A casi tres años de un genocidio anunciado
1081 días de tecnogenocidio en Gaza
y anexión de Cisjordania, Palestina ocupada
Día 207: Ataque ilegal a Irán
Día 205: Invasión de Líbano
Holocaustos
Publicado originalmente
por EURO-MED MONITOR
(ONG independiente con sede en Ginebra, fundada en 2011, que defiende
los derechos humanos en Europa y en la región de Medio Oriente y Norte
de África)
el 20/08/2025
versión al español Zyanya Mariana
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| Uno de los vehículos de World Central Kitchen alcanzado por un ataque aéreo israelí. (NurPhoto vía Getty Images) |
Admitir los hechos, proteger a los funcionarios: el ejército israelí abre dos investigaciones retrasadas y cierra tres sobre 35 asesinatos en Gaza.
Ginebra – Las investigaciones internas del ejército israelí, anunciadas el 19 de agosto sobre cinco incidentes que causaron la muerte de 35 personas, entre ellas niños y trabajadores humanitarios y médicos, perpetúan un patrón bien conocido de Israel de negar o engañar al público sobre tales sucesos. Este patrón provoca que las investigaciones se retrasen durante meses o años, reconociendo finalmente solo lo que ya no se puede negar y limitando la responsabilidad a errores operativos.
Esto suele resultar en el cierre de los casos o en la aplicación de medidas disciplinarias superficiales. Transforma las investigaciones internas, de un medio para descubrir la verdad y exigir responsabilidades a los perpetradores, en un escudo legal que dificulta el enjuiciamiento de soldados y comandantes, reforzando la impunidad.
Las conclusiones abarcaron cinco incidentes: un ataque contra un convoy de la Cocina Central Mundial el 1 de abril de 2024, que resultó en la muerte de siete miembros del personal; el asesinato de la niña Hind Rajab, seis miembros de su familia y dos paramédicos de la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina (SPR) el 29 de enero de 2024; El asesinato de 15 personas, entre ellas ocho trabajadores de la República Popular de China, seis miembros de la Defensa Civil y un empleado de la ONU, en Tel al Sultan, Rafah, el 23 de marzo de 2025; el bombardeo de un refugio de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Al-Mawasi el 20 de febrero de 2024, que provocó la muerte de dos mujeres; y el tiroteo contra un convoy de MSF el 18 de noviembre de 2023, en el que murieron dos pasajeros.
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| SpanishRevolution |
Los documentos publicados por el ejército, difundidos entre 17 y 33 meses después de los incidentes en medio de la presión internacional de los derechos humanos y de los medios de comunicación, no constituyen investigaciones penales completas. Se trata, en cambio, de resúmenes de una revisión de los hechos llevada a cabo por un mecanismo dentro del Estado Mayor. Estas conclusiones fueron posteriormente enviadas al Fiscal General Militar (Cuerpo MAG) para determinar si se debía iniciar una investigación penal, que la DIPPM llevaría a cabo. Por lo tanto, el proceso anunciado hasta ahora, desde el examen de los hechos hasta la decisión de remitir el caso y la investigación, se ha mantenido dentro del ámbito militar.
Si bien separar a los miembros del mecanismo de investigación de la cadena de mando directa les otorga cierta independencia respecto de las unidades involucradas, no elimina su vínculo institucional con el ejército. Además, las conclusiones publicadas no permiten evaluar su verdadera independencia en la práctica, especialmente cuando la responsabilidad podría recaer sobre altos mandos o influir en las políticas operacionales. Asimismo, las conclusiones, particularmente en los tres casos cerrados, no revelan los fundamentos fácticos y jurídicos de las decisiones ni explican cómo se llevó a cabo el proceso de investigación en cada caso.
La cuestión jurídica va más allá del estatus militar del organismo investigador y abarca si este cumple con los estándares de independencia, imparcialidad, prontitud, exhaustividad, eficacia, credibilidad y transparencia. Estos estándares están establecidos por el Comité de Derechos Humanos de la ONU y el Protocolo de Minnesota en relación con la investigación de posibles homicidios ilícitos.
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| TRT World |
Fuerzas israelíes abrieron fuego contra trabajadores del Ayuntamiento de Beit Lahia mientras intentaban bombear agua hacia la zona de Al-Mishrou’, en el norte de Gaza.
Los empleados municipales realizaban labores para restablecer un servicio básico cuando fueron atacados por las fuerzas de ocupación israelíes, en medio de una ofensiva que ha destruido infraestructura civil y dificultado aún más el acceso al agua en el enclave.
13 septiembre 2026
La responsabilidad debe atribuirse a individuos y niveles de mando, en lugar de depender únicamente de acciones administrativas o disciplinarias. Cuando la evidencia sugiere un posible homicidio ilícito, la investigación penal debe ser la práctica habitual. Según la propia definición del ejército, el mecanismo de examen del Estado Mayor funciona como un organismo para la revisión de hechos y la recopilación de información, incluyendo el interrogatorio de los comandantes pertinentes antes de presentar las conclusiones al Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Si bien puede servir como paso inicial en una investigación, no puede, por sí solo, cumplir con la función de investigación ni justificar el cierre de un caso sin proporcionar la base fáctica y legal necesaria para evaluar la validez de la decisión.
Los cinco incidentes forman parte de un patrón más amplio del genocidio israelí contra los palestinos en la Franja de Gaza. Desde el 7 de octubre de 2023, los ataques israelíes han provocado más de 73.400 palestinos muertos y más de 174.000 heridos. Alrededor de 8.000 personas siguen desaparecidas bajo los escombros, y aproximadamente el 82% de la infraestructura de Gaza ha resultado dañada o destruida. Esto exige una investigación internacional independiente, exhaustiva y eficaz para rastrear las políticas, las órdenes y las cadenas de mando. Debe establecerse la responsabilidad individual y colectiva por utilizar este patrón de crímenes para perseguir el objetivo genocida de destruir a los palestinos en la Franja, ya sea total o parcialmente, como parte crucial del grupo nacional palestino.
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| TRT World |
Un ataque israelí impactó a un vehículo civil en la carretera Salah al-Din, en el centro de Gaza, causando la muerte de tres palestinos, mientras los equipos de emergencia trabajaban para apagar el fuego y recuperar los cuerpos.
El ataque se suma a las últimas violaciones reportadas del alto el fuego vigente desde el 10 de octubre de 2025. Según el Ministerio de Salud de Gaza, las transgresiones a la tregua han dejado al menos 1.031 palestinos muertos y 3.309 heridos hasta el 25 de junio.
28 junio 2026
Euro-Med Human Rights Monitor examinó de forma independiente cada incidente, comparando informes de campo, material audiovisual, declaraciones de organizaciones humanitarias e investigaciones técnicas con las versiones israelíes. La revisión reveló que el ejército no resolvió contradicciones clave entre su versión y las pruebas, sin ofrecer hechos verificables ni fundamentos legales para cerrar tres casos o aclarar el alcance de las dos investigaciones. Las conclusiones de la revisión son las siguientes:
Convoy de World Central Kitchen: Reconocimiento de graves fallos y negativa a abrir una investigación penal
El ejército israelí declaró que la muerte de siete empleados de World Central Kitchen (WCK) el 1 de abril de 2024 se debió a que sus fuerzas creían que miembros de Hamás habían tomado el control del convoy. Esta creencia se basaba en varios factores: la observación de un individuo armado sobre uno de los camiones de ayuda, la presencia de vehículos que se movían sospechosamente a su alrededor, la presencia de guardias armados supuestamente contratados por los empleados de la organización sin coordinación con el ejército, y el desvío del convoy de su ruta prevista tras la descarga. Aunque el ejército admitió que hubo “graves fallos” en la operación que contribuyeron a la creencia errónea de que Hamás estaba involucrado con los vehículos, concluyó que las decisiones tomadas por los comandantes no constituían una sospecha razonable de un acto delictivo.
El ejército no aclaró suficientemente cómo sus hallazgos recientes se alinean con las conclusiones de su investigación inicial, anunciada el 5 de abril de 2024. Dicha investigación calificó los tres ataques como una “grave violación” de las órdenes y procedimientos militares, lo que llevó a la destitución de dos oficiales y a la amonestación de tres comandantes.
En su decisión del 19 de agosto de 2026, el ejército descartó cualquier sospecha razonable que justificara una investigación penal, citando únicamente una “secuencia de indicadores sospechosos” y las “circunstancias operacionales generales”, sin divulgar el análisis utilizado para desestimar la sospecha penal. Las violaciones reconocidas, junto con los repetidos ataques a tres vehículos a pesar de la coordinación previa y el hecho de que los vehículos llevaran las marcas del WCK, justifican el inicio de una investigación penal. Esta investigación debería centrarse en los motivos de cada ataque y en la responsabilidad de los comandantes y el personal implicado, en lugar de concluir que no existe responsabilidad penal y cerrar el caso tras una revisión de los hechos.
WCK recalcó que su equipo estaba desarmado y no representaba ninguna amenaza, señalando que el ejército había sido informado previamente sobre los movimientos, identidades y actividades de su personal. También indicó que, durante varios ataques, los vehículos con el logotipo de la organización eran claramente visibles. WCK argumentó que las conclusiones del ejército mezclaban hechos y cronologías, confundiendo la secuencia de los acontecimientos y culpando a las víctimas por lo que calificó de acciones ilegales del ejército. La organización reiteró su petición de una investigación independiente, destacando el conflicto de intereses que impide al ejército examinar con credibilidad la conducta de sus propias fuerzas.
Aunque los informes del ejército israelí sobre la detección de un individuo armado, la presencia de guardias armados y la desviación de los vehículos de la ruta prevista sean correctos, esto no justifica atacar a todos los miembros del convoy ni tratar sus vehículos como objetivos militares, ni les priva de su condición de civiles. Se llevaron a cabo tres ataques distintos, con los supervivientes trasladándose del primer vehículo dañado al segundo y luego al tercero. Cada ataque representó una nueva decisión de atacar en condiciones diferentes, lo que requirió una verificación adicional de las personas y los vehículos antes de cada ataque, en lugar de asumir que la sospecha inicial se aplicaba a todo el convoy.
Estos hechos justificaron una investigación penal basada en grabaciones de vigilancia, datos de objetivos, comunicaciones y órdenes, con el fin de determinar qué información estaba al alcance de quienes solicitaron, autorizaron o ejecutaron los ataques, y comprender por qué el ataque persistió después de que el primer vehículo fuera alcanzado y los supervivientes evacuados. Por lo tanto, desestimar la sospecha penal y cerrar el caso basándose únicamente en una revisión de los hechos no cumple con los criterios de una investigación exhaustiva y eficaz.
Hind Rajab: Reconocimiento tardío del tiroteo e investigación sin alcance definido
Por primera vez, el ejército israelí confirmó haber disparado contra el automóvil de la familia Hamada el 29 de enero de 2024, causando la muerte de cinco personas. Hind Rajab y su prima Layan sobrevivieron al tiroteo inicial. El ejército reconoció que las dos jóvenes hablaron posteriormente con personal de rescate antes de que Hind se quedara sola en la llamada. También confirmaron que el traslado de una ambulancia de la República Popular China para llegar hasta ellas fue coordinado. Respecto al proyectil que impactó la ambulancia y mató a los paramédicos Youssef Zeno y Ahmed Al-Madhoun, el comunicado israelí lo calificó de «acusación» en lugar de confirmarlo mediante una investigación, a pesar de que ambos hombres fueron hallados muertos dentro de la ambulancia, a unos 50 metros del coche familiar, el 10 de febrero de 2024.
El ejército vinculó la apertura de la investigación penal con «presuntos fallos» en la coordinación del desplazamiento de la ambulancia, pero no especificó si examinaría el tiroteo contra el coche familiar, el tiroteo que mató a Layan, las circunstancias de la muerte de Hind o el proyectil que impactó la ambulancia después de que su llegada hubiera sido coordinada. Incluso si se demostrara que un vehículo civil se acercó a las fuerzas armadas o se movió en contra de la dirección de evacuación declarada, esto no lo convertiría automáticamente en un objetivo militar ni privaría de protección a sus ocupantes. Las imágenes satelitales también indicaron que la carretera hacia el sur estaba bloqueada por escombros esa mañana.
El ejército había afirmado previamente que sus fuerzas no estaban cerca del vehículo ni dentro del alcance de disparo, pero las pruebas contradicen esta afirmación. Una investigación realizada por Forensic Architecture, Earshot y Fault Lines documentó 335 orificios de bala en la carrocería del automóvil familiar y analizó 64 disparos escuchados durante seis segundos en la grabación que finalizó con la muerte de Layan. La investigación concluyó con firmeza que las fuerzas israelíes dispararon desde una distancia de entre 13 y 23 metros, un alcance que les habría permitido ver el vehículo y a sus ocupantes. Asimismo, infirió que la ambulancia probablemente fue alcanzada por munición de un tanque israelí, basándose en la dirección del impacto, el tamaño de los orificios de bala, la presencia de un fragmento de un proyectil de 120 mm en las cercanías y la coincidencia de la dirección del disparo con la posición de los tanques israelíes visibles en imágenes satelitales.
El 19 de julio de 2024, expertos independientes de la ONU advirtieron que los asesinatos de Hind, su familia y los paramédicos podrían constituir un crimen de guerra, y que no llevar a cabo una investigación adecuada e identificar a los responsables podría constituir una violación del derecho a la vida. En consecuencia, la investigación criminal debe abarcar el tiroteo que cobró la vida de cinco miembros de una familia, el posterior tiroteo que acabó con la vida de Layan, la causa y el momento de la muerte de Hind, y el ataque a la ambulancia tras la coordinación de su llegada. Debe determinar qué sabían las fuerzas y los comandantes antes de cada tiroteo y quién ordenó, autorizó y ejecutó el ataque, en lugar de reducir el incidente a fallos administrativos relacionados con el desplazamiento de la ambulancia.
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| AJ+ Español |
Tel al Sultan: Las pruebas visuales y técnicas refutan la versión oficial.
El ejército israelí confirmó que, en tres incidentes consecutivos, sus fuerzas dispararon contra vehículos posteriormente identificados como un camión de bomberos, ambulancias y un vehículo de la ONU, causando la muerte de 15 palestinos: ocho miembros de la República Popular de Palestina, seis miembros de la Defensa Civil y un empleado de la UNRWA. Declaró que las fuerzas habían tendido una emboscada a miembros de Hamás, y que seis de los fallecidos pertenecían a este movimiento. El ejército también confirmó que los soldados aplastaron los vehículos y cubrieron los cuerpos con malla metálica. En esta ocasión, el ejército determinó que el tiroteo generaba sospechas de un delito y decidió iniciar una investigación con la Dirección de Investigación Criminal Militar (MPCID).
Las pruebas visuales refutan la afirmación inicial del ejército israelí de que los vehículos se acercaron sin luces ni señales de emergencia. Una grabación encontrada en el teléfono del paramédico Rifat Radwan mostraba vehículos de emergencia con distintivos visibles y luces de advertencia antes del tiroteo. Un oficial militar admitió posteriormente que la versión inicial era inexacta.
Una investigación técnica realizada por Forensic Architecture y Earshot el 23 de febrero de 2026, basada en tres grabaciones, análisis de audio y espacial, imágenes satelitales, el testimonio de dos sobrevivientes e informes de autopsia, documentó al menos 910 disparos, incluyendo 844 efectuados en cinco minutos y medio. Concluyó que el 93% de los disparos durante ese período se dirigieron contra vehículos y personal de emergencia, y que los soldados avanzaron hacia ellos disparando antes de abatir a algunos a corta distancia, sin evidencia de intercambio de disparos ni de una amenaza tangible para las fuerzas presentes en el lugar.
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| AJ+ Español |
El personal médico y las unidades de transporte gozan de protección especial que se mantiene vigente independientemente de su afiliación administrativa. Esta protección cesa únicamente si se utilizan para fines distintos a su función humanitaria, especialmente si se utilizan para cometer actos perjudiciales para el enemigo, en cuyo caso se emitirá una advertencia. Asimismo, cualquier información que no estuviera al alcance de las fuerzas involucradas en el momento del incidente no puede utilizarse posteriormente para justificar el ataque, ni puede aplicarse de forma generalizada a todo un convoy médico o humanitario.
El análisis preliminar de Euro-Med Monitor muestra que el ejército justificó la recuperación y cobertura de los cuerpos y el traslado de vehículos para preservar las pruebas y despejar la carretera para la evacuación de civiles. Al mismo tiempo, admitieron que aplastar los vehículos fue un error. Sin embargo, la investigación técnica determinó que se enterraron cuerpos, al menos un teléfono, vehículos aplastados y parcialmente enterrados, y que la escena fue alterada con maquinaria pesada en las horas posteriores al ataque.
La investigación penal debe analizar cada uno de los tres tiroteos individualmente, revisando la información disponible para las autoridades antes de cada incidente, lo que reveló la vigilancia aérea y si la unidad era consciente de que la carretera era muy transitada por ambulancias. También debe investigar por qué no se reconocieron las luces y señales de emergencia, verificar la veracidad y la cronología de la afirmación de que seis víctimas eran miembros de Hamás, y determinar si se recuperaron armas o si se efectuaron disparos. Además, la investigación debe considerar la posición de los atacantes, las armas utilizadas, la causa de muerte de cada víctima, si los heridos recibieron disparos adicionales, por qué el ataque duró más de dos horas y por qué se retrasó la asistencia médica. Finalmente, debe identificarse la responsabilidad de todos aquellos que ordenaron, autorizaron o ejecutaron los tiroteos.
La destrucción de vehículos, el entierro de cadáveres y los daños en la escena sugieren un intento de ocultar o manipular pruebas. Esto justifica una investigación sobre las órdenes de mover y destruir los vehículos, las demoras en permitir el acceso a los equipos de recuperación, la confiscación y el entierro de teléfonos, el trato a los sobrevivientes y la detención de Asaad Al-Nassasrah durante 37 días sin cargos. Además, es importante examinar por qué se presentó un informe de campo incompleto e inexacto, y quién redactó y aprobó los informes militares, en lugar de tratar la alteración de la escena del crimen como un simple detalle operativo.
Refugio de Médicos Sin Fronteras: Presunción de amenaza en lugar de verificación del objetivo
El ejército israelí declaró que el 20 de febrero de 2024, sus fuerzas dispararon un proyectil contra la ventana de un edificio en Al-Mawasi, Khan Yunis, causando la muerte de la esposa de un empleado de MSF y la esposa de su hijo, e hiriendo a otras siete personas.
El ataque se justificó alegando que la ubicación del edificio en un punto elevado con vista a una ruta utilizada por las fuerzas israelíes cerca de los complejos de combate de Hamás podría haber permitido a los ocupantes monitorear o atacar sus movimientos a través de la ventana. Sin embargo, las luces del edificio estaban apagadas y no se observó actividad alguna dentro ni en las inmediaciones.
El ejército afirmó que la unidad carecía de la información más reciente sobre la conexión del edificio con MSF y no vio el logotipo de la organización en la fachada, ya que se desplazaba detrás del edificio.
Médicos Sin Fronteras (MSF) confirmó que 64 de sus empleados y familiares se encontraban en el edificio, que las fuerzas israelíes habían sido informadas de su ubicación con antelación y que una bandera de MSF de 2x3 metros ondeaba en su fachada. El ejército reconoció no disponer de información actualizada, lo que plantea interrogantes sobre cómo se actualizaban y comunicaban los datos del emplazamiento humanitario a las fuerzas armadas y cómo se verificaban las coordenadas antes del ataque. Este fallo en su propio sistema de información no exime de responsabilidad. Las conclusiones militares tampoco abordan la afirmación de la organización de que, además del proyectil, las balas impactaron en la puerta, la fachada y la planta baja del edificio.
Los hallazgos militares no confirman la existencia de un objetivo militar, sino que se basan en suposiciones en lugar de pruebas concretas. Dado que el edificio estaba en una posición elevada, dominaba la ruta de las fuerzas armadas y una ventana podía utilizarse para observación o disparos, se consideró una amenaza y fue bombardeado. Este razonamiento sugiere que cualquier edificio alto o ventana con vista a movimientos militares podría ser objetivo de ataques sin pruebas de su participación en actividades de combate.
El derecho internacional humanitario prohíbe atacar un edificio simplemente porque pueda utilizarse con fines militares. En cambio, debe demostrarse que el edificio contribuye significativamente a las operaciones militares en función de su naturaleza, ubicación, propósito o uso, y que su destrucción o neutralización proporcionaría un claro beneficio militar dada la situación específica del momento.
El ejército no informó de la presencia de combatientes, armas, vigilancia ni disparos desde el edificio. En su lugar, basó su afirmación en que las luces del edificio estaban apagadas y no se observaba movimiento en su interior ni en sus inmediaciones, lo que sugería la ausencia de actividad militar. Al interpretar esta falta de pruebas como evidencia, el ejército transformó la ausencia en evidencia, utilizando la incertidumbre que debería haber motivado una verificación adicional como justificación para el bombardeo.
El cierre del caso, bajo el supuesto de que los soldados identificaron correctamente el edificio como objetivo militar, se basa en una evaluación que, a su vez, requería investigación. El propósito militar del disparo no justifica, por sí solo, la legalidad del objetivo. Es necesario examinar minuciosamente las pruebas y la justificación de la decisión. En consecuencia, debería haberse iniciado una investigación penal para determinar qué información poseían las fuerzas, cómo se realizó la evaluación de la amenaza, quién autorizó el disparo, qué medidas de verificación y seguridad se adoptaron, por qué la unidad no recibió información sobre los emplazamientos humanitarios y los detalles relativos a los disparos adicionales registrados por la organización.
Sin embargo, el Cuerpo MAG rechazó abrir una investigación penal y, en su lugar, instruyó a los comandantes pertinentes para que evaluaran la necesidad de medidas de mando no especificadas en respuesta a las "deficiencias" detectadas en el examen.
Convoy de Médicos Sin Fronteras: Justificando muertes de civiles con “disparos de advertencia que rebotan”
El ejército israelí declaró que, si bien el convoy había recibido la autorización final para dirigirse al sur, esta autorización aún no había llegado a los soldados en el puesto de control. En consecuencia, el convoy fue detenido y esperó antes de regresar a la ciudad de Gaza debido a la preocupación por la llegada de la noche. El ejército explicó que el viaje de regreso no estaba coordinado y que viajar en contra de las instrucciones de evacuación parecía sospechoso. Informaron que varias fuerzas efectuaron disparos de advertencia y luego dispararon hacia la carretera a unos 100 metros del convoy, lo que sugiere que las dos bajas podrían haber sido causadas por rebotes o metralla, en lugar de disparos directos contra los vehículos.
Esta declaración atribuye las consecuencias de un fallo del ejército a los pasajeros del convoy. El hecho de que la autorización no llegara al puesto de control no la anula ni priva al convoy de protección, y viajar en una dirección descoordinada no convierte a 137 civiles en objetivos militares. La declaración omite cualquier mención a individuos armados o actos hostiles por parte de los pasajeros del convoy. En cambio, considera que la dirección de desplazamiento por sí sola es suficiente para asumir una amenaza y justificar los disparos. Incluso si las fuerzas tenían como objetivo advertir al convoy o detener su avance, calificar los disparos como "disparos de advertencia" no las exime de responsabilidad por la dirección a la que apuntaban, la distancia de disparo ni el riesgo de rebotes contra vehículos civiles abarrotados.
Los testimonios de los supervivientes recogidos por MSF contradicen esta conclusión. Un superviviente describió haber visto tanques y francotiradores apuntando al convoy, especialmente al cuarto y quinto vehículo, y luego abriendo fuego. Mencionó que una bala le rozó la frente antes de impactar en la cabeza de su compañero, que estaba sentado a su lado. El ejército no aclaró cómo los disparos, supuestamente dirigidos a la carretera unos 100 metros delante del convoy, pudieron herir mortalmente a los pasajeros de los vehículos traseros. Además, no publicó informes balísticos ni análisis de las trayectorias de las balas ni de los daños en los vehículos que pudieran aclarar esta inconsistencia.
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| TRT World |
9 septiembre 2026
La admisión del ejército israelí de que sus disparos podrían haber causado las dos muertes, junto con testimonios directos que sugieren que los vehículos fueron el objetivo, genera sospechas razonables. Esto justifica una investigación penal sobre las posiciones de las unidades, las armas empleadas, las órdenes de disparo, los registros de comunicaciones, las distancias y direcciones de los disparos, así como las lesiones y los daños sufridos por cada vehículo.
La investigación también debería haber incluido la documentación de MSF, que, dos días después, mostraba una excavadora y vehículos militares israelíes destruyendo cinco de sus vehículos, a pesar de su potencial valor como prueba física. Aceptar la idea de "balas rebotando" sin ninguna prueba técnica, para luego descartar el fuego directo y cerrar el caso, no determina la causa de las muertes. En cambio, sustituye una investigación penal adecuada por una explicación especulativa que exime de responsabilidad a los responsables.
Estas cinco decisiones reflejan un patrón histórico en el que Israel transforma los presuntos delitos en investigaciones militares prolongadas, fragmenta los incidentes, se basa en informes de las unidades y limita la rendición de cuentas a los niveles operativos inferiores, evitando abordar la responsabilidad penal de los comandantes y los responsables políticos.
El ejército israelí declaró que el Estado Mayor revisó aproximadamente 150 incidentes desde el inicio de la guerra y remitió sus conclusiones al Cuerpo de Artillería General (MAG). Sin embargo, no publicó una lista de estos incidentes, detalles sobre la duración de cada revisión, sus resultados, cuántos fueron remitidos para investigación penal ni cuántos derivaron en acusaciones formales. Esta falta de información dificulta evaluar la eficacia del mecanismo y determinar si las decisiones anunciadas corresponden a casos aislados o forman parte de un enfoque institucional que atribuye la responsabilidad únicamente a "errores operativos" y desestima su carácter delictivo.
Los registros anteriores respaldan este patrón. Un informe del ejército sobre el ataque a la Franja de Gaza en 2014 muestra que se recibieron aproximadamente 500 denuncias e informes sobre unos 360 incidentes. De estos, aproximadamente 220 fueron remitidos para revisión, y unos 160 se cerraron sin investigación penal. Incluso en el informe de 2018, las únicas condenas anunciadas involucraron a tres soldados en un caso de saqueo, y no se anunciaron condenas por muertes de civiles ni por decisiones de ataque que resultaron en bajas significativas.
Estos procedimientos no alteran la jurisdicción fundamental de la Corte Penal Internacional. El principio de complementariedad del artículo 17 del Estatuto de Roma se refiere a la admisibilidad de un caso específico por parte de la Corte. Un caso se considera inadmisible únicamente si las autoridades nacionales están investigando o procesando activamente a la misma persona por una conducta esencialmente idéntica, o si previamente examinaron dicha conducta y optaron por no procesarla, por razones que no se deban a su falta de voluntad o incapacidad para llevar a cabo un proceso genuino.
Una revisión de los hechos que no tenga como objetivo determinar la responsabilidad penal no cumple con este estándar. Del mismo modo, una investigación centrada únicamente en fallas de coordinación o en las acciones del personal sobre el terreno no satisface el requisito cuando el caso ante la Corte se refiere a la responsabilidad de comandantes, políticas o crímenes no abordados por la investigación nacional. Incluso cuando los procedimientos se refieren a la misma persona y la misma conducta, la Corte sigue teniendo la responsabilidad de evaluar su autenticidad. Esto incluye determinar si su objetivo era proteger a la persona de ser procesada, si la demora injustificada indicaba una falta de intención genuina de procesarla, o si carecían de independencia o imparcialidad y se llevaron a cabo de manera que contradijera dicha intención. Por lo tanto, Israel no puede basarse únicamente en estos exámenes e investigaciones limitados para impedir que la Corte investigue a personas o crímenes que no estén contemplados en procedimientos nacionales genuinos.
La comunidad internacional no debe considerar los resultados de los exámenes militares anunciados como investigaciones independientes ni como prueba de que se ha establecido la rendición de cuentas. Asimismo, debe evitar utilizar estos hallazgos para obstaculizar las investigaciones internacionales o argumentar que la complementariedad impide que la Corte Penal Internacional actúe.
La Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU y otros órganos de investigación internacionales pertinentes deben tener acceso irrestricto a Gaza e Israel. Este acceso es necesario para inspeccionar los lugares, recabar pruebas, entrevistar a testigos y funcionarios, y llevar a cabo una investigación exhaustiva de los cinco incidentes y del patrón general de ataques contra civiles y personal humanitario y médico. La investigación debe examinar la responsabilidad individual y de mando, así como las políticas y órdenes que rigen las operaciones de ataque. No debería limitarse a revisar únicamente los errores cometidos sobre el terreno.
El Fiscal de la Corte Penal Internacional debe examinar los cinco incidentes como parte de la investigación sobre la situación en el Estado de Palestina, considerándolos posibles crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, y ampliar la investigación para incluir el crimen de genocidio. Esto implica analizar cómo los palestinos, junto con el personal humanitario y médico, las instalaciones y los vehículos, son blanco de ataques que socavan sus medios de supervivencia. Esto incluye examinar el patrón general de asesinatos, daños graves y condiciones de vida destructivas. También implica evaluar si estos actos se llevaron a cabo con la intención de destruir a los palestinos en Gaza, total o parcialmente, como parte del grupo nacional palestino.
Euro-Med Monitor insta al Fiscal de la CPI a procesar a todas las personas con pruebas suficientes de responsabilidad, incluyendo a quienes emitieron órdenes y a los comandantes que cumplen con los criterios de responsabilidad de mando. Las investigaciones israelíes o la apertura de dos investigaciones no deben conllevar automáticamente la suspensión o limitación de la investigación internacional, a menos que se demuestre que los procedimientos nacionales involucran a las mismas personas y una conducta significativamente similar.
Todos los Estados deben cooperar plenamente con la Corte Penal Internacional, ejecutar sus órdenes judiciales, proteger su independencia frente a presiones y sanciones, y ejercer su jurisdicción nacional, incluida la jurisdicción universal, para investigar crímenes y enjuiciar a los sospechosos en su territorio. Euro-Med Monitor insta a los Estados a detener la transferencia de armas, municiones, componentes, tecnología, inteligencia y servicios de mantenimiento a Israel si existe un riesgo claro de que puedan utilizarse para cometer o facilitar crímenes internacionales. Asimismo, advierte contra la consideración de las conclusiones no publicadas del ejército como prueba de que se ha exigido responsabilidad.
La Morena Palestina
(Vibra Muchá + Amigos por Palestina)
Todos somos Gaza
Marwan, Rozalén, El Chojin, Ambkor, Porta -Todos somos Gaza (Videoclip oficial, muy bello)
ÍNDICE:
PENSAR, REPENSAR Y DISENTIR EN
TIEMPOS DE GAZA BOMBARDEADA
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| Primer párrafo, capítulo IX "Genocidio" de Raphael Lemkin, quien acuñara el término. |
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