jueves, 2 de julio de 2026

788b. ZETEO/Céline Gounder/ Trump quiere tus datos médicos para su guerra contra las drogas : PENSAR, REPENSAR Y DISENTIR EN TIEMPOS DE GAZA BOMBARDEADA

A dos años de un genocidio anunciado
1000 días de tecnogenocidio en Gaza
y anexión de Cisjordania, Palestina ocupada
Día 125: Ataque ilegal a Irán
Día 123: Invasión de Líbano
Holocaustos

Publicado originalmente

en ZETEO
(del griego antiguo "buscar" y/o "esforzarse". Plataforma de periodismo independiente fundado por el periodista inglés Mehdi Hasan)

el 30/06/2026

versión al español Zyanya Mariana

Trump firma una orden ejecutiva que clasifica el fentanilo como un "arma de destrucción masiva" en el Despacho Oval el 15 de diciembre de 2025.
Foto de Anna Moneymaker/Getty Images.

[Puede parecer que esta nota nada tiene que ver con Palestina ocupada, sin embargo tiene mucho que ver. El control dedatos para amenazar a la población, señalarla, atacarla y/o Matarla, es algo que inició en Gaza con Palantir. El modelo israelí se exporta al mundo, a EU y a México]

Trump quiere tus datos médicos
para su guerra contra las drogas.

Se supone que el sistema de vigilancia propuesto tiene como objetivo el fentanilo, pero existe el temor de que pueda usarse para monitorear abortos, embarazos, transiciones de género o cualquier comportamiento que el gobierno quiera perseguir.

La nueva estrategia antidrogas de la administración Trump va más allá de intensificar la guerra contra el fentanilo. Traza la estructura de un sistema nacional de vigilancia basado en algunos de los datos más personales de los estadounidenses: recetas médicas, resultados toxicológicos, aguas residuales, historiales médicos electrónicos, escaneos de matrículas y datos de inteligencia policial.

Estos planes se detallan en la Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026, un documento de 195 páginas publicado a principios de mayo. La zar antidrogas Sara Carter lo anunció en el programa de Sean Hannity en Fox, calificándolo de «grito de guerra». El documento promete «dotar de recursos y poder» a los grupos de trabajo de Seguridad Nacional, «aprovechar la tecnología avanzada y la inteligencia artificial» y «modernizar e integrar la recopilación de datos de seguridad pública y salud pública», aplicando «métodos avanzados de ciencia de datos» a «resultados toxicológicos, análisis de aguas residuales, historiales médicos electrónicos e incautaciones policiales».

Los hermanos Ahmed Weshah y Mohammed Weshah, ambos periodistas de Al-Jizra,
fueron asesinados por Israel este año. Ahmed fue asesinado ayer, 20 de junio,
tras un ataque deliberado de Israel, al igual que ocurrió con Mohammed el 8 de abril.
Fuente: Al-Jizra

La estrategia describe una arquitectura de vigilancia, pero nunca aborda cómo podría o no utilizarse. En ningún momento menciona la HIPAA. En ningún momento explica cómo se protegería la privacidad de los pacientes. En ningún momento explica qué límites impedirían que un sistema diseñado para detectar fentanilo se utilizara para monitorear abortos, embarazos, transiciones de género, tratamientos con metadona, actividades de protesta o cualquier otra conducta que una futura administración decida vigilar.

Para los veteranos de las fuerzas del orden, el atractivo de un sistema que fusiona datos de salud, inteligencia policial y análisis modernos en un solo sistema es evidente. Derek Maltz, exadministrador interino de la DEA que dirigió la División de Operaciones Especiales de la agencia durante una década, lleva años argumentando que los cárteles, los intermediarios químicos chinos, las redes de lavado de dinero y los proveedores de drogas sintéticas han superado la fragmentada respuesta federal.

«Si quieres conectar los puntos, tienes que recopilarlos», me dijo Maltz.

Maltz habla de familias cuyos hijos murieron por fentanilo, de los collages de niños fallecidos que lleva a eventos públicos y de los padres que le contaron que nunca recibieron la advertencia que podría haber salvado a sus hijos. Describe su trabajo como algo que no es una cuestión política, sino que involucra a todos los sectores. La amenaza es real: redes químicas chinas vinculadas a cárteles mexicanos abastecen una red de drogas sintéticas que mata a decenas de miles de estadounidenses cada año. Maltz argumenta que las agencias necesitan datos integrados y herramientas modernas para seguir el ritmo de redes que ya operan a través de fronteras, bancos, productos químicos y plataformas encriptadas.

Aun así, reconoció las limitaciones de la aplicación de la ley. «No vamos a resolver este problema solo con incautaciones», dijo. «No vamos a resolverlo solo con arrestos».

Eso es lo que hace que las ambiciones de vigilancia de la estrategia sean tan trascendentales. El fentanilo es mortal y las fuerzas del orden necesitan mejores herramientas. La pregunta más difícil es qué sucede cuando la infraestructura de salud pública se convierte en infraestructura policial y el gobierno construye una maquinaria sin una supervisión clara.

Antes de aprender a leer, Ayoub tuvo que aprender a vivir casi sin ver.
Tiene 7 años, vive desplazado en el norte de Gaza y su historia ha dado la vuelta al mundo tras aparecer en un video sosteniendo unas gafas rotas y haciendo una petición tan simple como desgarradora: “Quiero ver como los otros niños”.
La imagen conmovió a millones de personas y generó una ola de solidaridad internacional. Sin embargo, detrás de esa frase hay una realidad mucho más profunda: la de una infancia marcada por el desplazamiento, la falta de atención médica y las consecuencias del genocidio en Gaza.
Aunque las donaciones permitieron reemplazar sus lentes, Ayoub aún necesita una intervención especializada para recuperar parte de su visión. Como él, miles de niños palestinos enfrentan diariamente enfermedades y discapacidades en un sistema sanitario devastado tras más de dos años de ataques y bloqueo.
La historia de Ayoub no solo habla de un niño que quiere volver a ver. También recuerda el derecho de toda una generación a crecer con dignidad, seguridad y esperanza.
FUENTE

Gran parte de la infraestructura ya existe. Cada estado cuenta con una base de datos de medicamentos recetados. La policía utiliza redes nacionales de lectores de matrículas. La vigilancia de aguas residuales se amplió durante la pandemia de COVID-19. Los índices de riesgo se integran en los registros de recetas, y los datos de salud ya se utilizan en casos penales.

La estrategia de 2026 no crea estos sistemas desde cero, sino que los conecta, lo cual es de mayor trascendencia.

Base de datos de recetas sin protección de la privacidad

Cada vez que un médico receta una sustancia controlada (analgésicos, estimulantes, ansiolíticos, ciertas hormonas), esa receta se registra en una base de datos estatal llamada Programa de Monitoreo de Medicamentos Recetados (PDMP, por sus siglas en inglés). Cada estado cuenta con uno. Estas bases de datos no están protegidas por la HIPAA. Los agentes federales antidrogas pueden acceder a la base de datos de cualquier estado mediante una citación judicial que no requiere revisión judicial.

"Esto es un auténtico caos", afirmó Jennifer Oliva, profesora de derecho en la Universidad de Indiana, quien ha dedicado una década al estudio de las bases de datos de medicamentos recetados.

El gobierno federal contribuyó a la creación de estos sistemas mediante subvenciones del Departamento de Justicia. La DEA no podía recopilar datos a nivel de prescriptor por sí sola, por lo que financió a los estados para que crearan las bases de datos. La crisis de los opioides facilitó esta decisión política. Sin embargo, las bases de datos nunca se limitaron a los opioides.

“No hay razón para pensar que los mismos mecanismos implementados para rastrear y responder al posible uso indebido de opioides no puedan aplicarse a otras drogas”, afirmó Corey Davis, abogado sénior de la Red de Derecho de Salud Pública. Además, existen “pruebas sólidas de que los programas de monitoreo de medicamentos recetados (PDMP, por sus siglas en inglés) sí logran que las personas pasen del uso indebido de opioides recetados al uso indebido de opioides ilegales, lo cual es un efecto negativo en general”. El sistema que supuestamente iba a resolver la crisis de los opioides la empeoró. Ahora se está ampliando la misma estructura.

Los estados también pueden ampliar las bases de datos de monitoreo de recetas más allá de los opioides mediante la clasificación de sustancias controladas, categorías de "drogas de interés" o normas de notificación similares. Otros estados reclasifican formalmente las drogas bajo la ley estatal. Luisiana fue más allá en 2024, convirtiéndose en el primer estado en clasificar la mifepristona y el misoprostol como sustancias peligrosas controladas de la Lista IV, incluyendo así los medicamentos abortivos en el régimen de monitoreo de sustancias controladas del estado. Legisladores de Texas e Indiana han presentado propuestas de reclasificación similares, e Idaho, según se informa, ha estado considerando medidas de seguimiento similares.

La testosterona ya está controlada a nivel federal como un esteroide anabólico de la Lista III y se ha monitoreado mediante informes de sustancias controladas desde que los esteroides anabólicos se agregaron a la Ley de Sustancias Controladas en 1990. No es posible determinar, a partir de una entrada en la base de datos, si la testosterona se prescribe para niveles hormonales bajos o para la transición de género. Tampoco es posible determinar si la mifepristona se prescribe para un aborto o un aborto espontáneo.

Craig Konnoth, profesor de derecho en la Universidad de Virginia, calificó esto como “un claro ejemplo de cómo se ataca a una minoría vulnerable”. Al preguntársele si existe algún recurso legal, respondió: “Desafortunadamente, en mi opinión, no”.

Inteligencia Artificial en Registros Médicos

Una empresa llamada Bamboo Health opera una plataforma llamada NarxCare sobre estas bases de datos de recetas. Asigna puntuaciones de riesgo a los pacientes según factores como su forma de pago, si tienen seguro médico y la distancia que recorren hasta la farmacia. Ningún estado exige que los médicos informen a los pacientes sobre la existencia del sistema. Los pacientes no pueden ver sus puntuaciones.

La estrategia antidrogas de 2026 propone ir más allá: “aplicar análisis predictivos a los registros médicos electrónicos para identificar a los pacientes con alto riesgo de sobredosis”.

Esto puede sonar demasiado técnico. Sin embargo, Charlotte Tschider, investigadora de IA en salud en Loyola Chicago, afirmó que “el marco regulatorio actual no distingue entre el uso de la IA para ayudar a los pacientes y para el cumplimiento de la ley”. Nada en la ley impide que un sistema diseñado para identificar el riesgo de sobredosis se utilice para detectar quién está recibiendo píldoras abortivas o terapia hormonal.

Los registros que la IA analizaría no son los documentos clínicos impecables que la mayoría de la gente imagina. Son herramientas de facturación. La Dra. Mishka Terplan, obstetra, ginecóloga y especialista en medicina de adicciones, dio un ejemplo: una paciente tiene un resultado positivo en una prueba de drogas en su primera consulta prenatal y ninguno después. El código de facturación "abuso de drogas que complica el embarazo" se adjunta a su historial de todos modos. "Complicar" simplemente significa que ocurrió al mismo tiempo, no que las drogas hayan causado el problema.

Pero en un tribunal, los jueces podrían interpretarlo como prueba.

“El gráfico indica que el abuso de drogas complica el embarazo en el tercer trimestre; por lo tanto, usted debe estar mintiendo”, dijo Terplan. “Y el juez está de acuerdo”.

La estrategia propone aplicar análisis de IA a estos registros.

Terplan afirmó que sus pacientes “tienen motivos para ser reacias a revelar información y, en ocasiones, aunque no siempre, pueden renunciar a la atención médica o retrasarla”. Lo que les dice ahora: “Ya no puedo garantizar la protección de esa información”.

El peligro no es hipotético. La información médica ya pasa del ámbito sanitario al sistema penal. Según Pregnancy Justice, más del 64 % de los casos de criminalización del embarazo implican información que fluye desde los centros sanitarios al sistema judicial.

A finales de diciembre de 2025, Alexia Moore acudió a urgencias en Georgia tras una crisis médica. Había obtenido píldoras abortivas de un proveedor en línea. El personal del hospital contactó con la policía. En marzo, fue acusada de asesinato, basándose exclusivamente en los registros médicos, los resultados toxicológicos y las declaraciones tomadas junto a su cama. No se utilizó tecnología de vigilancia.

Karen Thompson, directora legal de Pregnancy Justice, declaró: “El objetivo de esto es aterrorizar a la gente. No tiene ninguna función científica”.

Ahora, a este sistema ya existente se le suma más información, más automatización, más sistemas de puntuación y una mayor integración con las fuerzas del orden.

De la COVID a la inteligencia sobre drogas

Durante la pandemia de COVID, las agencias de salud pública crearon el Sistema Nacional de Vigilancia de Aguas Residuales para analizar las aguas residuales en busca del virus. Esta financiación se está agotando. La estrategia antidrogas propone cubrir esta brecha con fondos de las fuerzas del orden para “implementar por primera vez el análisis de aguas residuales a escala nacional”. En el programa de Hannity, Carter confirmó: “Estamos realizando análisis de aguas residuales en todo el país”.

Mariana Matus, directora ejecutiva de Biobot Analytics, la mayor empresa comercial de análisis de aguas residuales, confirmó que “Biobot utiliza la misma infraestructura de recolección de aguas residuales para la vigilancia de patógenos y tendencias de drogas”.

La tecnología puede detectar medicamentos para la prevención del VIH, testosterona, medicamentos psiquiátricos y píldoras abortivas. Matus confirmó que su empresa recibió consultas de “agentes gubernamentales locales” sobre la realización de pruebas para detectar medicamentos relacionados con el aborto. No quiso especificar cuáles. «No tenemos planes de desarrollar pruebas para detectar abortivos», afirmó.

Pero al preguntársele sobre la relación entre el principal inversor de capital riesgo de Biobot —Valor Equity Partners, dirigido por Antonio Gracias, importante donante de Trump y exfuncionario del DOGE— y el contrato de Biobot con la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (ONPC) para el análisis de aguas residuales, firmado en enero de 2026, no respondió. En cambio, se ofreció a capacitar a las fuerzas del orden sobre la integración del análisis de aguas residuales.

Rolf Halden, científico de la Universidad Estatal de Arizona que creó el primer programa de monitoreo de drogas en aguas residuales a nivel municipal en Estados Unidos, confirmó de forma independiente que «casi cualquier medicamento o sus metabolitos pueden ser monitoreados en aguas residuales». Su laboratorio también recibió consultas sobre pruebas para detectar fármacos abortivos.

Lo que protege a las personas de la identificación, explicó, «no son las barreras regulatorias, sino el alto costo actual».

El Sistema Nacional de Vigilancia de Aguas Residuales de los CDC, creado durante la pandemia, funciona con la plataforma Foundry de Palantir bajo un contrato de 443 millones de dólares. Los CDC han declarado que no contarán con fondos para mantener el programa más allá del 30 de septiembre de 2026. Mientras tanto, en varios estados se han presentado proyectos de ley que proponen exigir análisis de aguas residuales para detectar drogas relacionadas con el aborto.

Natalie Ram y Jessica Roberts, profesoras de derecho en la Universidad de Maryland y Emory, advirtieron que el monitoreo de aguas residuales para detectar mifepristona, "de tener éxito, crearía una hoja de ruta para vigilar, reprimir y sancionar otros servicios médicos políticamente controvertidos".

Las bases de datos de recetas médicas muestran qué medicamentos se recetan a las personas. Los registros médicos electrónicos muestran lo que los médicos documentan y facturan. El análisis de aguas residuales puede revelar lo que las comunidades consumen o excretan. Los lectores de matrículas muestran a dónde van las personas.

La estrategia también abarca seis redes federales superpuestas de lectores de matrículas que el Congreso nunca autorizó. ¿Qué les impide rastrear a alguien que se dirige a una clínica de abortos o a un programa de metadona?

"Con la forma actual en que las fuerzas del orden utilizan estos sistemas, absolutamente nada impide ese tipo de abuso", afirmó Nathan Wessler, abogado de la ACLU que ha presentado casos de vigilancia ante la Corte Suprema.

Una investigación de la Electronic Frontier Foundation documentó que agentes del orden en Texas utilizaron una red nacional de lectores de matrículas para buscar a una mujer que se había practicado un aborto autogestionado. Ambas búsquedas se registraron como "aborto, búsqueda de mujer".

Cada uno de estos sistemas de vigilancia se evalúa individualmente, si es que se evalúa. Pero nadie evalúa qué sucede cuando todos se integran en los mismos grupos de trabajo.

Barry Friedman, profesor de derecho en la Universidad de Nueva York, fue tajante: “Ninguna supervisión. Ninguna”.

La arquitectura de vigilancia de la estrategia antidrogas no cuenta con un tribunal especial, ni con una cláusula de caducidad, ni con debate en el Congreso; ninguna de las garantías que incluso la vigilancia antiterrorista tiene bajo la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera.

Y la distinción entre la lucha contra las drogas y la lucha antiterrorista podría dejar de ser válida.

Palantir dentro del gobierno

La empresa encargada de gestionar la arquitectura de datos donde convergen estas misiones ya forma parte del sistema federal de salud.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) tiene un acuerdo por un valor de hasta 90 millones de dólares, lo que permite que la plataforma de Palantir esté disponible en todo el departamento. El director de información del departamento, Clark Minor, nombrado posteriormente, trabajó durante más de una década en Palantir y supervisa la infraestructura de datos de salud en todo el HHS.

La declaración financiera de Minor muestra que mantuvo entre 1 y 5 millones de dólares en acciones de Palantir durante más de cinco meses después de asumir el cargo, antes de venderlas. El presidente Trump realizó compras de acciones de Palantir por un valor de seis cifras, según consta en un informe de transacciones firmado el 8 de mayo de 2026, mientras que su administración adjudicó a la compañía más de mil millones de dólares en contratos federales.

La preocupación no radica en que una sola empresa tenga contratos federales, sino en que el gobierno está expandiendo la infraestructura integrada de datos sin establecer límites en torno a la privacidad médica, el acceso de las fuerzas del orden y la manipulación política de la información.

¿Qué está fuera de los límites?

La Estrategia Antiterrorista 2026 de la administración, también publicada en mayo, clasifica el fentanilo y sus precursores químicos como "armas de destrucción masiva", fusionando la lucha contra el narcotráfico con la lucha antiterrorista y abriendo el acceso a las facultades de vigilancia más amplias que esto conlleva.

"Existe un peligro enorme de que el poder ejecutivo improvise un montón de medidas para aparentar dureza", dijo Wessler. "Y podrían pasar años antes de que los jueces puedan intervenir".

Maltz considera que la integración de datos es una cuestión de seguridad pública. Argumenta que las fuerzas del orden y la comunidad de inteligencia necesitan desde hace tiempo sistemas que recopilen datos obtenidos por orden judicial, para que las agencias puedan mapear las redes criminales en lugar de perderse entre registros dispersos. "Los conjuntos de datos que estas agencias reciben de los proveedores en virtud de órdenes judiciales, órdenes de registro y demás, constituyen una avalancha de datos", dijo. "Es imposible analizarlos sin herramientas tecnológicas robustas".

Pero los datos de salud no son solo otra fuente de inteligencia. Se genera cuando las personas buscan atención médica, surten recetas, se someten a pruebas de detección prenatal, toman medicamentos, reciben tratamiento para la adicción, se desplazan a clínicas o viven en comunidades cuyas aguas residuales se analizan. Una vez que estos flujos de datos se combinan con las herramientas policiales y antiterroristas, la pregunta no es si el sistema puede encontrar personas, sino si hay algo que tenga prohibido encontrar.

Para algunos expertos en la lucha contra el narcotráfico, la respuesta reside en una mejor supervisión, no en menos tecnología. Maltz argumenta que Estados Unidos se está quedando atrás con respecto a las redes criminales sofisticadas y que las agencias necesitan herramientas modernas para salvar vidas. Sin embargo, los expertos en salud pública y privacidad ven cómo se está construyendo una arquitectura de vigilancia sin reglas que regulen sus acciones ni límites en cuanto a quién podría llegar a ser objetivo.

Oliva vislumbró un sistema capaz de identificar y rastrear prácticamente a cualquier persona. «Se puede encontrar a cualquiera con todos estos datos, sin duda», afirmó, «por muy aislados que se crean».

Wessler lo describió como «una visión completamente sin precedentes del historial médico, los movimientos y las relaciones de una persona».

La administración ya ha dado pistas sobre quiénes más podrían ser objetivo. La misma estrategia antiterrorista que clasifica el fentanilo como arma de destrucción masiva también identifica a los “grupos políticos seculares violentos cuya ideología es antiamericana, radicalmente protransgénero y anarquista” como objetivo prioritario, junto con los cárteles y los terroristas islamistas. Promete utilizar “todas las herramientas constitucionalmente disponibles para localizarlos en el país, identificar a sus miembros” y “debilitar sus operaciones antes de que puedan mutilar o matar a inocentes”.

La estrategia antidrogas desarrolla las herramientas: bases de datos de recetas que rastrean la testosterona y las píldoras abortivas, análisis de aguas residuales que detectan hormonas, inteligencia artificial en historiales médicos y lectores de matrículas. La estrategia antiterrorista identifica a quiénes apunta y autoriza acciones preventivas.

Oliva lanzó la advertencia más clara: “Simplemente elijan algo que hayan decidido, que MAHA [‘Make America Healthy Again’] haya decidido que es malo mañana, a pesar de toda la evidencia científica, y listo”. La vacuna contra el VPH y las vacunas de ARNm. El paracetamol. Las hormonas. Las terapias con células madre. “Esto nunca termina. Simplemente continúa.”

La Dra. Céline Gounder es médica, epidemióloga y periodista especializada en salud.
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En Piazza Duomo de Milán se extiende «Il Sudario» (El Sudario).
Una inmensa tela blanca sobre la que voluntarios han inscrito meticulosamente a mano nombres y edades de 18.457 niños y adolescentes palestinos cuyas vidas fueron truncadas por Israel en Gaza.

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