa estadounidense adoptó una narrativa altamente individualizada y humanizada al cubrir a los cautivos israelíes, con historias íntimas y personales diseñadas para generar empatía. Mientras tanto, al abordar el tema de los prisioneros de guerra palestinos o los civiles detenidos arbitrariamente, ya sea torturados o asesinados, la cobertura tendía a ser breve, impersonal y colectiva, enfatizando estadísticas brutas y cifras resumidas derivadas de informes de la ONU o de derechos humanos, en lugar de las experiencias humanas individuales. Los propios individuos, y el costo humano de su sufrimiento, estuvieron prácticamente ausentes de la narrativa.
En resumen, el conflicto entre palestinos e israelíes continúa sin cesar, y la disputa terminológica es un componente integral de su dinámica más amplia, imposible de ignorar y difícil de separar del conflicto en su conjunto. Para los palestinos, los objetivos políticos moldean la terminología tanto como las definiciones legales, y los imperativos políticos deben influir en el lenguaje utilizado para describir su realidad, junto con las clasificaciones legales consagradas en el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. En este contexto, establecer una terminología clara y coherente se ha vuelto esencial para afrontar una lucha por la supervivencia. Igualmente imperativo es la documentación y divulgación sistemáticas de las graves violaciones cometidas contra los prisioneros de guerra palestinos y los civiles detenidos arbitrariamente, o contra los palestinos secuestrados y desaparecidos forzosamente. Denunciar los crímenes cometidos contra ellos ya no es opcional, sino una obligación que constituye tanto una responsabilidad nacional como un deber ético.
Israel califica a los israelíes detenidos en Gaza, sean civiles o militares (aunque la mayoría son militares debido al servicio militar obligatorio), como «rehenes», una denominación que busca suscitar compasión. En contraste, las autoridades israelíes clasifican oficialmente a los palestinos, tanto civiles como combatientes, como «detenidos» o «prisioneros de seguridad», privándolos de las protecciones garantizadas por el derecho internacional y disminuyendo la empatía global con su situación.
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| Neutrality Studies |
El silencio de China sobre Gaza es estratégico | Zhang Sheng
China‘s Silence on Gaza is Strategic | Zhang Sheng
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Un análisis de la cobertura en los principales periódicos estadounidenses revela una adhesión constante a la terminología israelí. El término «rehén» se reserva exclusivamente para los israelíes detenidos en Gaza. Por el contrario, referirse a los combatientes palestinos como «prisioneros de guerra», término reconocido por el derecho internacional humanitario, está prácticamente prohibido en el discurso público. Incluso el término jurídicamente preciso de «detención arbitraria», aplicable a civiles detenidos sin el debido proceso, se utiliza con poca frecuencia. En cambio, a los palestinos se les describe habitualmente como detenidos, prisioneros o incluso «terroristas», reforzando una narrativa que los despoja de protecciones legales y de la simpatía pública, y reflejando una asimetría lingüística más amplia que moldea la percepción pública.
La discriminación en la cobertura mediática estadounidense trascendió la terminología y abarcó tanto la escala como la naturaleza de los reportajes. Incluso los medios estadounidenses más liberales, generalmente considerados más afines a los palestinos, dedicaron dos tercios más de cobertura a los israelíes detenidos en Gaza que a los prisioneros de guerra palestinos o a los civiles detenidos arbitrariamente. En publicaciones más alineadas con la perspectiva israelí, como The New York Times, esta diferencia ascendió a casi el 90%.
En cuanto a la dimensión cualitativa de los reportajes, gran parte de la prensa estadounidense adoptó una narrativa altamente individualizada y humanizada al cubrir a los cautivos israelíes, con historias íntimas y personales diseñadas para generar empatía. Mientras tanto, al abordar el tema de los prisioneros de guerra palestinos o los civiles detenidos arbitrariamente, ya sea torturados o asesinados, la cobertura tendía a ser breve, impersonal y colectiva, enfatizando estadísticas brutas y cifras resumidas derivadas de informes de la ONU o de derechos humanos, en lugar de las experiencias humanas individuales. Los propios individuos, y el costo humano de su sufrimiento, estuvieron prácticamente ausentes de la narrativa.
En resumen, el conflicto entre palestinos e israelíes continúa sin cesar, y la disputa terminológica es un componente integral de su dinámica más amplia, imposible de ignorar y difícil de separar del conflicto en su conjunto. Para los palestinos, los objetivos políticos moldean la terminología tanto como las definiciones legales, y los imperativos políticos deben influir en el lenguaje utilizado para describir su realidad, junto con las clasificaciones legales consagradas en el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. En este contexto, establecer una terminología clara y coherente se ha vuelto esencial para afrontar una lucha por la supervivencia. Igualmente imperativo es la documentación y divulgación sistemáticas de las graves violaciones cometidas contra los prisioneros de guerra palestinos y los civiles detenidos arbitrariamente, o contra los palestinos secuestrados y desaparecidos forzosamente. Denunciar los crímenes cometidos contra ellos ya no es opcional, sino una obligación que constituye tanto una responsabilidad nacional como un deber ético.
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