sábado, 21 de marzo de 2026

685b. EURO-MED MONITOR/ El archivo del caso Sde Teiman sobre la violación de una detenida palestina: una declaración práctica de la política de impunidad de Israel: PENSAR, REPENSAR Y DISENTIR EN TIEMPOS DE GAZA BOMBARDEADA

A dos años de un genocidio anunciado
897 días de tenogenocidio en Gaza
y anexión de Cisjordania, Palestina ocupada
Día 22: Ataque ilegal a Irán

2026
versión al español Zyanya Mariana

Captura de pantalla de un vídeo filtrado de la prisión de Sde Teiman que documenta la violación de una detenida palestina.

El archivo del caso Sde Teiman sobre la violación de un detenido palestino: una declaración práctica de la política de impunidad de Israel.

Territorio Palestino Ocupado – El sobreseimiento de los cargos contra cinco soldados israelíes implicados en la violación y tortura de una detenida palestina de Gaza en la prisión de Sde Teiman constituye una prueba más del colapso estructural y deliberado del sistema de justicia y rendición de cuentas de Israel. Confirma la participación activa del Estado en la protección de los perpetradores frente a la rendición de cuentas, en lugar de procesarlos, lo que representa otra declaración práctica de la adopción por parte de Israel de una política de impunidad para los crímenes cometidos contra los palestinos.

El sobreseimiento no niega el crimen ni exonera a los implicados; subraya la complicidad sistémica del sistema judicial israelí con las autoridades militares, de seguridad y políticas. Revela que los crímenes cometidos contra los palestinos no se tratan como violaciones que merecen verdad y reparación, sino como actos que los mecanismos legales pueden encubrir, permitiendo a los perpetradores eludir una verdadera rendición de cuentas, incluso en los delitos más graves y bien documentados.

El 5 de julio de 2024, cinco soldados israelíes agredieron brutalmente a un detenido palestino de Gaza, esposado y con los ojos vendados, en la prisión de Sde Teiman, en el desierto del Néguev. Lo violaron introduciéndole un objeto punzante por el ano, lo que le provocó fracturas de costillas, un pulmón perforado y desgarros internos en el recto.

Estos actos constituyen graves violaciones del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos, documentadas en vídeo y posteriormente filtradas por fuentes israelíes. Las imágenes de vigilancia filtradas muestran a los soldados escoltando al detenido a un lado de la sala, rodeándolo, uno de ellos portando un perro, y utilizando deliberadamente equipo antidisturbios para ocultar sus acciones.

El detenido, posteriormente liberado, continúa sufriendo graves secuelas físicas y psicológicas derivadas de la tortura y la violencia sexual que padeció, viviendo con el temor constante de sufrir nuevos abusos o represalias por parte de las autoridades israelíes.

Solo 640 camiones de ayuda lograron entrar a Gaza.
Se esperaban 6.000.
Mientras tanto, más de 2,4 millones de palestinos enfrentan una grave
crisis humanitaria y alimentaria en el enclave.
Organizaciones humanitarias advierten que la ayuda que logra ingresar representa
solo una pequeña fracción de lo que la población necesita.
Las restricciones en los cruces continúan limitando la entrada de alimentos,
combustible y suministros médicos.
Y las consecuencias ya se están viendo.
Según cifras citadas por la Agencia Anadolu, al menos 475 palestinos
han muerto por hambre y desnutrición en Gaza desde 2023, incluidos niños.
FUENTE

Las autoridades israelíes se han centrado en procesar la filtración del vídeo en lugar de llevar a cabo una investigación seria sobre este crimen documentado. El exfiscal general militar, el mayor general Yifat Tomer Yerushalmi, dimitió en octubre de 2025 tras admitir haber autorizado la difusión parcial del vídeo a los medios de comunicación bajo presión política y campañas de desinformación destinadas a socavar la investigación.

El respaldo político al sobreseimiento del caso, incluyendo declaraciones del primer ministro Benjamin Netanyahu y figuras de la derecha que calificaron a los soldados de «héroes», demuestra que el problema va más allá de un fallo judicial y se manifiesta en una voluntad política deliberada de presentar los actos criminales como un deber nacional. Esto transforma un crimen que exige condena y rendición de cuentas en uno celebrado como patriótico.

La acusación fue desestimada por motivos procesales, alegando supuestas dificultades probatorias, el regreso del detenido a Gaza y la defensa de la justicia en relación con el derecho del acusado a un juicio justo. Estas justificaciones no anulan el delito en sí ni las pruebas disponibles, que incluyen grabaciones de vigilancia, documentación médica y conclusiones de médicos israelíes que lo trataron, las cuales proporcionan pruebas independientes suficientes del delito.

El uso por parte de Israel de excusas procesales, incluido el traslado del detenido a Gaza, constituye una prueba más del incumplimiento por parte de las autoridades de su obligación de preservar las pruebas, proteger a los testigos y llevar a cabo una investigación eficaz y rigurosa. Las alegaciones de derecho a un juicio justo para el acusado no eximen al Estado de su deber primordial de investigar la tortura, la violencia sexual y los tratos crueles, y de exigir responsabilidades a los perpetradores.

Las víctimas no se limitan a los supuestos "terroristas de élite"; también incluyen a civiles, periodistas y personal médico. Las protecciones del derecho internacional contra la tortura, la agresión sexual y los tratos crueles son absolutas y no pueden suspenderse en función de la condición de detenido ni de las supuestas actividades. Los intentos de justificar la protección de los soldados presentando a los detenidos como “monstruos brutales” son propagandísticos y niegan a las víctimas sus garantías legales básicas.

Este caso no puede considerarse un incidente aislado. Debe entenderse dentro de un patrón más amplio de violaciones sistemáticas y documentadas contra prisioneros palestinos, que incluyen tortura física y psicológica, violencia sexual, humillación, desnudamiento forzado, descargas eléctricas, agresiones genitales, uso de perros, negación de atención médica y otras formas de trato inhumano y degradante, documentadas por la Comisión Internacional Independiente de Investigación, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y otras organizaciones israelíes e internacionales de derechos humanos.

El cierre del caso por parte de Israel refleja una presión política deliberada para impedir la rendición de cuentas desde el principio, apoyada por incursiones extremistas en Sde Teiman y Beit Lid por parte de ministros y miembros del Knesset, la defensa pública de sospechosos por parte de figuras gubernamentales y parlamentarias, y una retórica que presenta la investigación misma como un ataque contra “héroes”. Las declaraciones del diputado Hanoch Milwidsky, quien afirmó que la introducción de un palo en el ano de un detenido palestino fue "completamente legal", evidencian el colapso moral y político que rodea el caso.

La evidencia material es clara e irrefutable, y contradice las afirmaciones de que el caso se basa en acusaciones falsas. La prohibición absoluta de la tortura no puede suspenderse bajo ninguna circunstancia, ni siquiera en caso de guerra, emergencia o alegaciones de seguridad. El derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos y el Estatuto de Roma clasifican la tortura y la violencia sexual como crímenes internacionales que exigen rendición de cuentas, no exenciones procesales.

Israel no solo está archivando casos y obstaculizando la rendición de cuentas, sino que también está reformando legislativamente el marco legal para ampliar los instrumentos de asesinato y castigo excepcional contra los palestinos bajo el pretexto de legalidad. Las propuestas de pena de muerte y la legislación relacionada con los sucesos del 7 de octubre confirman que esto ya no se trata simplemente de una aplicación deficiente de la ley, sino de un proyecto para reestructurar la propia ley como un instrumento de asesinato judicial, justicia selectiva y cobertura institucional para nuevos crímenes contra los palestinos.

Euro-Med Monitor insta al Fiscal de la CPI a que priorice urgentemente las investigaciones sobre los crímenes cometidos contra los detenidos palestinos en prisiones y centros de detención israelíes, incluidos la tortura, la violencia sexual y los asesinatos bajo tortura, como parte de un patrón más amplio de crímenes internacionales que justifican el enjuiciamiento y la rendición de cuentas.

TRT World

El rojo no es solo un color en Gaza.
“El rojo no es solo un color en Gaza. Es lo que queda cuando los nombres desaparecen.”

Este documental sigue a dos generaciones de Gaza: una testigo de 80 años
que recuerda huertos, hogares y una patria, y una artista de 18 años que transforma
la pérdida en dibujos para que el mundo recuerde lo que los palestinos amaron.
En un lugar donde los sueños están sepultados bajo los escombros, el arte
se convierte en testimonio. El papel se convierte en testigo. Una tienda
de campaña se convierte en hogar y exposición.

Esta película no trata solo de arte. También trata sobre la supervivencia,
la memoria, el desplazamiento y lo que significa crear cuando
todo lo demás se pierde.

Red is not just a colour in Gaza

La comunidad internacional, incluidas las Altas Partes Contratantes de los Convenios de Ginebra, debe ejercer una presión efectiva sobre Israel para que cumpla con sus obligaciones legales y adopte medidas concretas para detener los crímenes contra los detenidos palestinos, incluyendo la imposición de sanciones internacionales, la suspensión de la cooperación militar y de seguridad, la suspensión de las transferencias de armas y la aplicación de medidas económicas, diplomáticas y legales efectivas.

Todos los Estados deben aplicar la jurisdicción universal sobre las personas sospechosas de participar en torturas, violencia sexual y malos tratos graves a prisioneros y detenidos palestinos, en lugar de depender únicamente de los fallidos mecanismos internos de rendición de cuentas de Israel.

Deben imponerse sanciones individuales selectivas a los responsables de cometer estos crímenes y a las figuras militares, políticas y judiciales que los protejan, inciten u obstaculicen la rendición de cuentas, incluyendo prohibiciones de viaje, congelación de activos y suspensión de la cooperación que permita la impunidad.

Debe desplegarse una misión internacional independiente y especializada en los centros de detención israelíes para documentar las condiciones de los detenidos palestinos, preservar las pruebas de tortura y violencia sexual y garantizar que no se manipulen. El CICR y los organismos internacionales pertinentes deben intensificar la presión para lograr el acceso inmediato y sin restricciones a todos los centros de detención palestinos.

Liberación inmediata de todos los palestinos detenidos arbitrariamente, en especial personal médico, trabajadores humanitarios y periodistas, y divulgación del destino de todos los detenidos y desaparecidos forzosamente.

Israel debe estar obligado a proporcionar una indemnización plena y justa a las víctimas, los supervivientes y sus familias por los daños físicos, psicológicos y morales sufridos, garantizando el acceso a tratamiento, rehabilitación y reparación.

La comunidad internacional debe rechazar cualquier legislación israelí excepcional que amplíe la pena de muerte o cree procesos judiciales punitivos o discriminatorios contra los palestinos, ya que estos profundizan el carácter discriminatorio del sistema jurídico israelí y brindan cobertura formal para futuras violaciones graves.