jueves, 24 de septiembre de 2026

872b. CORTE PENAL INTERNACIONAL/ Cómo funciona la Corte: PENSAR, REPENSAR Y DISENTIR EN TIEMPOS DE GAZA BOMBARDEADA

A casi tres años de un genocidio anunciado
1082 días de tecnogenocidio en Gaza
y anexión de Cisjordania, Palestina ocupada
Día 208: Ataque ilegal a Irán
Día 206: Invasión de Líbano
Holocaustos

Publicado originalmente
en CORTE PENAL INTERNACIONAL
(La Corte Penal Internacional (CPI) o Tribunal Penal Internacional (TPI) es un tribunal de justicia internacional que se rige por el Estatuto de Roma. Con sede en la Haya, fue fundada en 17 de julio de 1998, después del genocidio yugoslavo (1991–1995) y ruandés (1994).)

Cómo funciona la Corte

Los crímenes

El tratado fundacional de la Corte, denominado Estatuto de Roma, otorga a la CPI jurisdicción sobre cuatro crímenes principales.

En primer lugar, el crimen de genocidio se caracteriza por la intención específica de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso mediante el asesinato de sus miembros o por otros medios: causar graves daños físicos o mentales a los miembros del grupo; infligir deliberadamente al grupo condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física total o parcial; imponer medidas destinadas a impedir los nacimientos dentro del grupo; o trasladar por la fuerza a niños del grupo a otro grupo.

TRT World

La Corte Penal Internacional está en el centro de mira de Estados Unidos e Israel. Después de que el tribunal emitiera órdenes de arresto contra Benjamín Netanyahu y otros altos cargos israelíes por presuntos crímenes cometidos en Gaza, Washington y Tel Aviv han intensificado su presión contra la institución. Ahora, la Administración Trump amenaza con desmantelar la CPI "ladrillo a ladrillo", mientras su fiscal jefe, Karim Khan, ha sido apartado tras acusaciones de conducta sexual indebida que él niega. Más allá del caso Netanyahu, el pulso plantea una cuestión de fondo: ¿hasta dónde puede llegar la presión de las grandes potencias sobre una institución creada para juzgar los crímenes más graves del derecho internacional?
11 agosto 2026

En segundo lugar, la CPI puede enjuiciar crímenes de lesa humanidad, que son violaciones graves cometidas en el marco de un ataque a gran escala contra cualquier población civil. Las 15 formas de crímenes de lesa humanidad enumeradas en el Estatuto de Roma incluyen delitos como asesinato, violación, encarcelamiento, desapariciones forzadas, esclavitud —en particular de mujeres y niños—, esclavitud sexual, tortura, apartheid y deportación.

En tercer lugar, los crímenes de guerra que constituyen violaciones graves de los Convenios de Ginebra en el contexto de un conflicto armado e incluyen, por ejemplo, el uso de niños soldados; el asesinato o la tortura de personas como civiles o prisioneros de guerra; dirigir intencionadamente ataques contra hospitales, monumentos históricos o edificios dedicados a la religión, la educación, el arte, la ciencia o fines benéficos.

Finalmente, el cuarto crimen que entra dentro de la jurisdicción de la CPI es el crimen de agresión. Este consiste en el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad o la independencia de otro Estado. La definición de este crimen se adoptó mediante la enmienda del Estatuto de Roma en la primera Conferencia de Revisión del Estatuto, celebrada en Kampala, Uganda, en 2010.

El 15 de diciembre de 2017, la Asamblea de los Estados Partes adoptó por consenso una resolución sobre la activación de la jurisdicción de la Corte sobre el crimen de agresión a partir del 17 de julio de 2018.

Véase el Estatuto de Roma y los Elementos de los Crímenes.

Proceso legal

Como tribunal internacional, el proceso legal de la CPI puede funcionar de manera diferente al de su jurisdicción nacional. A continuación, se presentan algunos puntos clave con información fundamental sobre el proceso legal.

Jurisdicción

La Corte podrá ejercer jurisdicción en situaciones donde se hayan cometido genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra a partir del 1 de julio de 2002 y:

los crímenes hayan sido cometidos por un nacional de un Estado Parte, o en el territorio de un Estado Parte, o en un Estado que haya aceptado la jurisdicción de la Corte; o
los crímenes hayan sido remitidos al Fiscal de la CPI por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) de conformidad con una resolución adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas.

A partir del 17 de julio de 2018, el Consejo de Seguridad, actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, podrá remitir a la Corte una situación en la que parezca haberse producido un acto de agresión, independientemente de que involucre a Estados Partes o a terceros Estados.

En ausencia de una remisión del CSNU de un acto de agresión, el Fiscal podrá iniciar una investigación por iniciativa propia o a solicitud de un Estado Parte. El Fiscal deberá determinar primero si el Consejo de Seguridad ha determinado la comisión de un acto de agresión por parte del Estado en cuestión. Cuando no se haya emitido una determinación al respecto dentro de los seis meses siguientes a la fecha de notificación de la situación al Consejo de Seguridad de la ONU por parte del Fiscal, este podrá, no obstante, continuar con la investigación, siempre que la División de Cuestiones Preliminares haya autorizado su inicio. Asimismo, en estas circunstancias, la Corte no ejercerá su jurisdicción respecto de un crimen de agresión cometido por un nacional o en el territorio de un Estado Parte que no haya ratificado o aceptado estas enmiendas.

Complementariedad

La CPI tiene como objetivo complementar, no reemplazar, los sistemas penales nacionales; solo procesa casos cuando los Estados no están dispuestos o no pueden hacerlo de buena fe.

Cooperación

Como institución judicial, la CPI no cuenta con su propia fuerza policial ni órgano de ejecución; por lo tanto, depende de la cooperación con países de todo el mundo para obtener apoyo, en particular para realizar arrestos, trasladar a los detenidos al centro de detención de la CPI en La Haya, congelar los bienes de los sospechosos y ejecutar las sentencias.

Si bien no es una organización de las Naciones Unidas, la Corte tiene un acuerdo de cooperación con las Naciones Unidas. Cuando una situación no entra dentro de la jurisdicción de la Corte, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas puede remitirla a la CPI, otorgándole así jurisdicción. Esto se ha hecho en los casos de Darfur (Sudán) y Libia.

La CPI trabaja activamente para fomentar el entendimiento y la cooperación en todas las regiones, por ejemplo, mediante seminarios y conferencias internacionales. La Corte coopera tanto con los Estados Partes como con los Estados no Partes.

©UN Photo/Evan Schneider

La Corte colabora estrechamente con su país anfitrión, los Países Bajos, en asuntos prácticos como la construcción de sus nuevos edificios permanentes, el traslado de sospechosos al Centro de Detención de la CPI, la facilitación de sus comparecencias ante la Corte y muchos otros temas.

Países y otras entidades, incluyendo grupos de la sociedad civil como las ONG, también cooperan con la Corte de diversas maneras, por ejemplo, sensibilizando y recabando apoyo para la Corte y su mandato. La Corte busca fortalecer esta cooperación continua mediante seminarios y conferencias.

Diez datos clave sobre el proceso legal

Además de las características clave mencionadas anteriormente, aquí le presentamos algunos aspectos básicos que quizás desee conocer:

La CPI no procesa a personas menores de 18 años al momento de cometer un delito.
Antes de que el Fiscal pueda investigar, debe realizar un examen preliminar considerando aspectos como la suficiencia de las pruebas, la jurisdicción, la gravedad, la complementariedad y los intereses de la justicia.
Durante la investigación, el Fiscal debe recopilar y revelar tanto las pruebas incriminatorias como las exonerantes.
El acusado se considera inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. La carga de la prueba recae en el Fiscal.
Durante todas las etapas del procedimiento (previo al juicio, juicio y apelaciones), el acusado tiene derecho a recibir información en un idioma que comprenda plenamente; por lo tanto, los procedimientos de la CPI se llevan a cabo en varios idiomas, con equipos de intérpretes y traductores.
Los jueces de instrucción emiten órdenes de arresto y se aseguran de que existan suficientes pruebas antes de que un caso pueda ir a juicio.
Antes de que un caso sea remitido a juicio (durante la fase previa al juicio), al acusado se le denomina sospechoso. Una vez que el caso es remitido a juicio, dado que en ese momento se han confirmado los cargos, al acusado se le denomina acusado.
Los jueces de primera instancia escuchan las pruebas presentadas por la Fiscalía, la Defensa y los abogados de las víctimas, emiten un veredicto y, si una persona es declarada culpable, dictan la sentencia y la decisión sobre la reparación.
Los jueces de apelación resuelven las apelaciones presentadas por la Fiscalía o la Defensa.
Si un caso se archiva sin un veredicto de culpabilidad, puede reabrirse si la Fiscalía presenta nuevas pruebas.

Cómo estamos organizados

El Estatuto de Roma estableció tres órganos independientes: la Asamblea de los Estados Partes, la Corte Penal Internacional, compuesta por cuatro órganos, y el Fondo Fiduciario para las Víctimas.

El sistema del Estatuto de Roma

Estados Partes del Estatuto de Roma

Los Estados Partes apoyan a la Corte, aceptan la jurisdicción de la CPI y trabajan para incorporar las normas estipuladas en el Estatuto de Roma a sus propios sistemas judiciales. De este modo, cada país que se convierte en Estado Parte acerca al mundo a la protección universal de la CPI en el marco del Estatuto de Roma.

Los Estados Partes del Estatuto de Roma se reúnen al menos una vez al año en sesiones de la Asamblea de los Estados Partes para supervisar la gestión de la Corte, por ejemplo, estableciendo el presupuesto, proporcionando financiación y eligiendo a los jueces y al Fiscal de la Corte.

Si bien los gastos de la Corte se financian principalmente con contribuciones de los Estados Partes, también puede recibir aportaciones voluntarias de gobiernos, organizaciones internacionales, particulares, empresas y otras entidades.

Aunque los Estados Partes del Estatuto de Roma tienen la obligación de cooperar con la Corte, los países que aún no son Partes también pueden brindar cooperación voluntaria ad hoc.

A medida que los desafíos que enfrenta la Corte aumentan en número, complejidad y naturaleza, el apoyo de los Estados Partes debe crecer en determinación, compromiso y firmeza. La Corte —nuestra Corte— es necesaria ahora más que nunca.